Legislar a la ligera

“La cadena perpetua no es sino un ejemplo más de este problema. Es la viva expresión de la desconexión con la realidad, la demagogia y el populismo del Congreso de la República.”

Fue una noticia esperada. Desde hace mucho tiempo los legisladores colombianos venían trabajando en el tema, y el pasado jueves 18 de junio para algunos se hizo realidad un sueño: cadena perpetua para violadores.

Este es un tema que puede ser tratado desde muchísimos ángulos, o puntos de vista, que expliquen el por qué tal decisión es un error para el país. A los penalistas les dejo la tarea de explicar el sinsentido que tiene desde la teoría de la pena, a los constitucionalistas la de enseñar la incoherencia que significa a la luz de los valores y del ideal de ser humano de nuestra Constitución (sin mencionar su invalidez por el proceso cómo se hizo), a los internacionalistas la de exponer cuántos tratados internacionales viola, a los defensores de derechos humanos argumentar por qué viola la Dignidad Humana, yo explicaré la inutilidad de esta decisión.

Para comprender mejor hagamos el siguiente ejercicio mental: Imagínense una máquina cualquiera de una fábrica que requiere un complejo sistema, entre tuercas y engranajes, para funcionar correctamente. Esta, a su vez, se une con otras tantas para generar todo un proceso de producción. Si todas funcionan correctamente, al final tendríamos un producto nuevo listo para ser vendido y despachado. Ahora, traten de llevar esa misma imagen a la realidad de nuestro país. Cada una de las instituciones que tenemos son las máquinas de la fábrica, y si todas cumplen con su función, en teoría, el sistema funcionaría adecuadamente y en el producto final no habría ningún error. Se supone que en ambos casos hay toda una línea de producción que debe funcionar armónica y coherentemente para que todo salga bien. Ni unas muy rápido, ni las otras muy despacio. Todas al mismo ritmo. ¿Pero qué pasaría si una de ellas hace su labor muchísimo más rápido de lo que debe?

Inevitablemente, en la caso de la fábrica, pasará una de las siguientes situaciones: o bien el sistema de producción comenzará a saturarse, lo que llevará a que se ralentice el proceso al punto en que se quiebre la armonía y la coherencia que antes había, y por ende el producto final será desperfecto; o bien de entrada el sistema se rompe y no vuelve a funcionar jamás, hasta que no se arregle el problema, y cada máquina trabajará por su lado sin ser capaz de generar un único producto.

Algo así es lo que pasa en Colombia con el Congreso de la República. Mal contados desde la expedición de la Constitución de 1991, en nuestro país se han promulgado un poco más de 2.000 leyes, y un sinnúmero de actos administrativos (al año se producen más de 100.000 de ellos). Un altísimo número de normas para un ordenamiento jurídico que no ha cumplido sus 30 años de vigencia. A este fenómeno, en términos jurídicos, se le conoce como la “hiperinflación normativa”.

Más allá de sus explicaciones en el populismo legislativo—mentalidad de muchos “legisladores [que] cosechan popularidad o fans por medio de una legislación absurda, errática, costosa y que afecta derechos de terceros, porque prometen soluciones que nunca se materializan y estiran la capacidad limitada del Estado para cumplir con más regulaciones y prohibiciones” (Ugalde, 2014)—, el verdadero problema de la hiperinflación normativa en el que nos debemos concentrar es en su efecto real y directo en el país.

Lo único que se logra con esta técnica es que se “le quita competitividad y le resta modernidad (…) a nuestro estado de derecho y mercado” (Orozco, 2018).

La cadena perpetua no es sino un ejemplo más de este problema. Es la viva expresión de la desconexión con la realidad, la demagogia y el populismo del Congreso de la República. Piensen en lo siguiente:

Por un lado, es indiscutible que la realidad del hacinamiento carcelario en el país cada día se agrava más. En efecto, el año pasado el INPEC reveló que, hasta ese entonces, en Colombia había un total de 184.376 reclusos, a pesar de que la capacidad carcelaria solo era de 70.00 personas.

Así, esto explica que las condiciones que se viven (y se han vivido) en los recintos penitenciarios y carcelarios hayan llevado a que la Corte Constitucional declarara, desde 1998, un estado de cosas inconstitucional. (Ver Sentencia T-153, 1998).

Por otro lado, a esta situación se añade lo excesivamente oneroso que le resulta al Estado la manutención de un preso. Según la rendición de cuentas del INPEC del 2018 el gasto total que demanda cada preso es de más de $11 millones al año. Ahora imagínese lo que puede resultar para el sistema penitenciario que una persona se recluida de por vida.

Espero se me entienda bien: esta columna no pretende defender la impunidad para los violadores, sino demostrar lo inútil que termina siendo este aumento desmedido de penas. Quizás con esa misma inversión que supondrá la cadena perpetua se podrían pensar otras estrategias para menguar la comisión de este delito.

Como dije al inicio: el trabajo de explicar los otros puntos de vista queda en manos de otras personas, yo solo quise explicar algunas consecuencias de legislar a la ligera.