No lo digo como insulto fácil ni como simple recurso retórico. “Bruto”, en el sentido más literal y político del término: tosco, torpe, sin pulir. Y los hechos lo demuestran con una coherencia inquietante: proyectos multimillonarios que se evaporan en estudios sin uso, decisiones técnicas cuestionadas por los propios organismos del Estado, y un temperamento que confunde la firmeza con la prepotencia. Que hoy figure entre los ministros mejor evaluados del gabinete de José Antonio Kast dice menos sobre su gestión que sobre el nivel del resto.
El caso más revelador nos lleva al año 2007. En años previos a su llegada al ministerio, Poduje participó en distintas etapas del proyecto Margamar en Viña del Mar a través de su empresa Atisba: Estudios y proyectos urbanos. La idea era ambiciosa y legítima: profundizar el cauce del estero Margamarga para mitigar inundaciones y generar cerca de dos kilómetros de nuevo espacio urbano. La municipalidad, bajo la alcaldesa Virginia Reginato, le encargó los estudios de urbanización mediante contrato directo sin licitación, pagando 11 millones de pesos solo en honorarios ese año.
El proyecto nunca se concretó. En 2014, cuando Poduje ya integraba el Consejo Consultivo en el contexto del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se autorizaron pagos adicionales a la empresa canadiense Baird & Associates, en la que Atisba tenía un rol relevante. El resultado: el Estado chileno desembolsó más de 68 mil UF (Unidad de Fomento Chile) equivalentes a poco más de tres millones de dólares actuales, en estudios que nadie empleó. El proyecto fue declarado inviable por su costo global cercano a los 100 millones de dólares, los informes pagados terminaron archivados, y del cauce prometido, las áreas verdes y el desarrollo inmobiliario no quedó rastro.
Es el primer capítulo visible de un patrón: Poduje aparece, el Estado paga, los resultados rara vez convencen.
No obstante, el episodio más grave de su gestión actual ocurrió este año. Tras una auditoría interna, Poduje suspendió las obras de la Constructora San Sebastián encargada de 356 viviendas para damnificados de los megaincendios de 2024, y ordenó demoler más de 50 casas con alto porcentaje de avance. La justificación: riesgos sísmicos graves por el uso de paneles tipo Fastwork y Metalcon no certificados para estructuras de dos pisos, falta de fiscalización técnica y posibles incumplimientos contractuales. Presentó además una denuncia penal contra la organización por fraude al Fisco.
Una postura comprensible, si los antecedentes técnicos la sustentaran. El problema es que, según vecinos y la empresa patrocinante Social Arquitectura, Poduje omitió nueve informes enviados al IDIEM (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales) de la Universidad de Chile que proponían reforzamientos estructurales (arriostramientos de acero y otras medidas) a un costo sustancialmente menor que la demolición total. Más grave aún: desde el propio Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) de Valparaíso surgieron dudas sobre si la resolución ministerial se dictó sin antecedentes técnicos documentados que la justificaran. La decisión habría llegado antes que la evidencia.
A eso se suman denuncias de presiones sobre vecinos incluyendo adultos mayores, y un video que se viralizó mostrando un tenso enfrentamiento de Poduje con residentes afectados. El caso ya acumula recursos de protección y un amparo ante la Corte Suprema. La constructora sostiene que las obras contaban con permisos de edificación vigentes y aprobación previa del Serviu.
Poduje dice que actuó por la seguridad de las familias, lo que puede ser absolutamente válido. Sin embargo, la seguridad no exime de rigor técnico. El rigor técnico no admite que la resolución preceda a los antecedentes.
Ahora seamos claros, las dudas sobre su gestión no comenzaron con El Olivar. Lejos aún de su ingreso al ministerio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo demandó civilmente para recuperar más de 12 millones de pesos recibidos en su calidad de consejero del Consejo de Concesiones del MOP en 2020. El argumento del CDE: Poduje no cumplía el requisito legal de ser académico activo en una universidad durante ese período. La magnitud de la controversia queda a la vista en marzo de 2026, cuando su propio abogado renuncia a la defensa.
El segundo frente involucra a la Municipalidad de Vitacura. En 2023, la Contraloría confirmó que Poduje prestó asesorías remuneradas a esa comuna mientras ejercía simultáneamente funciones de consejero del MOP, lo que generó cuestionamientos por eventuales incompatibilidades. El detalle que no es menor: el alcalde de Vitacura en ese período, Raúl Torrealba, enfrenta hoy acusaciones de corrupción que incluyen pagos irregulares en efectivo y un fraude que superaría los 760 millones de pesos. Torrealba cumplió prisión preventiva. Trabajar en ese entorno no convierte a Poduje en cómplice, aunque sí plantea una pregunta legítima sobre el criterio con que elige a sus clientes y colaboradores.
El tercer frente es el ya descrito Margamar, al que se añade el hecho de que los estudios se encargaron por trato directo y los pagos se autorizaron en circunstancias en que Poduje integraba el organismo asesor del mismo ministerio que financiaba las obras.
Tres frentes, un denominador común: recursos públicos que fluyen hacia o desde Poduje en condiciones que el Estado ha tenido que revisar o cuestionar formalmente.
A fines de abril de 2026, Poduje publicó en X (antes Twitter) que proteger los humedales no debería ser incompatible con el acceso a la vivienda, y abogó por flexibilizar la Ley de Humedales para atacar el déficit habitacional, especialmente en el sur del país. La declaración le valió críticas desde su propio sector, entre ellas las de la senadora de RN (Renovación Nacional) Paulina Núñez, y derivó en la desvinculación de dos funcionarios del Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) cercanos a ella.
Pero más allá del debate ambiental, hay un problema técnico y económico que en un país sísmico como Chile tiene consecuencias concretas.
Construir sobre humedales o suelos saturados genera costos verificables que el entusiasmo por resolver el déficit habitacional suele ignorar hasta que ya es tarde. En Los Molles (Algarrobo), un edificio sobre un antiguo humedal costero ha sufrido inundaciones recurrentes tras lluvias y marejadas, con obras paralizadas por órdenes judiciales. En Villa El Salitre (Temuco), viviendas construidas sobre humedal acumularon más de veinte años de humedad crónica, hongos y fallas estructurales; tras el terremoto, varias casas quedaron inutilizables y debieron demolerse. En sectores de Puerto Montt: Mallinko, Abtao, Lawal, Alerce, más de 1.800 viviendas sociales registraron filtraciones, aberturas en paredes y defectos estructurales graves, con algunas unidades demolidas. Los suelos de baja capacidad portante requieren cimentaciones especiales que elevan enormemente el costo real de la obra, trasladando la factura hacia el Estado o hacia los propietarios años después de la inauguración.
Construir sobre humedales puede resolver el déficit habitacional a corto plazo; aun así, es inviable a largo plazo y no necesitas un marco regulatorio que te lo indique.
El ministro panelista
Iván Poduje tiene trayectoria real en arquitectura y urbanismo. Ha trabajado en proyectos complejos, conoce el territorio y maneja una narrativa que resuena en quienes priorizan la eficiencia sobre lo que llaman burocracia. Ese capital existe y no corresponde ignorarlo.
Tampoco borra el ruido recurrente alrededor del manejo de recursos públicos (Margamar, los pagos en el MOP, las asesorías en Vitacura), las dudas técnicas sobre decisiones de alto impacto —particularmente El Olivar— ni su temperamento impulsivo: desde sus exabruptos en “Sin Filtros” hasta los cruces filmados con vecinos en terreno.
La buena evaluación actual de Poduje no debería blindarlo de preguntas incómodas sobre idoneidad, probidad y estilo de gestión. Fiscalizar al poder es un deber ciudadano que no reconoce colores políticos ni se suspende por encuestas favorables.
Porque si el ministro sigue actuando más como panelista bravucón que como gestor responsable, el término “bruto” pasará de epíteto retórico a diagnóstico literal sobre su persona.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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