La burguesía siempre saca el costal de pollitos cuando nos preguntamos cuánto valen los Derechos. El uso del apellido Social al Estado Social de Derecho en Colombia, comienza a partir de 1991 consecuencia de Acuerdos de Paz y amplios consensos que ratificaron la pobreza entre las causas del conflicto social y armado; así, la Constitución tiene novedades para desactivar violencia garantizando Derechos Sociales, donde la estrategia de control es el Bienestar y no la represión. Con la llegada a la Casa de Nariño del primer gobierno de izquierda perfilado con la cuestión Social, se reedita la discusión sobre crecimiento del Gasto Publico Social y sus fuentes.
Hoy día la burguesía está atrincherada en contabilidad privada. Lo hizo en los 90 cuando en lugar de cumplir con la Democracia Participativa, decidió lanzarnos por el abismo del Estado neoliberal a sangre y fuego; ahora tienen pocos resultados que mostrar sobre el interés y el bienestar general de la Carta Política y, al contrario, tienen un país con verdaderos rasgos de decadencia. Tuvieron que pasar 25 años de guerra luego de la constituyente, hasta un nuevo Acuerdo de Paz que reconociera el lugar de la pobreza en el conflicto; a seis años de su firma, la paz está tan desfinanciada como la Constitución.
Los 30 años del Estado Social de Derecho se cumplieron en el 2021 con el masacrado Paro Nacional. En ese momento, el expresidente Uribe convocó «al Gobierno Nacional acelerar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes, para financiar la lucha contra la pobreza y la política de la juventud». Acudió a la demagogia y ocultó lo que sería la verdadera respuesta estatal; contrario a elevar los impuestos a los pudientes, estos más bien convocaron gavilla y respaldaron la brutal represión oficial para atender las reivindicaciones del pueblo pobre.
La calculadora de la clase en el poder tiene pocos ceros para presupuestar la Paz, cualquiera sea su apellido. Ahora que la realidad permitió la elección del primer gobierno identificado progresista por sus prioridades sociales, entonces de nuevo se niega radicalmente a contribuir con los requerimientos tributarios de la nueva administración y amenazan con fuga de capitales, desempleo y movilizaciones. Su avaricia no tiene límites y muy rápido se les cae fachada de los intereses nacionales, el Estado somos todos, la identidad de camiseta y cohesión en la tragedia.
Ahora bien: la lucha contra la pobreza no es solo crecimiento del Gasto Público Social: se requiere acceso a medios de producción y en primer lugar, eso incluye tierra. No es posible que el Estado compre toda la tierra que debe distribuir. El Fondo de Tierras creado en el Acuerdo de Paz de 2016 tiene otras fuentes. Lo mínimo que se espera en el PND 2023-2026 son las 3 millones hectáreas de distribución y las 8 de formalización. El acceso a tierras impacta la pobreza, la producción y la violencia. Cualquiera sea el nuevo apellido a la Paz, esta siempre combinará con Justicia Social.
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