Por estos días, el debate sobre el avalúo catastral dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un tema profundamente político, institucional y social. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que advierte que los alcaldes que no acaten sus directrices podrían “salir de inmediato de su cargo”, no solo encendieron alarmas en la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, sino que abrieron una discusión más profunda: ¿estamos frente a una política pública mal ejecutada o ante un intento de imponerla por presión política?
El trasfondo del debate no es menor. El catastro multipropósito, liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, nació como una herramienta necesaria para corregir décadas de desorden territorial, informalidad y desigualdad tributaria. En esencia, es una política correcta. Pero su implementación —como bien lo evidencia el análisis técnico— dista mucho de serlo.
El problema no es actualizar el catastro. El problema es cómo se está haciendo.
Mientras el Gobierno insiste en que el objetivo es que “los ricos paguen más”, la realidad en el terreno muestra otra cosa: incrementos desproporcionados en avalúos rurales, que en muchos casos superan el 500% o incluso el 1.000%. Esto no es una simple corrección técnica; es una transformación abrupta de la base fiscal que golpea directamente a pequeños y medianos productores.
Aquí es donde el discurso oficial empieza a resquebrajarse.
Porque si bien el presidente señala que los alcaldes tienen la potestad de ajustar las tarifas del impuesto predial, también es cierto que estos mandatarios enfrentan una presión estructural: aplicar tasas sobre avalúos inflados genera una carga tributaria difícil de justificar ante comunidades que no han visto mejoras reales en su capacidad productiva.
Y es precisamente en este punto donde las declaraciones del presidente generan mayor preocupación.
En una democracia, los alcaldes no son subordinados del Ejecutivo nacional. Son autoridades elegidas por voto popular, con autonomía administrativa y fiscal. Sugerir que pueden ser removidos “por orden” presidencial no solo contradice principios constitucionales básicos, sino que refuerza la percepción de que se busca imponer una política pública a través de la intimidación, más que del consenso técnico.
La reacción de Asocapitales no es, entonces, un simple choque político. Es una advertencia institucional.
Pero más allá del tono del debate, el problema de fondo sigue siendo técnico. El modelo de actualización masiva y automática del catastro ignora variables esenciales como la productividad real de la tierra, las condiciones agroecológicas y la rentabilidad efectiva de los predios. Esto contradice el espíritu de la política agraria colombiana, que históricamente ha planteado que la tributación rural debe basarse en la capacidad productiva, no en expectativas de valorización.
El resultado es una paradoja peligrosa.
Colombia busca formalizar y fortalecer su sector rural, pero al mismo tiempo implementa medidas que pueden asfixiarlo financieramente. Un campesino que ve multiplicado el valor de su predio en el papel no necesariamente es más rico; pero sí termina pagando más impuestos, accediendo a menos subsidios y enfrentando mayores barreras crediticias.
Es decir, la política termina castigando precisamente a quienes debería proteger.
En este contexto, las palabras del presidente no ayudan a calmar el ambiente. Por el contrario, lo tensionan aún más. Porque cuando una política pública presenta fallas evidentes en su diseño e implementación, la respuesta no puede ser endurecer el discurso, sino corregir el rumbo.
La discusión sobre el catastro multipropósito no debería centrarse en la obediencia de los alcaldes, sino en la calidad de la política. No se trata de quién tiene la autoridad, sino de si las decisiones que se están tomando son técnica, económica y socialmente sostenibles.
Hoy, esa sostenibilidad está en duda.
Y quizás la pregunta más importante que queda en el aire no es si el catastro debe actualizarse —porque claramente debe hacerse—, sino si el Estado colombiano está en capacidad de hacerlo sin trasladar sus errores históricos a los ciudadanos.
Porque cuando la institucionalidad se tensiona, la técnica falla y el discurso se impone sobre la realidad, el riesgo es claro: que una reforma necesaria termine convertida en un problema mayor.
Y en el campo colombiano, como bien sabemos, los errores del Estado no se discuten: se pagan.
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