Vivanco, director de Human Rights Watch Américas, ha defendido con fervor la privación de la libertad de Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema. Alega que «es la mayor prueba de fuego para el estado de derecho en Colombia en la última década» y que «quienes apoyan la democracia en América Latina—y en especial quienes han visto con sus propios ojos la destrucción del Estado de derecho en Venezuela— deberían respaldar a la Corte, no al expresidente Uribe».
Ejercer la crítica a una decisión judicial es un derecho ciudadano que Vivanco debería defender. Y más en este caso, donde son tantas y tan evidentes las violaciones a derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución. Miremos algunos:
El caso nace de las denuncias por manipulación de testigos que Uribe interpusiera contra Iván Cepeda, cuyo vínculo con la extrema izquierda es de tal naturaleza que las Farc dieron el nombre de su padre, dirigente comunista, a uno de sus frentes. Ese caso lo tenía José Luis Barceló, mencionado en los casetes del cartel de la Toga. Barceló, sin mayor investigación, decide cerrar la investigación contra Cepeda, negándose a practicar muchas pruebas solicitadas y aunque en el expediente obran evidencias de que ofrecía beneficios a testigos y que era donante de una «fundación» que entregó dinero a algunos de ellos. En el auto inhibitorio, 16 de febrero de 2018, en cambio, compulsa copias contra Uribe, el denunciante. Menos de una semana después, el 22, el mismo Barceló abre un proceso contra Uribe, con base en una denuncia presentada ese mismo día por el abogado de Cepeda. Y no hubo reparto, Barceló se asignó a sí mismo la competencia. Además de la sospechosa celeridad, única en la historia, la violación al principio de imparcialidad es evidente. No podía conocer de la denuncia contra Uribe el mismo magistrado que había compulsado copias contra él.
La Suprema le ocultó por cinco meses el proceso contra él, aunque Uribe solicito información a la Corte en sendos derechos de petición. El argumento que ha dado Barceló es estúpido y mentiroso. Dice que no informó del proceso porque era «contra persona indeterminada». Si fuera así, la Corte no tenía competencia porque solo puede investigar aforados. Y si sabía que era contra un aforado, Uribe, tendría que haberlo informado para no violar sus derechos. Solo lo notificó el 24 de julio.
Después, Uribe pidió en dos ocasiones que la Corte lo recibiera en versión libre y, en contra de lo usual, no se lo aceptaron. Solo lo vinculó al proceso en indagatoria del 08 de octubre de 2019. Mientras tanto, la Corte practicó innumerables pruebas sin presencia de los abogados de Uribe, en evidente violación del principio de contradicción, indispensable para asegurar el derecho de defensa de todos los investigados penalmente. Las pruebas más importantes que alega la Corte contra Uribe se realizaron en este período, incluyendo los interrogatorios de Monsalve, Deyanira y Caliche, la base del proceso. La Corte no le ha permitido a la defensa contra interrogarlos. En cambio, se ha negado a recibir al menos seis testimonios muy importantes solicitados por Uribe, entre otras pruebas no practicadas.
La Corte, además, ha filtrado de manera sistemática información segmentada, incompleta y escogida, con miras a generar en la opinión pública la idea de que Uribe es culpable, en clara violación al principio de reserva sumarial, fundamental para la presunción de inocencia de los investigados.
Como si todo lo señalado fuera poco, a Uribe se le interceptó el teléfono ilegalmente, no en el marco de su proceso sino en uno contra un parlamentario chocoano, Nilton Córdoba, que nada tiene que ver con Uribe. Cuando se hizo pública esta interceptación, Barceló dijo que había sido un error porque, dice, Córdoba habría dado en su versión libre el celular de Uribe como propio. El congresista juró «por su madre» que no era cierto lo sostenido por Barceló y señaló que era muy fácil comprobarlo: su declaración ante la Corte fue en mayo de 2018 y las interceptaciones en marzo y abril. Más grave aún, hay pruebas de que la Suprema sabía desde antes de la interceptación que el celular era de Uribe: se lo dijeron Movistar y un oficio de los mismos investigadores judiciales de la Corte. Tampoco les sirvió que después Oscar Álvarez, el funcionario a cargo de las interceptaciones, a los pocos días de empezarlas, les informara que quien habla era Uribe y no Córdoba. Una chuzada vulgar y escandalosa que la Corte no tuvo reparo en «legalizar» aunque fuera una prueba nula.
Tampoco tuvo pudor la Corte en violar, no una sino múltiples veces, la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, un derecho fundamental como pocos. No conozco antecedentes similares. Y podría seguir con la lista de violaciones a los derechos de Uribe y con los ejemplos de violaciones al debido proceso, como los relacionados con conflictos de interés de los magistrados o con la arbitraria privación de su libertad sin justificación legal ni fáctica y con la existencia de otras medidas distintas que eran conducentes para el propósito que alega la Corte. Pero no tengo espacio.
No, Vivanco, no queremos que la Corte sea uribista. En un estado de derecho debe ser imparcial. Exigimos que no sea antiuribista, que es cosa muy distinta. No, no buscamos privilegios para el Uribe. Nadie está por encima de la ley. Pedimos que se le respeten sus derechos y el debido proceso. No, acá no está en juego la independencia de la rama judicial. La que vulnera el estado de derecho es la Corte, que se comporta como las chavistas, violando derechos fundamentales y persiguiendo a sus contradictores por venganza y por motivos políticos. Lo que esperamos es que usted haga su tarea de procurar la defensa de los derechos humanos de todos, aunque le sean antipáticos o no comulguen con sus preferencias ideológicas, o que al menos se preocupe por la violación de los derechos de representación democrática de los 855 mil electores a quienes la Suprema deja sin voz al privar arbitrariamente a Uribe de su libertad.
Comentar