Abelardo De La Espriella llegó a la Presidencia prometiendo un giro radical en seguridad, y sus primeras semanas muestran que no era simple retórica de campaña. Cerró espacios de conversación heredados de la Paz Total y ordenó una ofensiva contra estructuras armadas ilegales. Puede gustar o incomodar, pero no debería sorprender: una parte importante de quienes votaron por él votó precisamente por recuperar autoridad territorial y abandonar una política de negociación que consideraba agotada. La discusión seria, entonces, no es si el Estado puede perseguir criminales. Claro que puede. La discusión es cómo hacerlo con eficacia, dentro de la Constitución, la ley y el derecho internacional.
El balance que recibió ayuda a explicar ese mandato político. Según la Fundación Ideas para la Paz, con datos oficiales del Ministerio de Defensa, los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026: un crecimiento del 90%. Las disputas entre estructuras pasaron de siete en 2022 a catorce, y en 2025 hubo 116 enfrentamientos entre grupos, el registro anual más alto desde 2016. La Defensoría, además, señaló que durante 2024 el 71% de los municipios estaba advertido por presencia de grupos armados ilegales. Eso ya no es una sensación de inseguridad: es una expansión cuantificable del poder armado ilegal.
En ese contexto debe leerse la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, durante la Operación Centinela ejecutada por un comando especial de la Dijín en Riohacha. Junto a él murieron otras tres personas. Pérez Toncel era señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura catalogada por el Estado como Grupo Armado Organizado. Y aparece aquí una contradicción política: en abril de 2025 fue reconocido como representante dentro del espacio de conversación sociojurídico con las ACSN, bajo un esquema que contempló solicitar suspensiones temporales de órdenes de captura. Esa protección, vale precisarlo, dejó de renovarse para él a finales de 2025.
Gustavo Petro preguntó después del operativo por qué, si cuatro personas estaban rodeadas dentro de una casa, tenían que morir las cuatro, y cuestionó si la prioridad había sido capturarlas o matarlas. La pregunta jurídica no debe censurarse: debe responderse. Pero tampoco puede contestarse insinuando que toda muerte causada por la Fuerza Pública equivale a aplicar la pena de muerte. No equivale. Una ejecución de una persona rendida, detenida o fuera de combate sería ilegal; una muerte producida durante un uso legítimo de la fuerza puede ser jurídicamente admisible. Lo determinante serán los hechos: amenaza existente, resistencia, reglas operacionales, necesidad, proporcionalidad y régimen jurídico aplicable al procedimiento.
Ese matiz es especialmente importante porque el operativo fue policial. El Decreto 1231 de 2024 dispone que la Policía debe utilizar la fuerza de manera diferenciada y proporcional y considera el empleo de armas de fuego una medida extrema. En escenarios propiamente regidos por el DIH la lógica es diferente: miembros de grupos armados organizados con función continua de combate pueden ser objeto de ataque, bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución; quien se rinde o queda fuera de combate está protegido. Por eso la autoridad democrática no nace de contar muertos. Nace de ejercer legalmente una fuerza que ningún particular ni organización criminal tiene derecho a disputarle al Estado.
Otra discusión es la de los cadáveres. De La Espriella convirtió el resultado operacional en una escena de comunicación política: cuerpos cubiertos, Fuerza Pública alrededor y un presidente transmitiendo un mensaje inequívoco de autoridad. No creo que esa puesta en escena sea necesaria; un buen resultado operacional debería hablar por sí mismo. Pero sería ingenuo no comprender por qué funciona políticamente. Después de años viendo retenes ilegales, hombres armados imponiendo reglas, organizaciones expandiéndose y delincuentes desafiando públicamente al Estado, el Gobierno construye deliberadamente la imagen contraria. Sus críticos ven una peligrosa espectacularización de la muerte; sus simpatizantes ven la representación visual de un Estado que vuelve a ejercer autoridad. Ambas lecturas existen y conviene no confundir el símbolo con la legalidad del operativo.
Ahí es donde la crítica de Petro tropieza inevitablemente con su propio balance. Puede y debe exigir explicaciones sobre cualquier muerte causada por agentes estatales; ese control precisamente distingue a una democracia de una organización criminal. Pero políticamente resulta difícil erigirse ahora en juez absoluto de la estrategia cuando durante su administración los grupos armados crecieron cerca del 90% en número de integrantes y ampliaron considerablemente su presencia territorial. Tampoco puede borrarse que Bendito Menor participó en un mecanismo de interlocución estatal antes de volver a convertirse en objetivo prioritario. El cuestionamiento jurídico merece respuesta; la memoria política también. Dialogar no es capitular, pero dialogar mientras el interlocutor se fortalece, recluta, extorsiona y conquista territorio tampoco puede venderse indefinidamente como paz.
Colombia necesita recuperar plenamente el monopolio legítimo de la fuerza sin convertirlo jamás en licencia para la arbitrariedad. Esa es la frontera que un gobierno serio no puede cruzar. La Constitución obliga a las autoridades a proteger la vida, los bienes, los derechos y las libertades, y encomienda a la Fuerza Pública la defensa del orden constitucional y la convivencia. No obliga al Estado a arrodillarse ante quienes ejercen violencia organizada. Exige algo más difícil: derrotarlos dentro de la ley. Sin ejecuciones, sin falsos positivos y sin culto a la muerte; pero también sin complejos para ejercer autoridad. El problema de Colombia no es que el Estado vuelva a imponerla: es que durante demasiado tiempo pareció pedir permiso para hacerlo.
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