“La piromanía del progresismo arde con fuerza. Este fenómeno no se limita únicamente a los incendios que afectan el ecosistema natural del Tolima, sino que se refiere a una forma de hacer política que parece depender del conflicto permanente para mantenerse vigente. Ante la pérdida de poder, la disminución de la influencia institucional y la derrota en las elecciones de su proyecto de continuidad, un sector de la izquierda colombiana parece decidido a mantener la confrontación.”
La más reciente muestra del conato de beligerancia progresista es el denominado “gabinete alterno”, con el que se pretende ejercer una oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella. El nombre resulta ciertamente distinguido. La puesta en escena se concibe con el propósito de transmitir rigor. La narrativa busca promover la idea de la existencia de un presunto gobierno en la sombra, integrado por figuras encargadas de supervisar cada ministerio, fiscalizar las decisiones del Ejecutivo y ofrecer alternativas a las políticas oficiales. En principio, no habría objeción alguna al respecto. En el contexto de una democracia, resulta fundamental contar con una oposición sólida, competente, responsable y capaz de ejercer un control político efectivo. El problema comienza cuando se confunde oposición con espectáculo.
Un gabinete alterno no adquiere legitimidad simplemente por la autoproclamación de sus integrantes como contrapeso del poder. La credibilidad no se encuentra intrínsecamente ligada al nombre del cargo. Se construye con trayectoria, coherencia, resultados, autoridad moral y capacidad técnica. Y es precisamente allí donde la ambiciosa iniciativa progresista tendrá que demostrar que no se trata de una mera escenografía para mantener vigentes a personajes cuyo liderazgo ha sido cuestionado en el ámbito político colombiano.
Basta con examinar la vida pública, las actuaciones, contradicciones y controversias que han acompañado a varios de quienes hoy aspiran a convertirse en fiscales permanentes del nuevo Gobierno para que surja una pregunta inevitable; ¿Con qué autoridad política pretenden presentarse ahora como guardianes de aquello que no fueron capaces de administrar adecuadamente cuando detentaban el poder? Esta es la discusión que el progresismo busca eludir.
Durante cuatro años, se les presentó una oportunidad histórica. Gustavo Francisco Petro Urrego accedió a la Presidencia con una considerable expectativa de transformación. El “Sensei de la izquierda” contaba con legitimidad electoral, respaldo ciudadano, una bancada significativa y una narrativa construida durante décadas alrededor de una promesa que buscaba demostrar que el progresismo tenía la capacidad de gobernar Colombia de manera superior a aquellos a quienes había cuestionado desde la oposición. Ostentó el poder. Y gobernó.
En consecuencia, resulta improcedente atribuir la derrota en las elecciones de junio exclusivamente a los medios de comunicación, los empresarios, las élites, la derecha, los algoritmos, las encuestas, la desinformación o cualquier otro adversario disponible. En un sistema democrático, la evaluación de resultados por parte de los ciudadanos es una realidad mucho más sencilla. El progresismo perdió la posibilidad de continuar gobernando porque una parte significativa del país decidió cerrar ese ciclo. Es posible que esto resulte de agrado o desagrado, pero es importante comprender que el proceso electoral se basa en la contabilización de votos y no en retórica.
El inconveniente radica en que algunos individuos aún no han comprendido el mensaje. De ahí la necesidad imperante de implementar estructuras paralelas, mantener una campaña permanente y construir la sensación de un gobierno legítimo coexistiendo con una suerte de autoridad política progresista encargada de supervisarlo todo. El gabinete alterno podría eventualmente convertirse en una estrategia de comunicación destinada a prolongar artificialmente un poder que los ciudadanos han decidido retirar a través del voto.
La oposición, por supuesto, tiene todo el derecho de organizarse. Es esencial que lo lleve a cabo. Resulta evidente que el Gobierno de Abelardo de la Espriella requiere de un sistema de controles más riguroso. Es fundamental cuestionar cualquier decisión que no esté alineada con los principios éticos. Se deberá señalar cualquier incumplimiento de las promesas establecidas. Cada posible irregularidad deberá ser investigada meticulosamente. Gobernar no se traduce en la recepción de recursos ilimitados, y la victoria en unas elecciones no confiere el derecho de propiedad sobre el Estado. Sin embargo, es importante distinguir entre ejercer la oposición y convertirla en una representación teatral permanente.
En el caso de Colombia, es preciso llevar a cabo debates sobre una serie de asuntos prioritarios, tales como la seguridad, la economía, la salud, la educación, las infraestructuras, el empleo, la energía, la corrupción y las relaciones internacionales. Para ello, resulta indispensable contar con argumentos sólidos, cifras concretas, propuestas viables y una supervisión institucional. No es necesario crear otro escenario para reciclar las mismas disputas, prolongar resentimientos electorales y garantizar cámaras, micrófonos y publicaciones en redes sociales a quienes todavía se resisten a abandonar el centro de la conversación pública. La aceptación de la provocación por parte del nuevo Gobierno podría considerarse un error de gran magnitud.
El gabinete alterno requiere de un adversario, una respuesta y una controversia para su existencia. Clama porque que cada declaración genere una réplica ministerial. Necesita titulares. La indignación es una de sus chispas. Como sea debe ser tendencia. Su estrategia se basa en convertir cualquier asunto en un conflicto político, ya que su principal combustible será la atención. La respuesta más eficaz para este galimatías puede ser mucho más sencilla, como lo es gobernar. Es importante evitar convertir a esta estructura en un interlocutor privilegiado. Es esencial abstenerse de participar en su dinámica comunicativa cotidiana. No se debe permitir que la agenda de la izquierda prevalezca. Es fundamental no responder a cada provocación. La centralidad política otorgada por las urnas no debe ser transferida a ellos a través de otros medios.
La invisibilización política no debe ser confundida con censura. No se debe obstaculizar su capacidad de expresarse, cuestionar, divulgar información o denunciar situaciones. El concepto implica un enfoque más democrático, permitiendo la expresión sin que el Estado convierta cada declaración en un asunto de interés nacional. Que expresen sus opiniones. Y que el Gobierno ejerza su labor de manera eficiente. La auténtica respuesta al progresismo no debe escribirse en X ni construirse mediante enfrentamientos interminables frente a una cámara. Es necesario que se observe en las vías públicas, hospitales, colegios, carreteras, empresas y los hogares colombianos.
Si el Gobierno de Abelardo de la Espriella desea demostrar que Colombia ha tomado la dirección correcta, es esencial que lo haga con resultados concretos. La recuperación de lo deteriorado, la corrección de lo que no ha funcionado y la reconstrucción de la confianza institucional son pasos fundamentales para alcanzar el éxito. Asimismo, es crucial evitar la percepción errónea de que todos los esfuerzos previos han sido infructuosos. Un enfoque de gobierno serio implica preservar las prácticas efectivas y transformar aquellas que hayan resultado infructuosas.
Por su parte, el progresismo se enfrenta a la tarea significativa de realizar una autocrítica profunda, que va más allá de inventar ministerios sin ministerio. Reconocer errores. Entender las razones detrás de la derrota. Gustavo Francisco Petro Urrego, Iván Cepeda Castro y su séquito de aduladores deben aceptar que gobernar resulta infinitamente más complejo que protestar contra quienes gobiernan. La reconstrucción de su imagen como una oposición respetable y su potencial reconversión en una alternativa de poder son posibilidades que deben tomarse en consideración. Mientras se mantenga una preferencia por la escenografía, la victimización y la confrontación permanente, se contribuirá a perpetuar la derrota. La piromanía política requiere de un combustible constante. Colombia no está obligada a proporcionarlo.
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