Todo indica que esta semana un juez de garantías examinará si el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez debe continuar privado de libertad en reclusión domiciliaria. Si algo ha quedado demostrado con creces en el mes transcurrido desde que la Corte Suprema de Justicia tomó esta medida, es que el investigado no ha dejado de conspirar y atentar contra la administración de justicia. Desde su gran hacienda, El Ubérrimo, ha desplegado dentro y fuera del país una sediciosa campaña contra la Justicia, contra los magistrados que han instruido el proceso, y contra la parte civil. En compañía de su entorno político y del Gobierno Nacional, no ha vacilado en atacar principios fundamentales del Estado de derecho, con acciones que han incluido intentos de difamación personal e institucional, la calumnia sistemática y la instigación a la violencia que pone en riesgo la vida e integridad de los otros intervinientes en el proceso judicial. Por estas razones, la única decisión procedente es ratificar la privación de libertad y avanzar hacia un juicio.
A pesar de los denodados intentos de manipular la opinión pública con interpretaciones que tergiversan o buscan banalizar los elementos probatorios del expediente de la investigación contra el exsenador, es inocultable la solidez de la base que sustenta las decisiones que ha tomado la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Se dice que contra el investigado Uribe Vélez no hay “una sola prueba reina”. La realidad es que en su contra pesan toda clase de indicios, evidencias y pruebas, que configuran un acervo que debe conducirlo a juicio y a condena. He aquí un somero y breve extracto de esa abundante carga probatoria.
Después de nueve años de procesos de investigación realizados por diversas instancias judiciales y disciplinarias, primero contra mí y luego contra el exsenador Uribe, el panorama es el siguiente: he sido exonerado de responsabilidad penal en la Corte Suprema de Justicia, en la Procuraduría General de la Nación (dos instancias), y en el Consejo de Estado (acción fallida de pérdida de investidura). Por otra parte, uno de los intermediarios con falsos testigos del exsenador Uribe, el abogado Diego Javier Cadena, fue objeto de imputación de cargos y medida de aseguramiento privativa de la libertad por parte de la Fiscalía General de la Nación en la presunta comisión de los delitos de soborno en concurso homogéneo en actuación judicial y fraude procesal. Por su parte, Uribe ha sido objeto de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, equivalente a una imputación de cargos por los mismos delitos. Además, el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, está siendo investigado en condición de presunto cómplice de estos delitos.
Durante estos años, la defensa de Uribe ha presentado una veintena de falsos testigos ante la Corte Suprema de Justicia. Por parte mía y de mis abogados, no hemos presentado ante ninguna instancia judicial ningún testigo. Desde el comienzo del proceso, las falaces declaraciones fueron hechas por escrito y con un mismo libreto; muchas de ellas elaboradas por terceros. La Corte encontró que se cometían el mismo tipo de errores como invertir el orden de los apellidos de determinadas personas.
Uno de los declarantes que inicialmente presentó la defensa de Uribe a su favor, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, dejó al descubierto ante la Sala Especial de Instrucción que habría sido comprado su testimonio con un ofrecimiento de $200 millones, de los cuales se hicieron pagos por más de $40 millones. Esa situación fue tenida en cuenta como parte de la inferencia válida para la imputación de Diego Cadena. Este abogado también ofreció y gestionó diligencias legales sobre asuntos que Vélez tiene pendientes ante la justicia. Otro de esos “testigos”, el señor Carlos Enrique Areiza, declaró que se le habría presionado para entregar una falsa declaración escrita en mi contra, luego de lo cual fue asesinado. El falso testigo Enrique Pardo Hascher aparece en una grabación realizada por Juan Guillermo Monsalve intentando convencerlo de que acepte las ofertas de Uribe, quien según él “es un Dios”. A Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, narcoparamilitar quien purgó pena en EEUU, Diego Cadena le preparó un de par escritos presentados ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, cuando fue citado ante el tribunal supremo no quiso declarar y, en entrevista con un medio de comunicación, su abogado estadounidense desmintió que en su presencia se hubiera cometido cualquier intento de soborno. A Salvatore Mancuso se le ofreció también que presentara ante la Corte un escrito previamente elaborado por Cadena, pero ante su negativa la defensa de Uribe no volvió a solicitar esa declaración.
Como puede verse, en la investigación ha quedado probado que Cadena preparó para los “testigos” cartas elaboradas bajo un mismo guion que tenía varios puntos esenciales: el mismo tipo de inculpaciones en mi contra, la negación de que los señores Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra hubieran pertenecido al grupo paramilitar de la hacienda de los Uribe, Guacharacas; la afirmación de la total inocencia de Álvaro Uribe y su hermano Santiago en hechos relacionados con el paramilitarismo. Los interrogatorios de la Corte han demostrado abiertas contradicciones entre los declarantes, y de cada uno con las declaraciones prefabricadas.
Uribe nunca ha presentado ante la Corte Suprema un poder que acredite a Cadena como abogado perteneciente a su defensa judicial. La no formalización de ese vinculo obedece a su deseo de mantener una especie de zona gris que lo distanciara de sus actuaciones sin dejar de beneficiarse de ellas. Tan graves han sido éstas que el exsenador ha intentado negar conocimiento directo de las mismas, utilizando a Cadena como un “abogado en la sombra”, aduciendo que “no es del temperamento” de sus abogados de mostrar en público realizar el tipo de tareas encomendadas al “abogangster”, como jocosamente se hace llamar Cadena. En un video grabado por Juan Guillermo Monsalve, él le hace explícitos ofrecimientos a cambio de su retractación. Cadena no solo redactó las cartas para que fueran suscritas por varios de los “testigos”, sino que como ya se dijo ofreció beneficios económicos y en la investigación aparecen consultas sobre cómo disimular ofrecimientos de gestiones judiciales para sobornar a algunos de los exparamilitares. En fin, la Corte estableció un verdadero modus operandi consistente en trece patrones en las actuaciones de Diego Cadena ordenadas por Uribe. Como si todo esto fuera poco, la opinión pública conoció una sórdida conversación entre Cadena y su hermano en la que se amenazaba con emprender acciones ilegales contra el reconocido columnista Daniel Coronell.
Es innegable el rol determinante de Álvaro Uribe Vélez en la planificación y realización de este entramado de falsos testigos, cuyo propósito esencial ha sido intentar descalificar las declaraciones que señalan su responsabilidad y la de su hermano Santiago, en la conformación y operación de grupos paramilitares en sus haciendas en Providencia y Yarumal, Antioquia, así como en la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad que también son investigados actualmente.
Desde el comienzo de este proceso, en 2012, en forma sistemática intermediarios como los señores Wilser Molina, Juan Guillermo Villegas Uribe y Diego Javier Cadena, han informado en detalle a Uribe sobre las tareas tendientes a obtener y urdir falsas declaraciones escritas o a través de videos. Está probado que Cadena le reportó a Uribe de cada uno de sus contactos con los exparamilitares, dentro y fuera del país. Esa costumbre de supervisar e informar en tiempo real de esos contactos, encargados por el propio exsenador, se demuestra en otros casos también. Por ejemplo, el 20 de febrero de 2018 estando reunido con Carlos López, alias ‘Caliche’, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada llamó en tres oportunidades al expresidente y éste le devolvió la llamada. El asunto del que se hablaba era obtener una retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de dádivas antes de que expirara el plazo para presentar una reposición del Auto Inhibitorio en el que la Corte ordenaba compulsa de copias contra Uribe.
En su investigación, la Sala Especial de Instrucción constató que, una vez advertidos que estaban siendo interceptadas sus comunicaciones por la información aparecida en los medios de prensa, las conversaciones legalmente obtenidas entre Uribe y Cadena no eran espontáneas sino utilizadas para dejar establecidas coartadas. Es más, a pesar de haberse enterado, supuestamente con posterioridad de las conductas ilegales de Cadena, Uribe siguió encargándole acciones, justificando con ello su actuación. En el expediente aparecen situaciones que dejan al descubierto que Uribe conocía que se habían elaborado escritos o que se harían ofrecimientos a Carlos Enrique Vélez, Juan Guillermo Monsalve y Juan Carlos Sierra. Otro medio de conocimiento directo de lo que estaba aconteciendo o de transmisión de instrucciones precisas sobre los contactos con los exparamilitares, se hacía a través de miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador.
Contrario a su afirmación de que a él llegaban datos sobre la existencia de personas que en las cárceles del país querían aportarle información, ha quedado establecido un procedimiento claramente destinado y organizado para conseguir a través de intermediarios versiones a cambio de promesas de soborno o sobornos reales para engañar a la justicia. Esa fabricación de testigos la han querido encubrir presentándola como “recolección de testimonios en ejercicio del derecho a la defensa”.
La Corte ha ordenado investigar a muchos de los falsos declarantes y a quienes han fungido como intermediarios con ellos. Tal es el caso de Enrique Pardo Hasche, Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, Eurídice Cortés, alias Diana; Máximo Cuesta Valencia, Elmo José Mármol Torregrosa, Giovanny Cadavid Zapata, Carlos López, alias ‘Caliche’; el primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar, Samuel Arturo Sánchez Cañón, entre otros.
Por todas estas razones, y muchas otras que están contenidas en el auto de medida de aseguramiento proferido de manera unánime el 3 de agosto de 2020 por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es comprensible la obsesiva campaña mediática que busca convertir esta rigurosa investigación en un compendio anecdótico en el que se pretende, inútilmente, diluir la innegable responsabilidad del exsenador Uribe y garantizar su impunidad.
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