“Si Colombia quiere ampliar el acceso al crédito formal, necesita una metodología de tasa de usura capaz de diferenciar gota a gota el riesgo, para evitar que más colombianos terminen recurriendo al gota a gota.”
Colombia se ha propuesto ampliar de manera importante el acceso al crédito formal. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, planteó recientemente el reto de llevar al 75% la proporción de adultos con crédito, pasando de cerca de 20 millones a 30 millones de colombianos con al menos una obligación formal.
Es una meta ambiciosa y necesaria, pero para alcanzarla no basta con querer prestar más. También hay que revisar algunas de las reglas que determinan a quién se le puede prestar, bajo qué condiciones y a qué precio. Una de ellas es la tasa de usura.
La discusión suele quedarse en si debe subir o bajar, cuando el verdadero debate debería estar en la metodología. No cuesta lo mismo prestar $5 millones que $5.000 millones. Tampoco tiene el mismo riesgo financiar capital de trabajo a una compañía consolidada que acompañar a una pequeña empresa que apenas empieza a construir historial crediticio.
Un factoring respaldado por una factura aceptada por un pagador sólido no se comporta igual que un crédito sin garantía. Una empresa agrícola enfrenta riesgos diferentes a los de una compañía de servicios y un negocio pequeño tampoco tiene la misma estructura financiera de una gran corporación.
El precio del crédito debería reconocer mejor esas diferencias. Colombia ya ha avanzado en esa dirección. Para septiembre de 2026 existen límites distintos según la modalidad de crédito. Mientras la tasa de usura para consumo y ordinario se ubica en 29,24% efectivo anual, en el crédito popular productivo urbano alcanza 88,13%. Entre ambos extremos existen otras categorías de consumo y crédito productivo.
La propia regulación reconoce, entonces, que no todo el crédito puede medirse con la misma vara. El siguiente paso debería ser profundizar esa lógica e incorporar con mayor precisión variables como el tipo de cliente, tamaño de la empresa, monto, producto, plazo, sector económico, garantías y comportamiento crediticio.
No se trata de abrir la puerta a tasas indiscriminadamente altas ni de debilitar la protección al consumidor. El punto es evitar que una regulación pensada para proteger termine excluyendo.
Poner un techo al precio de un crédito no obliga a una entidad financiera a prestar por debajo de ese límite. Si la operación no permite remunerar adecuadamente el riesgo, el costo de capital y los gastos asociados, puede simplemente dejar de hacerse.
Solemos concentrarnos en cuánto paga quien obtuvo el crédito, pero hay otra cifra mucho menos visible como la de quienes fueron rechazados porque la operación dejó de ser viable. Ese cliente no deja de necesitar financiación porque recibió una respuesta negativa.
El tendero sigue necesitando inventario. Una pyme debe pagar nómina. El emprendedor necesita recursos para crecer y una familia puede enfrentar una urgencia inesperada.
Cuando el sistema formal no puede atender esa necesidad aparece alguien más dispuesto a hacerlo. El gota a gota no compite únicamente en precio. Compite en disponibilidad, rapidez y ausencia de requisitos.
Por eso una política seria contra el crédito informal no puede limitarse a combatirlo. También debe preguntarse cómo ampliar las alternativas formales.
Las cifras muestran que hay espacio para hacerlo. La Superintendencia Financiera reportó que la cartera de los establecimientos de crédito cerró 2025 en $763 billones, con crecimiento real en todas las modalidades. Al mismo tiempo, la cartera vencida cayó 16,4% en términos reales anuales y la cobertura llegó a 142%.
Es decir, crecer no necesariamente implica deteriorar la calidad. El verdadero reto está en originar mejor, hacer seguimiento y gestionar adecuadamente el riesgo.
También vale la pena mirar los mitigantes. Una garantía que reduzca efectivamente la pérdida esperada puede mejorar las condiciones de un crédito y hacer viable una operación que, sin esa cobertura, probablemente sería rechazada.
En ese contexto, instrumentos como los del Fondo Nacional de Garantías pueden jugar un papel más relevante. No solamente como respaldo cuando aparece un incumplimiento, sino como herramienta para viabilizar nuevos sujetos de crédito. Si una cobertura disminuye el riesgo, parte de ese beneficio debería poder traducirse en mayor acceso o mejores condiciones para el cliente.
La tecnología abre otra oportunidad. Hoy las entidades cuentan con facturación electrónica, datos transaccionales, centrales de riesgo, Open Finance en proceso, inteligencia artificial y nuevas herramientas analíticas que permiten conocer mejor al cliente, disminuir costos de originación y tomar decisiones con mayor precisión.
Si somos capaces de diferenciar mejor los riesgos, también deberíamos preguntarnos si las reglas que rodean el precio del crédito pueden evolucionar en la misma dirección.
Este debería ser uno de los debates de relevancia en Latam Fintech Market, donde coinciden banca, fintech, Gobierno, reguladores, tecnología y nuevos jugadores alrededor de una discusión común: cómo lograr que más personas y empresas accedan a servicios financieros mejores, más rápidos y competitivos.
Hablar de innovación financiera sin revisar las condiciones bajo las cuales se origina crédito dejaría incompleta esa conversación.
La transformación del sector no ocurre solamente cuando una aplicación mejora o cuando un desembolso pasa de semanas a horas. También ocurre cuando los datos permiten entender mejor el riesgo, cuando la regulación acompaña esa evolución y cuando banca y fintech encuentran formas responsables de atender clientes que antes quedaban por fuera.
Si Colombia quiere que tres de cada cuatro adultos tengan acceso al crédito formal, deberá revisar todas las piezas que pueden contribuir a ese objetivo. La tasa de usura es una de ellas.
No para eliminar los límites ni para escoger arbitrariamente un porcentaje más alto, sino para construir una metodología más precisa, capaz de reconocer mejor el tipo de cliente, su tamaño, el monto, el sector, el producto y los mitigantes disponibles.
El reto no consiste únicamente en aumentar el volumen de crédito. Consiste en ampliar su acceso sin deteriorar la calidad de la originación.
En últimas, necesitamos una metodología capaz de diferenciar gota a gota el riesgo para evitar que, por no encontrar una alternativa en el sistema formal, el colombiano termine recurriendo al gota a gota.
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