“La validez o justificación de las reclamaciones de los manifestantes en ningún caso se puede convertir en patente de corso para adelantar vías de hecho contra la institucionalidad. (…) El mal mayor. Pérdida de confianza, deslegitimación del Estado, impunidad y violencia”.
El pasado 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, cerca de 1.200 indígenas de la comunidad embera adelantaron un plantón exigiendo el cumplimiento de los acuerdos logrados en relación con temas de salud, educación y reubicación, entre otros. Una manifestación legítima, y tal vez, necesaria. Sin embargo, la jornada terminó en disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la fuerza pública. En redes sociales circulan videos en los cuales se observa como atacan a integrantes de la Policía en estado de indefensión e intentan tomarse por la fuerza al tradicional edificio Avianca del centro de la capital.
Totalmente triste la situación y las imágenes hablan por sí solas. Resulta claro que no se pueden tolerar este tipo de ataques contra la fuerza pública. Condenables estas agresiones ayer, hoy y siempre. Vengan de donde vengan, pues resulta inaceptable que jornadas de protestas desemboquen en actos de violencia.
La validez o justificación de las reclamaciones de los manifestantes en ningún caso se puede convertir en patente de corso para adelantar vías de hecho contra la institucionalidad. Debemos reflexionar si estamos normalizando la toma de la justicia por mano propia. Además, se pierde la legitimidad en las causas justas. El mal mayor. Pérdida de confianza, deslegitimación del Estado, impunidad y violencia.
Rechazo total y firme a las violaciones de derechos humanos por parte de personas vinculadas a la fuerza pública. Se debe llegar hasta el fondo del asunto en casos como el de la vereda El Remanso en Putumayo. De igual forma, rechazo a estos actos vandálicos y crueles. Las protestas sociales no pueden ser aprovechadas para la comisión de delitos.
El derecho fundamental a la vida es inviolable y en ese sentido la legitimidad y confianza de las instituciones y del Estado social de derecho debe ser la máxima prioridad. El presidente Gustavo Petro, al respecto, señaló que “la ausencia de diálogo siempre genera más violencia (…) nunca será protesta la agresión a un policía”. En la misma línea, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó: “nada justifica la agresión que sufrieron 14 miembros de la Policía a manos de indígenas en Bogotá. Los agresores deben ser judicializados y sancionados”. No podemos perder los mínimos principios de humanidad.
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