Dice el señor gobernador que no sabe si es de derecha, pero que, si ser de derecha significa defender el mercado, entonces él es de derecha. Lo dijo en medio de la discusión provocada por la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien afirmó que el Centro Democrático no es un partido de derecha.
No quisiera detenerme en las dificultades que tiene hoy el Centro Democrático para autodefinirse, justo cuando el escenario político lo protagoniza otra tendencia ubicada más a la derecha que la derecha y, por tanto, diferenciarse empieza a cobrar sentido.
Lo que me llama la atención es la reducción que hace el señor gobernador: ¿qué significa estar a favor del mercado? El mercado es, en sí mismo, un escenario social de interacción. Decir que se milita en el mercado es como afirmar que se milita en un espacio y no en una postura.
El mercado en el que milita el señor gobernador es otro: un mercado idealizado, al que se le han atribuido capacidades casi metafísicas para resolver, por sí solo y sin intervención, los problemas de la sociedad.
Pero el mercado no es una entidad metafísica. Es un escenario de interacción humana en el que confluyen intereses y que rara vez resuelve un problema cuando esa solución no les conviene a quienes tienen la capacidad de controlarlo. Cuando nadie interviene, ese escenario es desigual y asigna soluciones, principalmente, a quienes cuentan con el poder para imponerlas.
En suma, el mercado convertido en idea es la idealización de un espacio en el que se protegen los intereses de los más poderosos, en lugar de construir acuerdos —en ocasiones administrados por el Estado— que eviten que unos intereses se impongan sobre otros.
Esa confianza en el mercado es la que lleva al gobernador y a otros dirigentes de la derecha antioqueña a prender las alarmas por la reversión de la concesión Devimed y por el futuro del mantenimiento y la operación de la infraestructura vial del Oriente antioqueño.
En nombre de la defensa del mercado le entregaron la operación de un servicio público a un privado, que explotó la vía durante tres décadas. Ahora, cuando termina esa explotación, se declaran desamparados, como si la infraestructura pública no pudiera existir sin un operador privado que obtenga renta de ella.
La parte más grave es que ese mercado —al parecer dotado de superpoderes— tampoco logra explicar por qué para mantener una vía se necesitarían recursos semejantes a los requeridos para construirla.
Los operadores privados, que terminan capturando el mercado, son quienes deciden dónde ubicar casetas de peaje que aíslan comunidades. Bajo el relato de financiar infraestructura para grandes recorridos, terminan excluyendo y castigando a las comunidades circundantes, que deben pagar diariamente por transitar dentro de su propio territorio.
Los sacerdotes del mercado que administran esta infraestructura tampoco logran explicar por qué sus números no funcionan solos, por qué existe una distribución inequitativa de las cargas y, sobre todo, por qué defender el mercado termina siendo defender, más que a las comunidades que utilizan la infraestructura, el interés privado de quien obtiene una renta de ella.
Lo importante ahora es que, si el mantenimiento de esas vías se va a financiar con cargo a los peajes, sus tarifas correspondan realmente al servicio prestado. No puede seguir cobrándose como si se estuviera construyendo una infraestructura que ya fue pagada y explotada durante décadas.
La fe en el mercado aplicada a la infraestructura demuestra cómo funciona, en realidad, esa supuesta sabiduría: las cargas tributarias, el trazado de las vías y la distribución de los beneficios terminan favoreciendo siempre los intereses de los mismos.
Por eso, militar en el mercado. En este caso, significa ponerse del lado de la captura privada del interés público.
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