Sumario: El decreto obliga a los colegios a meter el ciberacoso en el reglamento. El reglamento sabe qué hacer con la niña que grabó el video. No sabe nada de los doscientos teléfonos por los que pasó.
Una coordinadora de convivencia de un colegio de Medellín me describió su martes. A las siete y media supo que circulaba un video de una alumna de octavo. A las ocho lo tenían casi todos. Hizo lo que había que hacer, que estaba escrito y ella se lo sabía de memoria: separó a la niña del resto, llamó a la casa, activó la ruta, dejó constancia. A las once, cuando por fin pudo sentarse, se puso a contar. El video había pasado por unos doscientos teléfonos en menos de una hora. Identificar a quien lo grabó le tomó veinte minutos. Con las demás no supo qué hacer, porque ninguna había roto una regla que ella pudiera señalar.
El 16 de julio el Gobierno expidió el Decreto 0769, que reglamenta la Ley 2489 del año pasado sobre entornos digitales seguros para niños y adolescentes. Entre sus obligaciones hay una que a los colegios les cambia el año escolar. Tienen que llevar el ciberacoso y las demás violencias digitales al manual de convivencia y al proyecto institucional, con protocolos que digan en qué momento se activa cada cosa y a quién hay que llamar. La lista de a quién hay que llamar incluye a la Fiscalía, al ICBF y a la Policía.
Es una buena norma y quiero decirlo antes de discutirla. Llega tarde y llega. Y es prudente sobre todo en lo que decidió no hacer. No autoriza a nadie a revisar contenidos antes de que se publiquen y no toca el cifrado de la mensajería privada, que son las dos tentaciones a las que suele ceder una ley escrita con prisa.
Un protocolo, sin embargo, es un extintor. Sirve mucho y sirve tarde por diseño. Necesita un hecho consumado, una víctima identificable y alguien a quien imputarle algo. Trabaja con lo verificable, que es lo que se puede auditar, y por eso se puede exigir por decreto. El martes de la coordinadora tenía todo eso y aun así alcanzó para una persona de doscientas.
Es un problema de aritmética moral. En el ciberacoso escolar hay por lo menos cinco papeles y solo uno tiene nombre en el reglamento. Está la que graba. Está la que escribe el comentario. Está la que reenvía. Está la que abre el video, se ríe y no hace nada más. Y está la que lo ve, no lo reenvía y tampoco dice nada. El manual sabe qué hacer con la primera. Con las otras cuatro no tiene vocabulario, y son ellas las que convierten un video privado en un hecho social.
Reenviar es el gesto que multiplica el daño y también el más fácil de perdonarse. Uno no grabó nada, no escribió nada, no inventó nada. Solo pasó adelante algo que ya existía. El esfuerzo es cero y la sensación de estar participando también. Cualquier norma que quiera ocuparse de esto tiene que trabajar sobre un acto que quien lo comete no experimenta como un acto.
En Europa vieron el mismo hueco y respondieron por el otro lado. El marco europeo de competencia digital, que durante más de una década se dedicó a enseñar a usar herramientas y a reconocer una fuente confiable, publicó el año pasado una versión que cambia de terreno: comprensión crítica de la tecnología, interacción ética, entender qué hace con uno un sistema algorítmico. Es un currículo y no un protocolo. Se propone formar el juicio en vez de ordenar el procedimiento.
Ahí está el problema de fondo, y es del instrumento antes que del decreto. Un manual de convivencia es un documento disciplinario. Define faltas, gradúa sanciones, establece el debido proceso. Todo lo que entra ahí se convierte en falta. Y hay cosas que no funcionan como falta. La decencia de no reenviar no se puede sancionar hasta que exista, porque el día en que hay algo que sancionar ya hubo un video, ya hubo doscientos teléfonos y ya hubo una niña de trece años que no va a volver al colegio igual.
Queda la pregunta de quién enseña eso, y la respuesta es incómoda. Lo enseñan los adultos, y los adultos somos el peor material didáctico disponible. En los chats de familia circula todos los días la misma conducta: contenido que nadie verificó, reenviado por gente que no lo produjo, sobre personas que no dieron permiso. La única diferencia con el patio del colegio es que a nosotros no nos aplican protocolo. Un niño aprende la netiqueta que ve, no la que le leen en la formación del lunes.
No propongo derogar nada. El decreto hace lo único que un decreto puede hacer, que es garantizar que cuando haya un daño alguien esté obligado a actuar, con plazos y con ruta. Eso antes no existía y va a salvar adolescentes concretos este año. Sería un error de lectura celebrarlo como si resolviera el asunto, porque ninguna norma alcanza la variable que decide de verdad cómo se comporta un curso de octavo, que es lo que a esos treinta les parece aceptable hacer delante de los demás.
La coordinadora actualizó el manual. Le tomó una tarde, porque el ministerio y el ICBF publicaron materiales y hay poco que inventar. Después hizo algo que no está en el decreto: pidió las dos primeras horas del jueves y las usó para hablar con el curso entero, no con la niña que grabó el video. No lo llamó protocolo ni lo dejó por escrito, y por eso no figura en ningún informe. Me dijo que fue la hora más útil del año.
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