Hemos terminado mirando los colegios desde lejos, por entre la reja de las pruebas internacionales. Evalúan a nuestros estudiantes y comienzan las preguntas a los expertos y los funcionarios. Y los juicios sobre los profesores. También aparecen los datos de cobertura y las fotos de los edificios (¡mega colegios!) que se han construido durante las últimas décadas. Pero casi nadie se asoma a los salones, a los cuadernos, a las planillas obligatorias, a los procesos disciplinarios, a las casas de los estudiantes, a las fichas de la policía de infancia y adolescencia que ya es protagonista en los recreos.
Tal vez nuestras ciudades no tengan un espacio más complejo y que plantee más retos que los colegios públicos. El embarazo adolescente es una plaga que sigue creciendo, los homicidios son cada vez más un asunto de menores de edad y la deserción implica una promesa de trabajo para muchos jóvenes que desprecian el discurso escolar y cualquier tipo de autoridad. Una pequeña charla con un rector y profesores de colegio termina siempre en la Fiscalía. Luego de casi una década de laxitud extrema frente a los alumnos, la ley ha intentado volver a poner orden en los salones con la ayuda del ICBF y la policía. Los profesores declaran en procesos penales y los rectores están obligados a denunciar las “fechorías” que rayan el código penal. Al rector no le vendría mal la estrella del Sheriff.
Mientras tanto la ley y los acuerdos municipales se han encargado de convertir a los colegios en una especie de miscelánea de discursos, de modo que los profesores terminan obligados a los oficios varios frente al tablero. En el Concejo distrital avanza el acuerdo para crear la “Cátedra Bogotá” que incluirá temas de educación sexual, educación vial, prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, prevención de la corrupción, prevención de la violencia de género y estudiantil, cultura de paz y protección del medio ambiente. La idea es que todos discursos se trabajen de manera “transversal” con las clases tradicionales. O sea Física y educación sexual, matemática y prevención de la corrupción, biología y medio ambiente, español y cultura de paz. En Medellín se dicta también emprendimiento, competencias ciudadanas, afocolombianidad y otras tantas arandelas que le han corrido el butaco a la geografía y la historia, por decir algo. De modo que los alumnos oyen un sermón sobre el respeto a la diferencia y la vitalidad de los pueblos negros pero no saben dónde queda el río Atrato.
En ocasiones, detrás de ese afán por enseñar a ser buenos y a cruzar la calle, ha llegado el enjambre de los oenegeros que suelta el discurso y cobra el cheque. Los profesores se hacen a un lado y llenan las planillas para que la burocracia de las secretarías de educación sienta que todo marcha según el cronograma en la oficina. En el peor de los casos quienes dictan las cátedras ciudadanas son apoyados por los pillos que imponen sus reglas en presupuestos participativos. El combo de la cuadra termina editando la cartilla sobre prevención de la ilegalidad.
Pero si las leyes no arreglan los resultados es necesario encontrar soluciones con apariencia de autoridad. Se inventan entonces dos horas más para profesores sin salón o proponen, como es el caso de la Más Educada, que les descuenten el tiempo de los recreos. No importa que deban servir de guardianes y testigos en juicios penales. Valdría la pena una semana obligatoria para políticos y burócratas en los patios escolares.
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