«La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.» – Proverbio indígena.
Para el Colombiano de a pie, en su saber y entender, cree que Colombia comienza en punta gallina; pero no sabe que desde el ultramar, es donde inicia la soberanía Colombiana con un archipiélago bañado de caribe, alejado de las costas colombianas; pero creyendo aún en los colores patrios y el amor por los suyos.
Pero sin sonar querellante típico de país en desarrollo; en donde solo se plantean los problemas, hoy el debe abanderar con ahínco su preservación, y entender que no hay otro momento.
El Archipiélago de San Andrés y Providencia, está inserto en el complejo contexto climático del Caribe colombiano, y se erige como un ejemplo paradigmático de los desafíos derivados de la crisis climática. Y es por ello la necesidad imperante de abordar de manera meticulosa y equitativa estos retos se vuelve más apremiante ante la reciente experiencia devastadora del huracán IOTA en 2020.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siendo una de las regiones más afectadas por los impactos climáticos, tiene un fundamento jurídico sólido para buscar justicia climática en instancias internacionales. La elevación del nivel del mar, eventos climáticos extremos y la acidificación oceánica constituyen amenazas que demandan acciones específicas y, cuando la situación lo amerite, recurso a las vías judiciales internacionales.
Es necesaria la presentación ante la Corte Internacional y debe sustentarse en la necesidad apremiante de proteger a la población isleña, dentro de ella su comunidad Raizal, cuya contribución mínima a las emisiones de gases de efecto invernadero contrasta fuertemente con las repercusiones desproporcionadas que enfrenta. El argumento central radica en la responsabilidad compartida de la comunidad internacional para mitigar los efectos climáticos y apoyar la adaptación de áreas vulnerables, aseverando que el principio de equidad debe regir cualquier decisión al respecto, hay que actuar de inmediato.
La equiparación en el enfrentamiento de la crisis implica no solo la asistencia financiera y tecnológica, sino también el compromiso serio de reducir las emisiones globales. El archipiélago de San Andrés debe abogar por un enfoque comprehensivo que no solo se centre en la reparación de daños previos, como los ocasionados por el huracán IOTA, sino que también contemple medidas preventivas y de adaptación a largo plazo.
Este caso podría establecer un precedente relevante para otras regiones insulares y vulnerables del mundo, proyectando la lucha por la justicia climática como una responsabilidad tanto local como global. Además, la Corte Internacional podría ser un instrumento estratégico para destacar el abandono histórico por parte del gobierno central, cuestión que refuerza la argumentación sobre la responsabilidad compartida y la necesidad de acciones inmediatas.
Para concluir y que entendamos, la demanda de justicia climática por parte del archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina no solo tiene una base jurídica sólida, sino que también sirve como recordatorio incisivo de la urgencia de abordar los problemas climáticos desde una perspectiva global y equitativa. La Corte Internacional es una herramienta invaluable para catalizar cambios significativos y garantizar un futuro sostenible para las generaciones futuras en el Archipiélago.
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