El lunes 30 de Julio Transmilenio a través de la Resolución 489 firmada por la “Conchi” Araujo Gerente General, decidió suspender por 30 días calendario la Licitación Pública que pretende renovar la flota de buses y garantizar su operación, esto según la empresa, con la intención de permitir mayor plazo para ampliar la participación de proponentes.
Sin embargo, han sido múltiples los cuestionamientos que se le han realizado al Distrito que versan desde el poco aparente interés para proteger las emisiones contaminantes, hasta comisiones de éxito, pasando por el aumento indiscriminado en el valor del contrato y la forma como se estructuraron los pliegos, entre otros.
Empecemos por el tema ambiental que sin duda es uno de los más taquilleros. Inicialmente los pliegos contemplaban que quienes propusieran la utilización de tecnologías limpias obtuvieran un puntaje adicional de 50 puntos; no obstante, y ante los cientos de voces en este acápite que incluyeron al Ministro de Ambiente, la Procuraduría, la Veeduría, organizaciones sociales y una pequeña porción de los concejales de la ciudad, se aumentó este puntaje a 200, dejando la calificación de los proponentes de la siguiente manera:
- Oferta Técnica (Es decir tecnología de combustible) 200 puntos
- Oferta Económica (Valor de los buses) 700 puntos
- Apoyo a la Industria Nacional (Obligatorio por Ley) 100 puntos.
El cabildante Juan Carlos Flórez calificó de orangután una de las cláusulas que según él, define que le van a dar puntos a las ofertas que incluyan buses con estándares de emisión iguales o inferiores al Euro VI. Eso incluye a los buses Euro V, un estándar descartado en Europa desde 2014”
Resulta entonces importante referenciar que Europa prohibió la venta de buses movidos con este tipo de tecnología, esto basado en que en el año 2012 la Organización Mundial de la Salud clasificó los humos del diésel como agente cancerígeno nivel 1, es decir que tiene relación directa con el cáncer de pulmón.
Si tenemos presente que la mayor carga puntuable está en el valor y que la Licitación procura la compra de 1444 buses y que claramente son más costosos los que mayor tecnología no contaminante tengan, podemos concluir que serán nuevamente los carros rojos movidos a diésel los que inundaran la ciudad.
A estos antecedentes hay que sumarle el cuestionamiento que hizo la Unidad de Planeación Minero-Energética porque Transmilenio incluyó una adenda que obliga a los concesionarios a trasladar los beneficios ambientales tributarios a un fondo de estabilización del Distrito. En carta blanca lo que quiso el gobierno nacional al generar ahorro para incentivar la llegada de vehículos eléctricos e híbridos al País, la Alcaldía de Peñalosa quiere que se les consigne a ellos, acabando de un plumazo con cualquier deseo de pagar buses más costosos y equiparar sus precios con reducción de carga tributaria.
Pero aquí no para todo: Transmilenio pagó 5.603 millones de pesos para la estructuración de la cuestionada licitación. Dos de los tres consultores contratados habían participado también en el fracasado diseño del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Si bien es cierto esto no los inhabilita, si genera dudas sobre su capacidad, máxime cuando el Distrito les garantizará a través de los pliegos que quien gane deberá pagarles una comisión de éxito por 2.200 millones más.
Aún no se entiende por qué el alcalde Peñalosa tomó la decisión de dividir la licitación en dos, una para los proveedores de los buses y otra para contratar la operación de los mismos. Un negocio que desde que en su primera administración se diseño ha sido inequitativo para la capital y que ahora tendrá que lidiar no con uno sino con dos contratistas y que en todo caso pensemos: si se daña uno de estos aparatos ¿quién responderá el dueño, o el que lo maneja y debe hacerle mantenimiento?
En marzo de 2018 los pre pliegos contemplaban un valor inicial de 1,6 billones de pesos y en mayo de este mismo año, cuando se publicaron los pliegos definitivos se proyectó ese valor en 3,5 billones, un incremento del 81%, valor que hubiese podido ser justificado si las características técnicas cambiaran en favor del medio ambiente y en últimas, de la ciudad.
Surgen entonces algunas inquietudes ¿por qué no quiere el Distrito dar el paso definitivo a las tecnologías limpias y amigables con el planeta? ¿Es legal obligar a desviar un incentivo tributario de un particular para las arcas de la Ciudad? ¿Es ético y legal garantizar una comisión de éxito a quien ya recibe un dinero pago por el Estado por su trabajo? ¿Es justo comprar los buses que Europa ya desecha?
Es importante reconocer que la empresa haya decidido suspender temporalmente la licitación; ojalá este tiempo le sirva tanto a su Gerente como al mismo alcalde para reflexionar y recomponer el rumbo de algo que aún no se ha consumado. Y como dice el adagio popular, “soñar no cuesta nada” entonces quien quita que se aproveche esta única posibilidad para renegociar la participación de Bogotá en el negocio, al fin y al cabo, en los últimos 18 años mientras que los operadores recibieron el 72,8% del recaudo, el Distrito que hace y mantiene las carreteras, presta vigilancia y se encarga del aseo de las estaciones tan solo recibió el 4.4%.
