La riqueza generada con las Empresas Públicas de Medellín tiene que regresar al pueblo pobre; EPM explota la generosidad de la naturaleza en esta región, el sudor de sus trabajadores y trabajadoras y el compromiso de los usuarios pagando las altas tarifas; el Grupo EPM se acerca a utilidades de $4 billones de pesos y crece siempre muy por encima del promedio nacional; es la segunda empresa pública más importante de Colombia y su propietario es el municipio de Medellín.
Le toca al pueblo tomar decisiones sobre un esfuerzo mayor de este ahorro público y convertir la Empresa en motor de lucha contra la pobreza y de construcción de paz territorial. Los sectores populares somos la mayoría de los usuarios y hemos sido protagonistas del crecimiento de EPM. El relato según el cual esta riqueza pública es producto de unos prohombres paisas a los cuales aún les debemos, legitima la tradición de decisiones que hoy solo benefician una minoría.
La burguesía paisa capturó la planeación de EPM e impulsa el crecimiento de la Empresa con inversiones públicas que terminan beneficiando sus empresas privadas; han logrado confundir sus intereses con los intereses regionales y convertir esta Empresa Pública, en propiedad de solo algunos antioqueños y antioqueñas. Mientras tanto la mayoría empobrecida convertida en cliente de la Empresa, vive con angustia las altas tarifas producto de la mercantilización del derecho a los servicios públicos domiciliarios, al punto de preguntar ¿o comemos o pagamos?
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La situación social en la zona urbana y rural de la subregión metropolitana del Valle del Aburrá, requiere de un esfuerzo mayor de EPM y debe representar aún más en soluciones al presupuesto para atender la cuestión social de su población, que son sus mismos usuarios. A través de la inversión social y el financiamiento de la lucha contra la pobreza, EPM puede impactar de tal manera que esta subregión de un salto hacia el buen vivir y aporte significativamente a la liberación de la miseria y la violencia.
EPM siempre se escuda en leyes nacional para no tomar decisiones financieras que favorezcan al pueblo pobre; es claro que la norma favorece la apropiación de los excedentes públicos; pero también es cierto la escala local propietaria de la empresa puede tomar decisiones que atiendan el empobrecimiento; la inversión social en la lucha contra la pobreza también genera empleo, ingresos, consumo, bienestar, igualdad, buen vivir y de paso impacta la violencia. Necesitamos unas EPM con P de Pueblo, un viraje al aprovechamiento de esta riqueza en favor de todos y todas, y no de una minoría enriquecida de cuenta de los recursos públicos.
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