Hay frases que, de tanto repetirse, dejan de cuestionarse. “Debería haber una ley” es una de ellas. Aparece en conversaciones cotidianas, en debates públicos y, cada vez más, en redes sociales. Basta con que algo incomode, moleste o parezca injusto para que alguien proponga, casi automáticamente, regularlo.
A primera vista, suena razonable. Después de todo, las leyes existen para ordenar la convivencia. Pero esa intuición es más peligrosa de lo que sugiere. Decir “debería haber una ley” no se limita a expresar una opinión: conlleva el uso de la fuerza, aunque sea indirecta, como mecanismo para abordar ese problema.
Y ahí es donde conviene detenerse.
No todo problema social requiere una solución legal. De hecho, muchos de los conflictos cotidianos que enfrentamos han sido históricamente gestionados a través de convenciones sociales, acuerdos voluntarios, reputación o simples decisiones individuales. Convertir cada incomodidad en una cuestión jurídica, lejos de sobrecargar el sistema legal, desplaza responsabilidades que pertenecen a la esfera personal o social.
Además, se perpetúa una ilusión: creer que legislar equivale a subsanar. La realidad es mucho más compleja. Las leyes no operan en el vacío: interactúan con incentivos, comportamientos y contextos que no siempre pueden controlarse. Por eso, con frecuencia, terminan generando efectos no previstos: mercados informales, evasión, distorsiones económicas o incluso nuevas injusticias.
La historia está llena de ejemplos en los que la regulación bien intencionada derivó en resultados contraproducentes. Sin embargo, la reacción instintiva sigue siendo la misma: ante el problema, más ley. Como si la norma, por el simple hecho de su existencia, tuviera la capacidad de transformar la realidad sin costos ni consecuencias.
Aun así, legislar no es gratis. Cada ley implica restricciones, burocracia y, en última instancia, sanción. Es decir, implica poder. Y cuando ese poder se expande sin una reflexión crítica, lo que se erosiona no es solo la eficiencia de las soluciones, sino también el espacio de libertad individual.
Esto no significa que las leyes no sean necesarias. Lo son. Una sociedad libre exige un marco jurídico claro que proteja derechos fundamentales y garantice el cumplimiento de reglas básicas. El problema surge al perderse la distinción entre lo que debe regularse y lo que puede (y debería) resolverse sin coerción.
El verdadero cambio quizá no esté en dejar de legislar por completo, y pase por aprender a hacer una pausa antes de pedir una nueva ley. En preguntarnos si realmente es necesaria, si funcionará en la práctica y si existen alternativas menos invasivas.
Porque, al final, la cuestión no es cuántas leyes podemos crear: es cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar cada vez que, casi sin darnos cuenta, decimos “debería haber una ley”.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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