Sin dinero no hay milagros. Quienes se alistan de cara a las próximas elecciones subnacionales deben ajustar sus expectativas con el aumento del presupuesto de las entidades territoriales. La Reforma Constitucional de 2024 por medio de la cual se fortalece la autonomía de los Departamentos, Distritos y Municipios, está amenazada por el ajuste fiscal que se atraviesa, otra vez, como palo en la rueda de la descentralización. Esta situación también se presentó en los años 80 con la elección popular de alcaldes y la Constitución en 1991. Luego de lograr consensos para mejorar la democracia, vino el desarrollo legislativo con las tesis neoliberales que terminaron agudizando las problemáticas en la sociedad colombiana, en especial de violencia y pobreza. Ambos intentos con la descentralización comparten los obstáculos del ajuste.
Al actual gobierno solo le ha faltado recurrir al concepto de “Estado fallido” utilizado para argumentar el achique de la cosa pública. La manera en que plantea el problema y la solución a la crisis, es una nueva edición de la utilizada por el Partido Liberal en la promoción de las “Reformas al Estado” en los 90. Salir de la crisis, siguiendo el manual de intervención del Fondo Monetario Internacional, incluyó políticas públicas que trajeron sangre, sudor y lágrimas; era el momento del apretón del cinturón. En la edición 2026, la tecnocracia le llama medidas impopulares: en la base de la sociedad se observan los fracasos materiales y no materiales del neoliberalismo. Hoy están claros los sectores de la población convocados a los sacrificios y el partido que implementó a sangre y fuego este desastre, sigue impune. No es extraña su filiación de partido de gobierno.
Como si no fuera grave insistir en el modelo de desarrollo equivocado, el diagnóstico del desfinanciamiento público y otras narrativas para justificar el ajuste, sirve de correlato al armamentismo. Hacía allá va el presupuesto que les han mermado a los departamentos para 2027. Es la prioridad de un gobierno que proyecta escenarios de conflictividad social, ya que su prospectiva le permite advertir sobre las causas del empobrecimiento. La población pobre se resiste a que sea la sacrificada. Los aprendizajes del pasado reciente, muestran que los objetivos del neoliberalismo extractivista generan conflictos difíciles de evitar porque van en contravía de los determinantes vitales, a saber, el agua y el territorio. De nuevo se observa entonces, el rearme del Estado de cuenta de un elemento estructural: el miedo al pueblo y su oposición a medidas antipopulares.
Armarse hasta los dientes es la mejor opción de quienes deciden desconocer consensos logrados entre las distintas fuerzas políticas internas, al punto de llevarlas al rango constitucional. En gracia de discusión, la constitución debe representar precisamente el consenso, un avance de la sociedad en medio de tantos puntos de desacuerdo sobre las cuestiones del Estado y que generan violencia cuando no encuentran un procedimiento democrático. El gobierno rompe los consensos, otra vez, justificándose en nombre de un futuro de prosperidad, promesa del Estado neoliberal que en 35 años le cumplió a la clase alta que solo representa el 3% de la población, mientras el restante 97% sobrevive en las clases media, vulnerable y pobre. Son las cifras que tiene para mostrar la reedición del consenso de Washington en Colombia.
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