“Durante años, el progresismo de izquierda colombiano ha construido buena parte de su discurso político alrededor de una promesa de transformación ética. Sus dirigentes han denunciado la corrupción, cuestionado los privilegios del poder y reivindicado la dignidad de las mujeres y de los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, los escándalos que rodearon al Gobierno del Cambio y las recientes denuncias contra Gustavo Francisco Petro Urrego obligan a examinar la distancia entre esos principios y las actuaciones de quienes afirmaron representarlos.”
No se trata de cuestionar la legitimidad de las ideas progresistas ni de atribuir responsabilidades colectivas a quienes se identifican con ellas. Se trata de algo más concreto, determinar si los dirigentes que reclamaron una autoridad moral superior están dispuestos a someterse al mismo escrutinio que exigieron para sus adversarios. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dejó al descubierto graves irregularidades en el manejo de recursos públicos. La corrupción en una entidad encargada de atender emergencias y poblaciones vulnerables resulta especialmente contradictoria con un proyecto que convirtió la justicia social en su principal bandera. Las responsabilidades penales deben establecerse individualmente, pero las consecuencias políticas alcanzan también a quienes tuvieron a su cargo los nombramientos, la supervisión y la conducción del gobierno.
A este panorama se suma una controversia todavía más delicada. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos, denunció públicamente la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante la administración Petro Urrego. La exdirectora Angie Rodríguez también formuló acusaciones sobre una supuesta red de mujeres vinculadas a entidades estatales. Posteriormente, Deicy Jiménez declaró que habría recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales. Son señalamientos de enorme gravedad que requieren pruebas, investigación y garantías para todas las personas involucradas. Gustavo Francisco Petro Urrego los ha negado y cuestionado su difusión. La Fiscalía y la Procuraduría iniciaron actuaciones para esclarecer lo ocurrido.
El centro de la discusión no debería ser la intimidad sexual de un antiguo mandatario, ni mucho menos la descalificación de las mujeres mencionadas. La pregunta verdaderamente importante es si existieron nombramientos, contratos o decisiones administrativas condicionados por relaciones personales, exigencias sexuales o mecanismos de subordinación. Si se demuestra que recursos públicos fueron utilizados para obtener beneficios íntimos, se estaría ante un abuso de poder incompatible con cualquier concepción seria de la función pública. También sería una contradicción especialmente profunda para un movimiento que hizo de la defensa de los derechos de las mujeres uno de sus compromisos políticos más visibles.
Por eso, el deber de los sectores progresistas no consiste en desacreditar automáticamente a quienes denuncian ni en aceptar cualquier acusación sin pruebas. Consiste en exigir investigaciones independientes, proteger a las posibles víctimas y garantizar que ninguna afinidad ideológica se convierta en motivo de encubrimiento. La igualdad, la dignidad y la lucha contra la violencia de género no pueden defenderse selectivamente. Su valor depende precisamente de que se apliquen con independencia del poder político de las personas señaladas.
La trayectoria de Gustavo Francisco Petro Urrego también merece una discusión pública que no esté dominada por la idealización ni por la condena automática. Su pertenencia al M-19 forma parte de la historia política colombiana. La desmovilización y reincorporación de antiguos integrantes de organizaciones armadas constituyen componentes importantes de la construcción democrática. Pero reconocer ese proceso no significa borrar el pasado de la organización ni convertir la trayectoria posterior de sus antiguos miembros en una garantía de virtud personal. La legitimidad de un dirigente democrático se construye y se examina mediante sus decisiones, su respeto por las instituciones y su disposición a responder ante la ciudadanía.
El problema aparece cuando la identificación con un líder termina desplazando el juicio crítico. Algunas reacciones ante los escándalos del gobierno del cambio muestran una tendencia a considerar toda denuncia como persecución y toda investigación como conspiración. También existen acusaciones públicas que han sido difundidas sin evidencia suficiente. Precisamente por eso, la respuesta democrática debe ser la verificación rigurosa, no la credulidad ni la negación anticipada. Ningún movimiento político puede reclamar credibilidad ilimitada. Haber denunciado correctamente las injusticias del pasado no concede inmunidad frente a los errores del presente. Defender causas sociales legítimas tampoco exonera de explicar decisiones administrativas, contrataciones cuestionadas o posibles conflictos de interés.
El progresismo colombiano enfrenta, por tanto, una prueba que va más allá de la figura de Gustavo Francisco Petro Urrego. Debe demostrar si su compromiso con la ética pública constituye un principio permanente o una exigencia que cambia según quién gobierne. La ciudadanía, por su parte, necesita abandonar la confianza incondicional en cualquier corriente ideológica. Los programas políticos deben evaluarse por sus resultados, las denuncias por sus pruebas y los gobernantes por sus responsabilidades. No por la intensidad de sus discursos, la popularidad de sus consignas o la fidelidad de sus seguidores.
Las investigaciones sobre presunta instrumentalización de mujeres deberán establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si hubo utilización indebida de recursos públicos. Las acusaciones no equivalen a condenas, pero su gravedad tampoco permite despacharlas como simples asuntos privados cuando está en discusión el ejercicio del poder estatal. La defensa de la democracia exige instituciones independientes y una ciudadanía que no entregue su conciencia a ningún dirigente. Esa exigencia debe alcanzar a la izquierda, a la derecha y a todos aquellos que aspiran a gobernar.
El progresismo colombiano tiene ante sí la oportunidad de responder a sus contradicciones con transparencia, autocrítica y respeto por las investigaciones. Lo que está en juego no es únicamente la reputación de su expresidente, sino la credibilidad de los principios que sus dirigentes han proclamado. La ética pública deja de ser un principio cuando se exige únicamente al adversario. Y la confianza ciudadana deja de ser una virtud cuando renuncia a preguntar, verificar y exigir respuestas. Llegó el momento de que la izquierda colombiana abandone el discurso permanente de la persecución, supere sus complejos de inferioridad política y deje de refugiarse en la cómoda narrativa de que toda denuncia es una conspiración en su contra.
Si las acusaciones son falsas, que lo demuestren con hechos, pruebas y transparencia, no con consignas, ataques, ni descalificaciones. Y si las investigaciones confirman las irregularidades, que sus responsables asuman las consecuencias políticas, éticas y judiciales que les correspondan, sin escudarse en las banderas del progresismo. Llegó la hora de que los ciudadanos se quiten la venda de los ojos, abandonen la credulidad ciega y examinen con rigor a quienes prometieron representarlos, defender sus derechos y luchar por sus intereses. Porque ninguna ideología merece obediencia incondicional, ningún dirigente está por encima del escrutinio público y ninguna causa, por noble que se proclame, puede servir para justificar el abuso de poder. La verdadera transformación comienza cuando se deja de rendir culto a los líderes y se empieza a exigirles cuentas.
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