Uno de los temas álgidos que ha involucrado tanto a congresistas de la República como a la sociedad ha sido la iniciativa de modificar la remuneración de los congresistas. Algunos, en el intento de construir un país más democrático, otros, para generar un ejemplo de austeridad y reducir el gasto público, pero esta intención, luchada por muchos se ha quedado en la frustración. Uno de los más recientes acontecimientos que generó un fuerte impacto social fue la Consulta Anticorrupción llevada a cabo en agosto de 2018, alcanzando más de once millones de votos. Uno de los puntos señalaba la reducción del salario a congresistas pero tal iniciativa se quedó en el papel cuando la Consulta no alcanzó el umbral de participación.
El proyecto de Ley 15, presentado por el Congreso en 2018, pretendía congelar el salario de cada congresista en Colombia, adicionando un parágrafo transitorio por el término de cuatro años al artículo 187 de la Constitución Política. En dicho parágrafo se establecía que la asignación de los miembros del Congreso de la República se reajustaría anualmente por el mismo valor en pesos en que se incrementara el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente por parte del Gobierno Nacional, y no en proporción igual promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servicios de la administración central.
Así pues, el proyecto se radica el 28 de agosto de 2018 y surge como un llamado importante a los congresistas y altos funcionarios del Estado para dar un ejemplo de austeridad, ejerciendo su poder para contribuir en la medida de lo posible, a la reducción del gasto público. Así mismo, Colombia requiere con urgencia que en todos sus niveles y ramas del poder público se realice una reestructuración que conlleve a un modelo austero en pro de garantizar la buena salud de las finanzas públicas de la Nación. Adicionalmente, la actual situación económica del país y las proyecciones de corto y mediano plazo, generan la necesidad de intervenir con ajustes y recortes. El gasto de funcionamiento entre el 2010 y 2016 ha aumentado un punto porcentual, pasando de 12,9% a 13,9% del PIB. Referente a los servicios personales este indicador ha presentado un leve aumento pasando de 2.1% en 2010 al 2.3% en el 2016. (http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-acto-2018-2019/1243-proyecto-de-acto-legislativo-15-de-2018).
Pero cuando al fin parecía marchar el proyecto de Ley en el mismo año, la Comisión Primera de la Cámara tuvo un giro crítico mientras se proponía llevar a cabo la reforma constitucional para congelar el salario de los altos funcionarios del Estado. Los congresistas argumentaron que debían declararse impedidos para votar pues, de lo contrario, estarían legislando en causa propia e incurriendo en un conflicto de interés, a tal punto de poder perder su curul en el Congreso. En este sentido, el hecho de que se haya tenido que hundir el proyecto de Ley se puede entender como una excusa para no rebajarse el salario, puesto que el congreso es el único legitimado para tramitar y aprobar una reforma constitucional para dicho fin. Si bien los congresistas no pueden votar proyectos de los que se beneficien directamente, sí podrían hacerlo respecto a la remuneración de los congresistas que se elegirían en el siguiente periodo. Además, si se tiene en cuenta que del hecho de reducirse el salario no se deriva ningún beneficio, con mayor razón podrían votarlo sin incurrir por ello en un conflicto de intereses. Ahora, queda por añadir: ¿Todavía vale la pena impulsar nuevamente el proyecto de Ley que cuenta con el apoyo tanto ciudadano como de algunos congresistas? Si respondemos a esta pregunta que si, un posible camino a seguir sería reformular el proyecto de Ley congelando el salario para la elección del siguiente congreso, evitando de tal forma la excusa de que incurren en un conflicto de intereses y escuchando los reiterados reclamos del electorado.
Por: Isabel Orozco Rendón, miembro de Antioquia Visible
y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT
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