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Pedagogía rápida del gobierno corporativo, soberanía estatal en revisión

 “En democracia el ciudadano debe elegir, que yo sepa las multinacionales no se presentan a las elecciones y tienen el poder efectivo, real. Es una comedia de engaños.” José Saramago.


 En Medellín se imponen modas léxicas. La última, gobierno corporativo. La avalancha de lo que para la mayoría de los ciudadanos son neologismos inunda la agenda. Mal contados, en épocas recientes se escuchan y leen: hábitat, resiliencia, pandemia, ciudad innovadora, urbanismo táctico, bureau de mercadeo de ciudad, marca ciudad, acupuntura urbana, urbanismo social, parque biblioteca o de río, cuarta revolución industrial, valle del software. Arriban las palabras al cambiar la necesidad, son usadas copiosamente como si la novedad en el sustantivo solucionase la situación problemática. Así, hace escuela que ante cada coyuntura la ciudad innovadora requiera innovación en la nomenclatura, solución a los problemas que comienza con la incorporación de términos antes de resolver objetivamente el escollo.

No solo ocurre en la administración municipal. Diversa literatura señala apropiaciones culturales por sectores que usurpan la terminología de otras narrativas contrarias. El caso paradigmático es la referenciada captura de conceptos del marxismo ortodoxo de corte leninista por narrativas de derecha. La neolengua orwelliana hoy convertida en cliché.

El caso del resonado gobierno corporativo encierra la misma lógica, pero confusamente al revés. La tañida expresión proviene del inglés corporate governance, en alusión a gobernanza corporativa, término aún más extraño en tanto las dificultades teóricas que encierra la gobernanza (Rhodes-Purdy, 2017). La gobernanza lleva dos décadas de ser usada en Europa y Estados Unidos, llega tardíamente a Colombia por la llegada antes de una novedad precedente: las políticas públicas. Así, en una actualización permanente de criterios administrativos se trasiega en intentos de solución a problemas estructurales al parecer anclados en déficits democráticos sin resolver.

En la traducción al castellano de la governance como gobierno se encarna la tardía penetración del concepto gobernanza en la ciencia política hispanoamericana, y en la administración pública y empresarial. En su libro “El pueblo sin atributos: la secreta revolución del neoliberalismo” (2017) Wendy Brown señala este fenómeno con precisión: la gobernanza es una manifestación de la merma de garantías a la participación.

Lo que puede ser llamado gobierno empresarial contiene la referencia al corporativismo. El gobierno corporativo entendido aquí como una transmutación del corporativismo estatal que resucita hoy en los niveles de gobierno local al abrir espacios a las corporaciones en la administración de empresas públicas. Alberto Oliet Palá (2000) recuerda como el corporativismo no es tan novedoso como lo publicitan las burocracias criollas. Emerge de menoscabar la soberanía estatal contractual, lo que aventaja grupos particulares. Se confunde así corporación con comunitarismo. Sin embargo, la corporación típica es el gremio de artesanos (pág. 320) de raigambre medieval producto de la jerarquía nobiliaria y la atomización de roles; todo en medio de la comunidad en la fe. Así, la génesis del mundo corporativo se encuentra en la división de la participación política por estamentos dentro del orden feudal. Esto recuerda a Durkheim, quien señala la distinción entre solidaridad mecánica y orgánica (Moreno Durán & Ramírez Pinzón, 2018, pág. 41). La una sobre formas no diferenciadas y la otra sobre divisiones por grupos y tareas en comunidades humanas concentradas.

Este corporativismo estamental desaparece con en el liberalismo burgués en el siglo XVIII, curiosamente ante la abolición de mediaciones entre el Estado y los ciudadanos. Organizaciones gremiales pierden legitimidad dentro del contrato directo entre el pueblo soberano y el Estado representativo. Así, los gremios quedan relegados al representar frenos al libre mercado sin injerencia en las relaciones de producción propio del liberalismo. En este sentido, las corporaciones pierden incidencia dentro de las conquistas históricas fruto de las revoluciones liberales frente a su protagonismo en el Antiguo Régimen.

Como respuesta, sectores empresariales se reagrupan para la defensa de sus intereses frente al sistema representativo parlamentario basado en la elección popular por sufragio universal. Los gremios recobran impulso y retoman espacios perdidos por la democracia representativa. Ahí radica la influencia, y usual patrocinio, de empresarios sobre parlamentarios. La hiperatomización de la participación política alarma a teóricos “Fue Hegel quien adelantó una concepción de las Korporationen como máxima expresión de la sociedad civil” (Oliet Palá, 2000, pág. 323). Desde allí reaparecen con fuerza las representaciones intermediarias dentro de la teoría de la representación funcional de la sociedad orgánica, cuyos máximos exponentes son los experimentos dictatoriales en la Portugal del Estado Novo, la España de Franco y el fascismo italiano.

El motor de la reaparición de corporaciones con peso político está en el temor a la individualización que se cree vuelve inoperativo el funcionamiento del Estado. Es el viejo temor griego a la democracia directa. Bajo esta excusa los gremios se ubican como representantes legítimos, ya no de ciudadanos agrupados en actividades productivas (esto se le deja al sindicalismo), sino como representación de empleadores y poseedores del capital. Entre los autores que describen las características de esta forma de gobierno entre actores está R. Dahl, F.L. Neumann, H. Laski, y especialmente P. Schmitter.

Los grupos de presión, como se reconocen entonces estos gremios, son entendidos desde la teoría de cultura política clásica de Almond y Verba como intermediadores (Verba & Almond, 1963), o desde propuestas recientes de la economía política como agentes transaccionales en el marco de la Nueva Economía Institucional (Eggertsson, 1997)(Williamson, 2000). Los hay de todo tipo, desde colectivos artísticos hasta asociaciones de vecinos. Les corresponde a los intermediadores representar sectores. Pero advertían los autores citados que esta representación corría el riesgo de sesgos, inevitables en cualquiera, pero con incidencia al provenir de actores con medios para ejercer poder. Los gremios empresariales son poderosos debido a sus capitales simbólicos, financieros y de empleabilidad. Su representación no es equilibrada frente a la participación ciudadana.

La excusa gremial para legitimar su incidencia en el gobierno se ubica en que son un vehículo más de transmisión de demandas ciudadanas localizadas. Sin embargo, su carácter oligopólico tiende a cerrar los espectros de participación ciudadana desde sus posibilidades de representación. Schmitter propone su definición del neocorporativismo como:

“un sistema de representación de intereses en el cual las unidades que lo constituyen están organizadas en un número indefinido de múltiples categorías, voluntarias, competitivas, no ordenadas jerárquicamente y autodeterminadas, que no son especialmente otorgadas, reconocidas, financiadas, creadas o, por otros medios, controladas en la selección de líderes o en la articulación de intereses por el Estado y que no ejercen una actividad de monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías”. Schmitter, 1974, pág. 96, citado por (Oliet Palá, 2000, pág. 327)

Obsérvese que desde el análisis de Schmitter el impulso para la participación en el gobierno es voluntario. ¿Qué lo motiva? Quizá la combinación de razones entre el afán por recuperar privilegios junto con la orientación de recursos públicos hacia sus áreas de negocio. Las corporaciones entran así en competencia directa con los partidos políticos y otras formas organizativas, incluso compiten con los órganos de control político elegidos popularmente como los concejos municipales y las asambleas departamentales. En esta puja las corporaciones usualmente triunfan al poseer los capitales dinero y empleabilidad. Pueden frenar el desarrollo de políticas públicas con una eficacia que las organizaciones sociales no alcanzan ni siquiera con la movilización popular en la calle.

La diferencia en la experiencia corporativista entre el fascismo italiano y el neocorporativismo paisa gravita en que en la Italia fascista el Estado crea y controla las corporaciones, en Antioquia pareciese que fuera a la inversa. Advierte Palá en referencia a Schmitter que “el proceso de “corporativización” se incrementa en la medida en que se atribuya un estatus público a los grupos de interés organizado” (2000, pág. 329). Es lo que ha pasado precisamente en Medellín. La capital antioqueña anuncia en video el 18 de noviembre de 2014, bajo la administración del Aníbal Gaviria, la llegada del gobierno corporativo a la ciudad como un “hito de la administración pública” en Colombia (Alcaldía de Medellín, 2014). No menciona sus instrumentos ni operacionalización ¿Qué significa?, según el video, la inclusión de principios de administración empresarial en la alcaldía cuyo objeto se extiende a la atracción de empresas y capital extranjero a la ciudad. ¿Van en contravía de lo público? ¿Qué diferencia una estructura de gobierno en el marco de la democracia participativa, con concejo municipal, órganos de control, al modelo de administración pública de un nuevo gobierno corporativo en la municipalidad?

La trampa filológica está en el espíritu corporativista detrás del gobierno corporativo.

EPM es de la ciudadanía de Medellín. La ciudadanía es irreductible a los gremios. La ciudad hace concesiones democráticas al aceptar la participación de sectores empresariales en su junta. Pero ello no significa que la ciudad pierde el control, ni que el gobierno corporativo supera al gobierno. La sacralidad empresarial no resiste el análisis de la ciudadanía crítica.

Quizá lo positivo que deja la coyuntura sobre EPM no es el debate al alcalde, ni al GEA. La situación saca a la luz la pérdida de soberanía estatal ante la apertura al gobierno corporativo. Es ahí donde se debe centrar la discusión.

El gobierno corporativo es válido para la gobernanza del sector privado en su interior; permite financiación y control de la empresa, pero su rol en el sector público debe ser discutido con vistas a no disminuir la importancia de los mecanismos de representación y participación ciudadana ya contemplados constitucionalmente. Se cuela por la vía de la innovación una forma de administración de lo público que no pasó por el debate constituyente.

¿Está el gobierno corporativo en contravía de la democracia participativa?


Referencias

Alcaldía de Medellín. (18 de Noviembre de 2014). ¿Qué es el Gobierno Corporativo? Recuperado el 8 de Agosto de 2020, de Canal de YouTube. Alcaldía de Medellín: https://youtu.be/9yubwDVzHUc

Eggertsson, T. (1997). The old theory of economic policy and the New Institutionalism. World development, 1187-1203.

Moreno Durán, Á. H., & Ramírez Pinzón, J. E. (2018). Sociología del campo jurídico en Colombia. Relaciones y perspectivas. Bogotá.

Oliet Palá, A. (2000). Corporativismo y neocorporativismo. En R. Del Águila (Ed.), Manual de ciencia política (págs. 319-348). Madrid: Trotta.

Rhodes-Purdy, M. (2017). Participatory Governance in Latin America: Promises and Limitations. Latin American Politics and Society, 59(3), 122-131.

Verba, S., & Almond, G. (1963). The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press.

Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead . Journal of Economic Literature, 595-613.

 

 

@Santiagosonico

 

Esto fue escrito por

Santiago Mejía Idárraga

Politólogo. Magister en Hábitat. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Luxemburgo. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Uniremington Corporación Universitaria, Medellín, Colombia.
Contacto: [email protected] / [email protected]

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