En el evento del pasado 21 de junio el presidente Petro suscribió un pacto por la paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá. Un pacto al cual están convocados todos los sectores, sin distingo de orientación política, económica, partidista o social. Porque la paz -ese deber y derecho de obligatorio cumplimiento según mandata el artículo 22 de nuestra Constitución Política-, ante todo, deber ser tanto un punto de encuentro como un punto de llegada.
Aunque no sorprende la mezquindad de la derecha y algunos gremios y medios de comunicación que, sin considerar la importancia del actual diálogo socio jurídico para la paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá en el desescalamiento y la reducción de los indicadores de violencia, salieron en coche a despotricar de un evento histórico haciendo énfasis en lo más superficial: la presencia de los voceros de las estructuras del crimen organizado.
Al parecer, a la derecha, en su afán mediático e inmediatista, poco le importó que las víctimas y un Comité de Impulso que integra a más de 30 organizaciones sociales y académicas también hicieran presencia; presentando sus argumentos, propuestas, críticas y sugerencias en torno al diálogo sociojurido más avanzado de los tres que se vienen dando en el país -los otros dos son: Quibdó y Buenaventura-. Esa invisibilización no solo es lamentable, sino que, además, evidencia el oportunismo de políticos que poco o nada se ha interesado en respaldar -o si acaso, en conocer- un proceso que ha llevado a la ciudad a tener el indicador de homicidio más bajo en los últimos 40 años.
Porque la paz no se hace con los amigos; todos los gobiernos que se han embarcado en esfuerzos de paz -con aciertos y desaciertos, claro está- se han tenido que sentar con voceros de estructuras criminales; o acaso, al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón ya se les olvidó que en el Gobierno de Álvaro Uribe -su mayor aliado-, mientras se avanzaba en el proceso de diálogo con las AUC, Salvatore Mancuso hizo presencia en el Congreso y recibió aplausos a rabiar. Aplausos de la misma derecha que hoy cuestiona un evento público donde el Gobierno, la sociedad civil, victimas y los voceros de las estructuras presentaron los avances y retos de un proceso de diálogo.
Ahora bien, el centro de la discusión solo debería ser uno: el pacto social por la paz urbana. Un Pacto que priorice los derechos de las víctimas, la verdad y la reinserción de miles de jóvenes cuyo proyecto de vida se encuentra anclado a la violencia. Esos deberían ser los temas sobre los cuales se tendrían que hacer discusiones para llegar a acuerdos, consensos y encontrar alternativas de solución, siempre poniendo en el centro los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Y si los voceros de las estructuras del crimen organizado tienen una voluntad verdadera, si realmente están convencidos de que la paz urbana debe ser una oportunidad excepcional para transformar los territorios y alcanzar la paz, que sean bienvenidos a las tarimas. Pero que sea para llegar a acuerdos públicos y verificables sobre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y también, como lo solicitó el Presidente Petro: Dejar definitivamente las armas.
Concluyo diciendo: las elecciones pasan, pero la búsqueda de la paz y la justicia social, permanecen.
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