“Si el Gobierno Nacional no tiene una estrategia para gestionar la crisis, se termina reaccionando frente a la narrativa que otros ya instalaron y aprovecharon.”
La discusión sobre las cárceles suele empezar por replicar modelos internacionales, reducción del hacinamiento y la construcción de nuevos establecimientos. Sin embargo, es necesario preguntarse: ¿quién tiene el poder dentro de una cárcel? Abelardo de la Espriella desde campaña tuvo un discurso orientado a promover la mano dura en seguridad y la recuperación del control penitenciario. No obstante, el Gobierno Nacional tiene que enfrentar un problema menos visible: el poder de los sindicatos dentro del sistema penitenciario.
Los sindicatos tienen una función legítima: representar a los trabajadores y denunciar posibles irregularidades. Sin embargo, debe existir un límite cuando una denuncia no verificada, exagerada o presentada de manera incompleta llega rápidamente a los medios. Así pues, cambia de ser un asunto laboral a convertirse en una crisis de reputación para el Gobierno Nacional.
Un episodio de las cerca de 300 hamburguesas en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor lo ejemplifica. En primer lugar, se conoció una denuncia sobre el supuesto ingreso irregular de alimentos por parte de la guardia y posteriormente el propio INPEC explicó que se trataba de una actividad autorizada para niños que viven con sus madres privadas de la libertad. No obstante, al momento que llegó la explicación, la conversación pública ya estaba instalada e instrumentalizada por sectores políticos.
El Gobierno Nacional debería preocuparse y generar una estrategia diferenciada, focalizada y anticipatoria cuando una denuncia sindical pone en duda la gestión de una directora, el INPEC y obliga a responder públicamente para neutralizar una percepción de desorden dentro de una institución que debe transmitir autoridad. Aún más, con la narrativa de la presente administración que si lo analizamos desde el punto de vista político y electoral estas acciones pueden generar la erosión de confianza y votos; como bien se dice en finanzas el mayor activo es la confianza.
No es perseguir a los sindicatos ni desconocer derechos laborales. Se trata de tener claro los límites institucionales: un sindicato representa a un grupo de trabajadores, la autoridad penitenciaria la ejerce el Estado. Denunciar una irregularidad es legítimo pero convertir una acusación no verificada en una crisis pública es otra cosa.
Este tema es especialmente relevante para un Gobierno que ha hecho de la seguridad y la autoridad una de sus banderas. Así pues, la mano dura empieza por poner orden en casa primero: un sindicato puede representar a los trabajadores y ejercer control sobre la administración, mas no ser un poder paralelo capaz de definir, mediante presión pública, la agenda de una institución penitenciaria.
Si el Gobierno de Abelardo quiere cumplir su promesa de campaña de recuperar el control de las cárceles, lo debería hacer garantizando una cadena de mando clara dentro del INPEC. Finalmente, lo que hoy es evidente es que cuando una institución que no puede gestionar sus propios conflictos internos, no podrá convencer al país de que tiene el control de sus cárceles. Y los votantes están esperando que las promesas políticas sean realidad.
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