“Un mes ha sido suficiente para comenzar a confirmar algo que millones de colombianos expresaron en las urnas en 2026, el país necesitaba un giro de 180º. La situación no requería de un milagro. Tras un período de cuatro años caracterizado por la improvisación, el enfrentamiento constante, el deterioro institucional y una preocupante incapacidad para transformar el discurso en gestión, simplemente era necesario la elección de un líder con noción de lo que significa gobernar.”
El desafío de la patria milagro, en esencia, no representaba una dificultad significativa para Abelardo de la Espriella y su equipo de gobierno. Gustavo Francisco Petro Urrego, dejó un país fatigado por una administración que prometió cambios profundos y que, en realidad, demostró una mayor facilidad para la destrucción que para la construcción. La retórica revolucionaria puede ser útil para congregar a multitudes, fomentar el engagement en redes sociales y mantener la militancia activa, sin embargo, no puede reemplazar la administración pública, la seguridad, la confianza de los inversores, la prestación de servicios o el respeto por las instituciones.
Por ello, resulta significativo el lloriqueo persistente de una parte significativa del progresismo. Cada decisión tomada por el nuevo gobierno parece tener un impacto negativo en la ideología de izquierda, cada operación llevada a cabo por la Fuerza Pública es percibida como un retorno a épocas de mano firme, y cada esfuerzo por restablecer el orden es a menudo cuestionado y desacreditado. Es posible que esté ocurriendo algo más simple y directo, y es que después de cuatro años acostumbrados a imponer su relato, se percataron de que Colombia decidió cambiar de página.
La seguridad se presenta como uno de los escenarios en los que se percibe con mayor claridad el cambio. Las Fuerzas Militares y de Policía existen para proteger a los ciudadanos, defender el territorio, perseguir a las organizaciones criminales y garantizar que ningún grupo armado pretenda reemplazar al Estado. Aunque pueda parecer una obviedad, durante los últimos años ha sido necesario discutir incluso este aspecto. Colombia normalizó en gran medida la presencia de estructuras ilegales expandiéndose territorialmente, comunidades sometidas, extorsiones, confinamientos, desplazamientos y grupos al margen de la ley hablando de tú a tú con el Estado mientras los uniformados parecían obligados a mirar para otro lado y permanecer con las manos amarradas. Esto comenzó a cambiar.
Los golpes contra estructuras criminales transmiten un mensaje claro y contundente, pero indispensable, aquellos que desafían al Estado mediante el uso de armas deben ser conscientes de las consecuencias de sus actos. La denominada política de paz nunca puede interpretarse como una aceptación pasiva del delito, ni como una autorización para que las organizaciones armadas fortalezcan sus actividades delictivas mientras continúan las negociaciones. Dicha situación evidencia una de las contradicciones más significativas dentro de la izquierda colombiana. Las reacciones suscitadas por las muertes de alias “Bendito Menor” y alias “La Bebecita” han puesto sobre la mesa una pregunta que el progresismo prefiere evitar, ¿por qué determinadas operaciones contra integrantes de estructuras armadas provocan tal indignación en un sector político que asegura no tener ninguna cercanía con ellas?
De ninguna manera se trata de celebrar la muerte. Un Estado democrático se caracteriza por su compromiso con la aplicación de la ley, la protección de la ciudadanía y la respuesta firme ante cualquier amenaza a la integridad de la población. No obstante, tampoco puede establecerse una narrativa en la que el victimario se desvanezca detrás de una conveniente victimización política cada vez que la Fuerza Pública actúa. La memoria, además, resulta incómoda. Colombia ha sido testigo de las enérgicas defensas de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias, Jesús Santrich y Luciano Marín, alias Iván Márquez, por parte de sectores políticos que hoy buscan desvanecer aquellos episodios de la historia. Capítulo incómodo en el que también se les escuchó dar explicaciones, justificaciones y eufemismos alrededor de organizaciones que siguieron reclutando, extorsionando, traficando y ejerciendo control territorial.
Quienes ahora pretenden presentarse como víctimas de una supuesta sociedad intolerante que, según ellos, no comprendió su “política de la vida”, olvidan que hay quienes sí tienen memoria. El problema radica en que cuatro años de realidad, y la historia beligerante de ellos, tienen un peso mucho mayor que cualquier consigna. El despertar colombiano debe ir más allá de la seguridad. La recuperación de la autoridad debe ir acompañada de la reactivación económica, la estabilidad jurídica y la claridad en las normas que rigen el marco de actuación. La inversión requiere de confianza; el empleo, de empresas capaces de crecer; y ningún país prospera cuando desde el poder se convierte al empresario en sospechoso, al capital en enemigo y al éxito en una culpa que debe ser castigada.
La reconstrucción de sectores afectados durante el experimento progresista debe ser una prioridad. El sistema de salud requiere con urgencia recuperar su capacidad operativa, garantizar su sostenibilidad y ofrecer una atención efectiva a los ciudadanos. La educación debe centrarse nuevamente en su propósito fundamental que es la enseñanza. Es preciso reducir el adoctrinamiento ideológico y fortalecer el conocimiento matemático; disminuir el activismo y fomentar la comprensión lectora; reducir los discursos grandilocuentes y mejorar las competencias científicas, digitales y ciudadanas. Los resultados educativos internacionales en las pruebas PISA deberían suscitar una reflexión seria sobre la calidad, no servir como pretexto para posturas ideológicas. Tal vez por eso existe tanta preocupación en la izquierda que necesita para su proyecto incautos ignorantes sin capacidad crítica.
El problema que enfrenta el progresismo trasciende la mera pérdida de la Presidencia. Su relato del progresismo socialista de izquierda comienza a perder fuerza. Durante años, ha persuadido a un gran número de jóvenes, les hizo creer que en Colombia existe una deuda pendiente, que toda frustración tiene un responsable externo, que la confrontación es una virtud y que actos de vandalismo pueden ser disfrazados como expresiones políticas cuando sirven a intereses específicos. Algunos dirigentes incluso han legitimado discursivamente esta lógica desde posiciones de gran responsabilidad pública. Hoy, este ejército de crédulos comienza a percatarse de que gobernar no se reduce a señalar enemigos, repartir culpas o dividir a la sociedad entre buenos y malos. La gestión efectiva implica la generación de resultados tangibles.
El punto de partida se estableció durante las elecciones presidenciales de 2026. Colombia ha tomado la decisión de modificar su rumbo. Sin embargo, una elección no es suficiente para reparar cuatro años de deterioro ni para inmunizar a una democracia frente a aquellos que aún consideran que las instituciones solo son legítimas cuando ellos las controlan. El siguiente examen está programado para octubre de 2027. Allí, los colombianos tendrán nuevamente la oportunidad de decidir el tipo de país que desean construir desde departamentos y municipios. Ese será el escenario para mostrar que se evaluaron los resultados obtenidos, recuperar los territorios perdidos y, de manera democrática, impedir que aquellos que ya han tenido la oportunidad de demostrar su incapacidad de desligarse de un pasado beligerante vuelvan a acceder al poder.
Un período de treinta días no resulta suficiente para llevar a cabo la reconstrucción de una nación. Pero sí puede bastar para recordar algo que Colombia parecía haber olvidado; cuando el Estado recupera la autoridad, las instituciones vuelven a funcionar. El cambio se hace patente cuando un gobierno se dedica a lo que le corresponde y no a la propaganda ideológica. Aquellos que durante cuatro años proclamaron la transformación, apostaron por vivir sabrosito y sumieron a Colombia en el desastre, están comenzando a percibir que la pérdida de poder duele, pero que el no lograr significar un relato es peor y resulta definitivo para el futuro de sus intereses, el imponer un progresismo socialista de izquierda en el país.
Excelente artículo. Solo se puede agregar; Firmes por la Patria.