Venezuela, la oveja negra del Foro de Sao Paulo

Venezuela, la oveja negra del Foro de Sao Paulo

¿Qué razones mueven a los partidos de oposición y particularmente a Primero Justicia a anclarse precisamente en esas fórmulas que serán obstruidas, impedidas, denegadas o desconocidas por la dictadura totalitaria del sátrapa y los tiranos cubanos?

Brasil ha venido a sumarse al caso chileno para desmentir cualquier triquiñuela comparativa que nos encadene a fórmulas ajenas a lo específico del caso venezolano, retrasando la salida del régimen, dándole a éste un tiempo precioso para seguir profundizando la dictadura y entrampando a las fuerzas opositoras en esperanzas inútiles. Ni Chile era bajo Pinochet una dictadura totalitaria, sujeta a un poder extranjero, ni Brasil lo ha sido bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, como lo es la actual Venezuela de Cuba y su tiranía. En ambos casos, la inmensa fortaleza histórica de su soberanía así como el peso de las instituciones y la tradición constitucionalista pudo más que la desquiciada voluntad de quienes ostentaban el mando del gobierno. La de Pinochet fue una dictadura comisarial con una misión y una vigencia determinada. La del PT ha sido una democracia anclada en la Constitución y las instituciones democráticas brasileñas. En aquella primó el respeto a las determinaciones constitucionales, se rechazó plebiscitariamente la continuación del dictador en el cargo y se eligió democrática, pacífica y electoralmente al nuevo presidente de Chile, el ayer fallecido líder demócrata-cristiano Patricio Aylwin. En Brasil, la cámara de diputados impuso el impeachment de la presidente y dio paso al Senado, para que sea quien decida si procede el juicio y si así lo decide, separe del cargo a la presidenta Dilma Rousseff y proceda según lo establece la Constitución. Ni en uno, ni en otro caso, se violaron las disposiciones legales.

Si en Chile las fuerzas armadas, profundamente patrióticas y nacionalistas, no obstaculizaron el curso de la vía constitucional para permitir el tránsito hacia la democracia, tampoco las fuerzas armadas brasileñas se inmiscuyeron en el proceso político en curso para impedir la expresión de la voluntad popular. No es el caso de las fuerzas armadas venezolanas, abiertamente violatorias del mandato constitucional y estrictamente al servicio de la satrapía. Ni en Chile ni en Brasil los altos tribunales de justicia desacataron el mandato constitucional. El comportamiento de los altos tribunales venezolanos es sencillamente escandaloso. Son diferencias demasiado notables como para obviarlas: en Venezuela, más que una democracia e, incluso, más que una dictadura, gobierna una satrapía. Las fuerzas armadas y los altos tribunales de justicia se encuentran en manos de esa satrapía y actúan según los dictados de la tiranía cubana. Dicho de una manera brutal: los venezolanos no tienen gobierno propio y su voluntad no ejerce ninguna acción determinante sobre el curso de su historia. El poder que gobierna a Venezuela se encuentra en La Habana.

Si Venezuela fuera una sombra del Chile de Pinochet o del Brasil de Rousseff, la victoria del 6 de diciembre y la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional ya hubiera impuesto la amnistía a todos los presos políticos y bien hubiera podido destituir constitucionalmente a quien detenta la satrapía. Que los motivos constitucionales sobran. Si así fuera, el sátrapa no hubiera podido designar a su antojo y necesidad un Tribunal Supremo de Justicia espurio, írrito y bufonesco. Antonio Ledezma ya hubiera vuelto a ejercer su cargo y Leopoldo López y todos los restantes presos políticos se encontrarían en plena libertad. El país, en pocas palabras, estaría iniciando su transición democrática y preparándose para celebrar elecciones generales. La apertura hacia el futuro hubiera liberados todas las tensiones, los inversores habrían comenzado a mover sus piezas y las colas hubieran desaparecido del escenario de esta tragedia. ¿Cómo explican que así no haya sido los dirigentes de los partidos de la MUD?

No ha sido ni es así. La voluntad popular, expresada bajo las formas electorales y parlamentarias, no tiene ningún poder en la Venezuela totalitaria del chavismo, hoy en manos de Maduro al servicio de los Castro. Si eso es así y las pruebas de que es así son abrumadoras, ¿qué razones mueven a los partidos de oposición y particularmente a Henrique Capriles, a Julio Borges y a Primero Justicia a anclarse precisamente en esas fórmulas que serán obstruidas, impedidas, denegadas o desconocidas por la dictadura totalitaria del sátrapa y los tiranos cubanos?

Un elemental recuento de estos diecisiete años de dictatorial autocratismo demuestra el uso inclemente del arte de la obstrucción, el embrollo, el retardo, la represión y el impedimento de cualquier acción tendente a recuperar el estado de derecho y volver a la democracia. El régimen no conoce otra legalidad que la del ejercicio brutal de su voluntad y no se moverá un milímetro de esa práctica totalitaria del auto atornillamiento obedeciendo a disposiciones legales ajenas y/o contrarias a esa voluntad totalitaria. El régimen es nazifascista. Su legitimidad reside exclusivamente en la fuerza – el poder de vida o muerte sobre quien se le oponga – y ésta, en la subordinación de las fuerzas armadas a los dictados totalitarios de impedir el fin de la dictadura. Para lo cual, si fuera el caso, además de las armas, puede legitimar su voluntad homicida sirviéndose del parapeto seudo legal de una ”justicia del horror”, tan servil, obsecuente y mendaz como la hitleriana.

Desconocer esta verdad absolutamente incuestionable sólo conduce a la estabilización de la dictadura. Pretender que no existe, es engañar a la ciudadanía y manipular su voluntad con fines inconfesables. Como lo demuestran el caso de Chile y Brasil, sólo la presión popular y la amenaza de una rebelión hicieron imperativo el respeto al uso de los instrumentos legales para apartar al gobernante. En Venezuela, sólo esa presión, llevada a sus máximos extremos, podría imponer la salida del régimen por cualquiera de las vías constitucionales. Sin esa presión y la amenaza de su desborde, no habrá revocatorio, renuncia o constituyente que valga.

Desconocer esta realidad sólo puede ser posible en quienes carecen de la sabiduría para enfrentar y resolver la tragedia que vivimos o en quienes por infinita mezquindad, oportunismo y cobardía, aguardan por una solución que caiga del cielo. Temo que sea éste el caso. Denunciarlo como traición a Venezuela es un imperativo categórico.