La nueva administración del Estado está enviando mensajes de tranquilidad, estabilidad y seguridad jurídica a la inversión extranjera en la exploración y explotación de hidrocarburos; sus antecesores también hicieron gala del Estado serio y cumplidor de contratos, la parte que respeta compromisos con la deuda externa, los tratados de libre comercio y los acuerdos de ayuda militar entre otros. Está muy claro el Estado que cumple estos temas independiente del gobierno que los haya firmado.
Pero cuando se trata de los acuerdos con el pueblo pobre, el Estado no cumple. Hasta ahora, la promesa incumplida ha sido el triste desenlace de todo tipo de acuerdos del pueblo pobre con eso que llamamos Estado colombiano; está muy claro también que faltar a los compromisos de Estado es factor de persistencia del conflicto armado y otras violencias; prometer y no cumplir es un rasgo distintivo de la clase gobernante que a tenido la organización estatal del lado de sus intereses y privilegios.
Cada paro, movilización, protesta o proceso de paz, retoma el Pliego anterior que el Estado firmó y no cumplió; existe un continuo histórico de las agendas populares, siendo ejemplo de esto, el Paro de 2021 cuando presentó en su Pliego el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC EP, el cual a su vez, insiste en agendas históricas; la Convención Campesina convocada por el gobierno incluye esas aspiraciones populares y seguro aparecen en la Paz Total.
Cada nuevo apellido a la Paz es un reimpulso en el anhelo de reducir y desactivar la violencia en Colombia. Independiente de lo que suceda, ya es ganancia que el presidente Petro oriente su administración hacia estos objetivos y seguro vendrán novedades con la Paz Total. Se infiere que el apellido Total busca superar errores y dificultades de los procesos anteriores. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos aprendizajes y reflexiones en clave popular sobre la implementación del Acuerdo de La Habana.
El reto es cumplirle al Pueblo pobre. El gobierno del Cambio genera gran expectativa por el respeto de los acuerdos que sus antecesores intentaron hacer trizas. El Estado Social de Derecho de la Constitución Política de 1991 es una promesa incumplida. De haber ejecutado la Carta Magna, el Contrato Social, lo dictado por el Poder Constituyente, seguro no estaríamos hoy buscando la Paz sino disfrutando de ella. Nunca hubo presupuesto para atender las causas del conflicto social y armado, es decir, para combatir la pobreza, garantizar los derechos y la justicia social.
Por eso preocupa el tijerazo a la reforma tributaria para financiar el programa social del presidente Petro. En medio del debate pudimos observar el poder económico que siempre se ha beneficiado con el Estado que administra los intereses de la burguesía. Ahí vimos al Estado que no cumple con los recursos para intervenir el conflicto social por mantener los privilegios de una minoría enriquecida en medio de este desastre. Y Entonces ¿Cuál Estado firma la Paz Total?
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