Reforma al garete

El Gobierno va a tener que ponerse serio con la reforma a la justicia, porque sus vacilaciones en esta materia también lo están dejando muy mal parado. Nadie entiende, y Duque ni explica ni se atreve, ¿por qué el partido de gobierno a través de Paloma Valencia y teniendo como testigo a Uribe, presentó un proyecto diferente del que las ministras del Interior y de Justicia llevaron a consideración del Congreso?

O a Duque lo menosprecian en el Centro Democrático (CD), o las ministras no están sintonizadas con ese partido, o hay una estrategia secreta entre el mandatario y sus copartidarios para aparentar que van por caminos diferentes cuando al final del día lo que pretenden es debilitar las altas cortes, o las tres cosas.

Tampoco se entiende cómo es que el candidato Duque en campaña propuso fundir todo en una sola Corte, pero ya de mandatario sus ministras no acogieron esa iniciativa, que sin embargo sí propuso el CD. Que Uribe haya apoyado el proyecto de su pupila y luego lo haya desautorizado pero solo cuando advirtió la polvareda que se estaba armando con una reforma hecha a la medida de sus necesidades judiciales confirma los abusos de un partido que cree que puede arrasar hasta con la decencia.

Lo que se ve claro es que los proyectos presentados coinciden en que el fiscal sea designado por el presidente, y eso no es gratuito. Todos saben que el tiempo de Néstor Humberto se acabará en agosto de 2020 y quieren poner en manos del uribismo el regalito envenenado de que ellos puedan designar el nuevo fiscal. No es que los uribistas estén incómodos con Martínez Neira, sino que tampoco quieren estarlo con su sucesor. En efecto, el gobierno pretende que el presidente proponga tres candidatos a fiscal para que la Corte sea la que designe a uno de ellos, pero si los magistrados no se ponen de acuerdo luego de un tiempo, entonces el mandatario lo escogería de su misma terna. La fórmula tramposa reproduce el experimento bolivariano de Venezuela, que hoy se traduce en que Maduro es amo y señor de la Fiscalía.

¿Cambiará en algo la accidentada justicia penal que al fiscal lo nombre el presidente? Por supuesto que no. Lo que debe reformarse en el sistema de investigación penal es que la gobierne una sola persona, como hoy ocurre. Hay que proponer que el fiscal tenga que consultar un cuerpo de expertos designados por concurso y por un ente autónomo y diferente de la Fiscalía, de manera que la política criminal, las investigaciones o archivo de los asuntos penales no dependan de un solo criterio. No puede suceder, por ejemplo, que los principios de oportunidad con los cuales ciertos reos se ponen a salvo de la justicia delatando a sus cómplices solamente prosperan si el fiscal está de acuerdo. Ni tampoco puede seguir sucediendo que solamente las investigaciones de interés de la cúpula de la Fiscalía merezcan atención. Funciones judiciales o sancionatorias en unas mismas manos es lo más propenso a la arbitrariedad. Para no ir muy lejos el caso de Buga es patético: por todos los medios posibles se ha denunciado que la Fiscalía local 21 a pesar de contar con suficientes elementos probatorios no ha sido capaz de poner tras las rejas a nadie de esa organización criminal empotrada en la administración local de la que todo el mundo habla. Quejarse ante quién, ¿el fiscal o la vicefiscal? De nada ha servido, lo digo con conocimiento de causa, pues, como en muchas otras partes del país, las influencias políticas se hacen sentir a la hora de investigar a los poderosos de cada lugar. Y Buga no ha sido la excepción, pues la corrupción, en vez de haberse sancionado, ha sido premiada descaradamente.

Lo peor está por venir, pues aunque Uribe apoyó y desautorizó el proyecto de Paloma, que lo favorecía con el rescate de la inmunidad parlamentaria, nadie garantiza que el tema haya quedado enterrado. No sería extraño que alguien lo reviva en ese siempre sorpresivo Congreso. Este desorden en tema tan cardinal, como sin duda lo es la justicia, se debe a que Duque no está consciente de que lo eligieron para ejercer de presidente y no de Juanes ni de Carlos Vives.

Adenda. ¿Quién le habrá preparado a Duque su lánguido discurso ante la ONU, lleno de lugares comunes y frases vacías? ¿O fue él?

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Ramiro Bejarano Guzmán

Abogado, especialista en Derecho Procesal. Profesor universitario de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes. Columnista de opinión y analista político.