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Una Ley Para Garantizar Empleo

Con la firma de 32 congresistas entre los cuales se encuentran 8 precandidatos presidenciales, presenté en el Senado un proyecto de ley que crea un programa de empleo para garantizar la reactivación aumentando el ingreso disponible de los hogares.

Quien tiene ingresos producto de su trabajo aumenta su autoestima, puede consumir y eso a las empresas les conviene porque producen más, contratan más y el Estado por antonomasia, recauda más. Todos ganamos.

La recesión está afectando con mayor crudeza a los y las desempleadas, cada vez los hogares tienen menos ingresos para alimentarse y pagar obligaciones. El desempleo es un flagelo que se constituye como la principal causa de la pobreza. Es, tal y como lo dijera el premio Nobel William Vickrey “en el mejor de los casos equivalente al vandalismo“ ya que produce un daño y una destrucción inadmisibles en individuos, familias y comunidades.

En ese sentido , la iniciativa consiste en crear un Programa Público de Empleo para alcanzar en el corto plazo una tasa de desocupación del 6,8%, que iguale el promedio de los países OCDE, y de 4% en el mediano plazo para acercarnos a una situación de garantía en el que cualquier ciudadano o ciudadana con voluntad de trabajar, obtenga un empleo.

El arreglo institucional propuesto funcionaría en dos líneas: La primera en la vía de subsidiar las nóminas de las microempresas a las que les fue negado este alivio en el 2020. Las Mipymes son las unidades productivas que más crean empleo formal en el país, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares se infiere que en Colombia la mayor proporción de puestos de trabajo la otorgan las microempresas, pues, de las 22 millones de personas ocupadas, el 35% son personas que “trabaja solo”, el 31% trabaja en empresas con menos de 10 trabajadores.

La segunda vía es la de establecer lo que la OIT ha denominado un Programa de Inversión Intensiva en Empleo; consistente en la financiación de pequeños proyectos de inversión basados en el uso prioritario de mano de obra (especialmente la no calificada); particularmente 1. obras públicas de baja complejidad, 2. tareas asociadas al cuidado y 3. servicios ambientales con carácter climático. De esta manera beneficiar a mujeres y jóvenes, las poblaciones más afectadas por el desempleo.

Se propone desarrollar esta línea utilizando la figura de las Entidades sin ánimo de lucro que permite la asociatividad de sectores informales y comunales en la vía de lograr alianzas entre el estado y organizaciones populares con arraigo en los territorios. De hecho, la ley impone a la institucionalidad la responsabilidad de promover asociaciones populares, campesinas y comunales para que sean las beneficiadas.

En la vía de impulsar la participación de la ciudadanía y generar responsabilidades colectivas, el proyecto también se propone un nuevo paradigma en la elaboración del presupuesto público, descentralizando y democratizando los recursos en tanto que será la gente en los territorios la que priorice los proyectos de inversión y decida en qué se invierte mediante ejercicios de presupuestos participativos.

Una de las satisfacciones más grandes que motiva la realización de esta iniciativa es contribuir a mejorar el autoestima de la gente, cientos de familias dejarán de ser receptores de subsidios a ser generadoras de valor y por ello remuneradas, contribuirán con su esfuerzo a paliar el rezago en infraestructura que tiene el país, pues serán aquellas obras básicas como acueductos veredales, vías terciarias o escuelas públicas, las que se esperan financiar y emplear, -junto con la línea de subsidio a la nómina a las microempresas-, a más de 2 millones y medio de empleos.

El costo mensual estimado del programa en una primera etapa a fin de obtener una primera tasa de desempleo por debajo del 6,8% ascendería a $42 billones anuales. Sin embargo, teniendo en cuenta que la evidencia arroja que la cantidad de empleos indirectos que se crean por virtud del programa puede llegar a ser de dos terceras partes del empleo total creado, el costo podría reducirse a la tercera parte, unos $14 billones en el primer año de implementación, en lo que respecta al pago de las nóminas.

Se debe además aprobar una partida para inversión en obras públicas que financie la línea de inversiones intensivas en empleo que ejecute las obras y servicios públicos a los que hace alusión el articulado, se calcula en 30 billones durante el primer año.

Evidencias de Programas de empleo público de la misma naturaleza en países como Argentina arrojan un efecto multiplicador del 2,5. Eso quiere decir que cada peso invertido por el Estado se multiplica por más del doble en la economía real, lo que sugiere que lo invertido por el estado regresa de manera rápida en forma de ingresos tributarios.

Un programa similar llamado jefes y jefas de hogar, creado en Argentina como respuesta a la crisis económica de finales de los 90, arroja cifras muy favorables, uno de los más positivos es la participación de las mujeres, 71% de participación entre la totalidad de beneficiados y en cuanto al desempleo, a un año de implementado el programa la tasa de desempleo se había reducido 5,9pp sin generar un aumento en el índice de precios.

Este programa puede convertirse en una herramienta para la estabilidad económica y social en tanto cumple funciones de amortiguación de shocks que permiten suavizar las fluctuaciones macroeconómicas y los desequilibrios sociales, la razón de ser de este proyecto es que, el desempleo al que llaman “natural“ deje de serlo, que el país crezca y se desarrolle a partir del trabajo, abandonando el parasitismo bancario que ha reinado durante las últimas décadas.

No queremos nada regalado, queremos trabajar, esperamos contar con su apoyo.

Vía: Cuarto De Hora

Esto fue escrito por

Wilson Arias Castillo

Senador del Polo Democratico. Me debo a los ciudadanos | Trabajo y pensiones dignas · Tierras baldías para el pueblo · Progreso para todos, no unos pocos.

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