La falsa democratización de Publindex 2026: inclusión sin igualdad en la evaluación de revistas científicas colombianas

“el Publindex 2026 no democratiza de manera efectiva la evaluación de las revistas científicas en Colombia, porque conserva intacta una estructura de prestigio que sigue subordinando la excelencia a índices citacionales privados e internacionales. Aunque esos estándares pueden ser útiles como referentes, no deberían convertirse en la medida predominante para valorar una producción científica atravesada por profundas desigualdades territoriales, institucionales y disciplinares. En consecuencia, la discusión no debería limitarse a ajustar criterios de clasificación, sino a impulsar una política pública que fortalezca de manera efectiva las capacidades editoriales, técnicas, económicas y académicas de las revistas nacionales. Solo en esas condiciones será posible reconocerlas no solo por su validación externa, sino también por su contribución real al conocimiento científico del país, a los problemas de sus territorios y a la consolidación de comunidades académicas diversas”

Profesora titular de la U de A.

El Índice Bibliográfico Nacional Publindex es el sistema oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia encargado de evaluar, reconocer y clasificar las revistas científicas nacionales, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), este instrumento permite valorar la calidad editorial, la visibilidad y el impacto de las publicaciones científicas, así como generar información estratégica para la toma de decisiones de los actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, 2026). En ese sentido, no se trata únicamente de un dispositivo técnico de ordenamiento editorial, sino de un mecanismo que distribuye legitimidad académica, jerarquiza trayectorias institucionales y orienta, de manera indirecta, las prácticas de producción y circulación del conocimiento en el país. La Resolución 0336 de 2026, mediante la cual se abre la convocatoria para la clasificación y reconocimiento de revistas científicas nacionales con base en el modelo Publindex 2026, se presenta como una respuesta a reclamos históricos del sistema científico colombiano: mayor democratización del conocimiento, reconocimiento de la diversidad editorial, ampliación de las oportunidades para revistas medianas y pequeñas, reducción de las brechas regionales y fortalecimiento del acceso abierto. Sin embargo, una lectura más detenida de la arquitectura del modelo sugiere que dichas promesas son, en gran medida, limitadas y contradictorias.

En efecto, el diagnóstico que acompaña la convocatoria identifica problemas reales del ecosistema editorial colombiano. Entre ellos, la alta concentración territorial de las revistas clasificadas, la escasa presencia de publicaciones procedentes de regiones periféricas y la histórica desventaja de las revistas jóvenes o institucionalmente frágiles frente a las con mayor consolidación. Reconocer estas asimetrías constituye, sin duda, un paso importante. No obstante, el problema central no radica en el diagnóstico, sino en la naturaleza de la solución propuesta. El modelo afirma querer corregir desigualdades estructurales, pero conserva como núcleo de su sistema de validación los mismos mecanismos que históricamente han contribuido a reproducirlas. En otras palabras, el Publindex 2026 menciona la exclusión, pero no modifica de manera suficiente las condiciones que la producen.

Así, la primera gran tensión del modelo radica en que sigue asignando la máxima categoría a las revistas según criterios definidos por sistemas internacionales privados de indexación y medición. Aunque Minciencias invoca democratización, inclusión y pluralidad, la clasificación de mayor prestigio sigue descansando, de manera decisiva, en la validación otorgada por Web of Science y Scopus, así como en sus sistemas de jerarquización derivados, como JCR y SJR. Esta dependencia no es un asunto meramente operativo. Tiene implicaciones epistemológicas, políticas y geopolíticas. Supone, en la práctica, que la calidad de una revista científica colombiana adquiere su máxima legitimidad cuando es reconocida por circuitos de indexación construidos fuera del país, administrados por conglomerados privados y diseñados con lógicas de mercado, que no corresponden a las condiciones lingüísticas, institucionales ni presupuestales del ecosistema científico nacional.

Desde esta perspectiva, el problema del modelo no consiste solo en que adopte indicadores internacionales, sino en que les otorga un estatuto normativo superior. Es decir, no los emplea como una fuente posible entre varias, sino como el estándar más alto de calidad. Ello implica que la autonomía del sistema nacional de evaluación queda restringida, pues la definición de la excelencia se terceriza en plataformas externas que operan con sus propios criterios de visibilidad, impacto y prestigio.

Esta contradicción se vuelve aún más evidente en la denominada Fase II del modelo. Los requisitos allí establecidos muestran que se privilegia una idea de calidad basada en la externalización progresiva de los vínculos editoriales. Se exige, entre otros criterios, un límite a la participación de autores de la institución editora, una alta proporción de miembros externos en los comités editorial o científico, la presencia de perfiles con determinados niveles de reconocimiento y una composición igualmente externa del cuerpo de pares evaluadores. Considerados de manera aislada, estos requisitos pueden justificarse en nombre de la independencia editorial, de la pluralidad de perspectivas o de la prevención de conflictos de interés. El problema surge cuando tales condiciones se convierten en un principio generalizado de valoración y terminan por asociar la cercanía institucional con una sospecha estructural de baja calidad.

Aquí conviene hacer una precisión que, en muchos debates sobre Publindex, suele quedar insuficientemente desarrollada: la exogamia no es, en sí misma, equivalente a la calidad, del mismo modo que la proximidad institucional no equivale automáticamente a endogamia improductiva o a captura editorial. Una revista puede estar sólidamente vinculada a su universidad, a su comunidad disciplinar o a su contexto regional y, aun así, mantener altos estándares académicos, procedimientos de evaluación rigurosos y una contribución intelectual significativa. El modelo, sin embargo, parece operar bajo una presunción inversa, ya que cuanto más distante esté una revista de su base institucional, más confiable resulta. Esta lógica no solo simplifica excesivamente la complejidad de los procesos editoriales, sino que además desconoce que, en países con fuertes desigualdades territoriales e institucionales, las revistas universitarias y regionales suelen desempeñar funciones de articulación académica. Son espacios de formación, de consolidación disciplinar, de debate público y de construcción de comunidades de conocimiento. Reducir su evaluación a un cálculo de la exterioridad institucional implica invisibilizar esa función.

A ello se suma que se exigen estándares cada vez más altos de trazabilidad editorial, gestión de procesos, internacionalización, visibilidad e inserción en redes externas, sin que exista una política robusta de fortalecimiento presupuestal capaz de permitir que las revistas más vulnerables alcancen esas metas en condiciones reales de equidad. La consecuencia es paradójica: el modelo afirma querer incluir a revistas emergentes, pero las evalúa como si ya dispusieran de las capacidades de las revistas consolidadas. En vez de corregir la desigualdad de partida, la presupone resuelta. Así, la inclusión que se anuncia termina descansando sobre exigencias que muchas publicaciones regionales o pequeñas difícilmente pueden cumplir sin apoyos diferenciados.

La Fase III reafirma explícitamente la estructura jerárquica del modelo. En esta etapa, las revistas con cuartil vigente en los índices bibliográficos citacionales reconocidos, Journal Citation Reports (JCR) y SCImago Journal Rank (SJR), heredan automáticamente esa ubicación y son homologadas así: A1 si están en Q1, A2 si están en Q2, B si están en Q3 y C si están en Q4. Las revistas nacionales incluidas en SJR, en Emerging Sources Citation Index (ESCI) o en las bases de Web of Science Core Collection —SCI-E, SSCI y AHCI— pueden ser incorporadas de oficio, incluso sin haberse postulado directamente en la convocatoria. En contraste, las revistas que no cuentan con cuartil en JCR o SJR no acceden a esa homologación automática y deben seguir la ruta del ICM, que solo les permite aspirar a la categoría B si se ubican en el 20 % superior de su subárea, o a C si quedan entre el 20,1 % y el 40 % superior; si solo superan las Fases I y II, quedan como “Reconocidas” (Minciencias, 2026). En términos concretos, esto significa que el modelo no crea una sola vía de evaluación, sino dos regímenes desiguales de indexación: una vía directa, más ventajosa, para las revistas ya validadas por JCR, SJR o Web of Science, y otra restringida para las demás, cuyo techo clasificatorio está fijado de antemano en las categorías B o C.

Es en este punto donde el Índice de Combinación de Métricas (ICM), considerado una de las innovaciones más importantes del modelo, requiere una evaluación cuidadosa. En la narrativa oficial, el ICM aparece como un mecanismo capaz de reconocer el impacto de revistas no indexadas en índices bibliográficos citacionales, incorporando variables de citación, visibilidad, integridad editorial y apertura. A primera vista, ello parecería indicar un giro hacia una valoración más plural. Sin embargo, al examinar su lógica, se advierte que el ICM no altera el paradigma bibliométrico de fondo, sino que lo reconfigura. El peso predominante de indicadores como el H5 normalizado, junto con el valor asignado a la presencia en sistemas de indexación y resumen, muestra que la noción de impacto sigue anclada prioritariamente en la citación y en la inscripción en circuitos de visibilidad formal.

El problema no es que se usen métricas, sino qué tipo de realidad académica esas métricas logran capturar y cuál dejan por fuera. El ICM, tal como está formulado, no parece valorar de manera decisiva la función pública de una revista, su contribución a las agendas nacionales, su capacidad de intervenir en problemas territoriales concretos, su circulación efectiva en comunidades académicas hispanohablantes o su papel en la consolidación de campos de conocimiento aún periféricos en términos de citación internacional. Dicho de otro modo, el modelo amplía el repertorio técnico de medición, pero no modifica lo suficiente el horizonte de lo que considera científico. El pluralismo anunciado termina siendo, en gran medida, un bibliometrismo ampliado, no una transformación sustantiva del criterio de calidad.

La limitación más significativa del ICM, sin embargo, no radica únicamente en sus componentes, sino en su alcance jerárquico. Según la estructura del modelo, esta ruta no permite a las revistas alcanzar las categorías máximas del sistema. Así, una publicación nacional puede mostrar un desempeño editorial sólido, una incidencia disciplinar importante y una función estratégica dentro de su subárea, pero si no cuenta con un cuartil en JCR o SJR, encuentra de antemano restringido su horizonte de ascenso, solo obtiene una categoría B o C. La inclusión, entonces, es real solo en el plano administrativo; no lo es en el de la igualdad ni en el de la redistribución efectiva del prestigio académico.

Un argumento similar puede formularse respecto del paso de las seis áreas de la OCDE a dieciséis campos de conocimiento definidos por MinCiencias. Esta modificación constituye, sin duda, una mejora relativa respecto del esquema anterior, pues busca comparaciones más cercanas entre revistas con dinámicas disciplinares menos disímiles. No obstante, conviene no sobrestimar su alcance. La multiplicación de campos no resuelve por sí sola la heterogeneidad radical que existe entre disciplinas en términos de ritmos de publicación, lenguas de circulación, culturas de citación, escalas de colaboración, formatos de producción y modos de reconocimiento. En consecuencia, aunque el modelo amplía los campos de comparación, sigue evaluando, bajo una misma lógica general, revistas de áreas muy distintas. El problema de fondo persiste, ya que se sigue aspirando a normalizar realidades editoriales profundamente diversas mediante un marco común que continúa privilegiando ciertas formas de visibilidad y de rendimiento académico sobre otras.

Ahora bien, la introducción de la categoría de revista “Reconocida” también debe analizarse con cautela. En el discurso de Minciencias, esta figura aparece como una herramienta para visibilizar publicaciones que cumplen con determinadas fases del proceso, aunque aún no alcancen una clasificación completa. En principio, ello podría interpretarse como una apertura institucional valiosa, pues evita la lógica binaria entre la clasificación y la exclusión absoluta. Sin embargo, la revista “Reconocida” solo figura en el registro; se le otorga existencia administrativa y visibilidad formal, pero no una posición equivalente en la jerarquía del sistema de revistas indexadas. Por ello, más que una categoría democratizadora, podría entenderse como una figura de contención, ya que amplía el perímetro del sistema sin alterar significativamente su estructura piramidal.

De esta manera, el Publindex 2026 no rompe con la lógica histórica de dependencia que ha marcado la evaluación científica en países periféricos como Colombia. Aunque reconoce la exclusión regional, no modifica de manera suficiente las condiciones institucionales, económicas y editoriales que la reproducen. Aunque invoca la diversidad del ecosistema editorial, mantiene una estructura jerárquica en la que el máximo reconocimiento sigue dependiendo de los índices internacionales y el factor de impacto. Aunque incorpora nuevos indicadores, el valor de las revistas sigue siendo medido principalmente por la citación. Y es importante aclarar que la crítica al Publindex no implica rechazar toda forma de medición ni negar la utilidad de algunos estándares internacionales. El problema no es que las revistas sean evaluadas, sino el tipo de evaluación que el modelo privilegia y las jerarquías que reproduce. Una política verdaderamente democratizadora debería revisar de fondo qué se entiende por mérito editorial, qué tipos de contribución académica se consideran valiosos y bajo qué criterios una revista nacional puede ser reconocida como excelente sin depender de manera subordinada de infraestructuras externas de validación.

Finalmente, puede afirmarse que el Publindex 2026 no democratiza de manera efectiva la evaluación de las revistas científicas en Colombia, porque conserva intacta una estructura de prestigio que sigue subordinando la excelencia a índices citacionales privados e internacionales. Aunque esos estándares pueden ser útiles como referentes, no deberían convertirse en la medida predominante para valorar una producción científica atravesada por profundas desigualdades territoriales, institucionales y disciplinares. Las distintas áreas del conocimiento no producen, circulan ni son citadas de la misma manera; por eso, someterlas a parámetros homogéneos no corrige las asimetrías del sistema, sino que puede reforzarlas al invisibilizar la diversidad de sus temporalidades, lenguajes, públicos y formas de contribución. En consecuencia, la discusión no debería limitarse a ajustar criterios de clasificación, sino a impulsar una política pública que fortalezca de manera efectiva las capacidades editoriales, técnicas, económicas y académicas de las revistas nacionales. Solo en esas condiciones será posible reconocerlas no solo por su validación externa, sino también por su contribución real al conocimiento científico del país, a los problemas de sus territorios y a la consolidación de comunidades académicas diversas.