En vísperas de la primera vuelta presidencial, en el mes de abril, el país conoció lo que en su momento se pudo ser el escándalo que enterrara las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro: su campaña mantenía negociaciones con criminales recluidos en la cárcel La Picota, entre ellos, extraditables, para lograr su apoyo a cambio de lo que eufemísticamente fue calificado como “el perdón social”.
Sin embargo, la efervescencia del tan grave escándalo duró menos de lo que pudiera esperarse en una sociedad consciente y respetuosa de un mínimo de límites legales, morales y éticos en el ejercicio de la política. Para vergüenza del país, la opinión pública asimiló la disparatada y cínica justificación ofrecida por la campaña petrista para lo que mejor sería conocido como el “Pacto de la Picota”. El perdón social supondría la concesión de beneficios judiciales a las estructuras criminales y sus patrimonios ilícitos, sin ninguna discriminación, incluyendo a quienes continuaron o retomaron las armas y el negocio del narcotráfico tras el Acuerdo entre el Gobierno de Santos y las FARC. Como era de esperarse, y fue denunciado en su momento, las estructuras criminales de todo tipo concretaron el apoyo a la candidatura de Petro, mediante presión a las comunidades en las regiones en que ejercen influencia.
En lo que lleva de presidente, Petro ha puesto en evidencia el real alcance del escandaloso “pacto”: prohibió la erradicación forzosa de cultivos ilícitos; anunció un cambio en la política antidrogas que garantiza la no extradición, la legalización de patrimonios ilícitos y la no lucha directa contra las estructuras criminales; ha promovido internacionalmente un discurso justificando la droga, tan delirante como el que ofreció en la Asamblea de la ONU, afirmando que el carbón y el petróleo son más nocivos que la cocaína; prácticamente prohibió el bombardeo de objetivos lícitos; y ha impulsado una serie de iniciativas que buscan la legalización total de la droga y la impunidad para quienes intervienen en todas las fases de su negocio.
Con motivo de la discusión del Proyecto que amplía la vigencia y modifica la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), los Congresistas y el país conocieron las pretensiones del Gobierno Petro, de conferirse plenos y absolutos poderes para establecer el régimen jurídico aplicable a los integrantes de los grupos al margen de la Ley y las estructuras del crimen organizado que se acojan a su paz total, sin necesidad de someterlo a la aprobación del Congreso de la República; ni Santos se atrevió a tanto. El Proyecto no consagra disposición alguna que garantice o, por lo menos, desincentive el rearme o el cambio de nombre de estas estructuras y grupos armados, lo que conllevará a perpetuar el ciclo de violencia que ha padecido el país.
Pero además, incluyeron la posibilidad de poner en libertad a los integrantes de la Primera Línea que están siendo procesados por crímenes cometidos durante el caos que el propio Petro y quienes hoy lo acompañan en el poder provocaron para desestabilizar al Gobierno anterior. Según lo proponía Petro, además, tendría poderes para “indultarlos” sin distingo de la naturaleza y gravedad de sus crímenes, desconociendo que la Constitución Política sólo lo faculta para hacerlo en relación con delitos políticos (Artículo 201 numeral 2º), no comunes como es el caso de los procesados y condenados por tales hechos.
En este mismo Proyecto, se proponía asestar un golpe mortal al servicio militar obligatorio, al establecer como alternativa el denominado “Servicio Social para la Paz”; valga decir que una reforma de este tipo, requiere acto legislativo, porque reforma directamente el artículo 216 de la Constitución Política vigente.
Por ahora, en Plenaria de Senado, lograron eliminarse los artículos en favor de la Primera Línea, los que minaban el servicio militar obligatorio, y las facultades al Gobierno para establecer el marco normativo de las negociaciones y el sometimiento, sin necesidad de pasar por el Congreso. La batalla legislativa continúa, pero por ahora queda claro, que la Paz Total de Petro, lo único que asegura, para desgracia de los colombianos, es la impunidad total para los criminales.
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