Hace cuatro años, Colombia votó por un cambio. No por un salto al vacío. No por una cruzada ideológica. No por un Gobierno instalado en la confrontación permanente. Mucho menos por un proyecto político que terminara convirtiendo la frustración social en resentimiento institucional. El país eligió una alternativa que prometía corregir las desigualdades históricas, recuperar la legitimidad del Estado y construir una política más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, el balance plantea una pregunta inevitable: ¿qué le dejaron realmente a Colombia cuatro años de progresismo de izquierda?
El entorno y la realidad que actualmente rodean a Colombia desmontan el relato épico que se ha intentado vender desde el poder. El cambio prometido se vio obstaculizado por la improvisación, la ineficiencia administrativa y una visión ideológica que confundió la gobernanza con la lucha contra enemigos ficticios. El resultado de la implementación de estas medidas no ha logrado generar una transformación estructural exitosa, sino que ha ocasionado un incremento en la polarización del país, una mayor desconfianza en sus instituciones y un mayor desgaste político.
El pacto progresista, que inicialmente se caracterizó por su promesa de transparencia, ha sido objeto de escrutinio debido a una serie de controversias. La lucha contra la corrupción se ha visto empañada por denuncias de clientelismo, contratos cuestionables, favores burocráticos y redes de poder enquistadas en el propio gobierno. Ciertamente, lo más preocupante no se limitó únicamente a los actos de corrupción, sino que también se evidenció una preocupante doble moral. Durante años, se ha señalado a otros actores como los responsables de los problemas nacionales, sin embargo, se han terminado reproduciendo las mismas prácticas que se dice combatir. La indignación moral se desvaneció cuando los propios individuos cuestionados fueron los actores de la izquierda.
A esto se sumó el progresivo deterioro de la institucionalidad. El ejecutivo implementó la confrontación como un enfoque de gobierno. El Gobierno abordó a las cortes, el Congreso, los organismos de control, los medios de comunicación e incluso a sectores académicos como obstáculos cuando sus puntos de vista no coincidían con la narrativa oficial. La noción de gobernar ha experimentado una transformación significativa, dejando de ser entendida como la construcción de consensos para convertirse en una disputa permanente entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Esta nueva dinámica presenta una lógica que entraña un grave peligro, ya que erosiona la confianza democrática y normaliza la idea de que quienes piensan diferente merecen ser atacados o deslegitimados.
La relación con el Legislativo es otro ejemplo de fracaso político. Las grandes reformas se anunciaron como transformaciones históricas, pero muchas terminaron estancadas, fracasadas o profundamente debilitadas. No solo por la oposición política, sino también por la falta de trabajo técnico, la improvisación y la soberbia. Se gobernó desde consignas, no desde la viabilidad institucional. Y, cuando las reformas no avanzaron, el Gobierno optó por la narrativa de la persecución, “No nos dejan gobernar” La culpa siempre estaba fuera. Nunca fue por la falta de gestión, negociación o liderazgo efectivo.
En consecuencia, se promulgaron los decretos. La insistencia en implementar decisiones desde el Ejecutivo ha generado un conflicto recurrente con los altos tribunales. Varias de las medidas implementadas fueron suspendidas debido a problemas jurídicos, excesos de poder o inconsistencias constitucionales. Sin embargo, lejos de aceptar estos límites democráticos, el discurso oficial insistió en presentar cualquier control institucional como un sabotaje político. Esta lógica no contribuye al fortalecimiento de la democracia, sino que, por el contrario, la debilita.
Paralelamente, se ha producido un retroceso en materia de seguridad. El país ha sido testigo de cómo los actores ilegales fortalecían su posición, las economías criminales expandían su alcance y aumentaba la sensación de pérdida de control territorial. El discurso de la “paz total” ha devenido en una amalgama de ambigüedad, concesiones mal gestionadas y señales de debilidad estatal. En muchas regiones, se percibió una aparente falta de ejercicio de la autoridad estatal, mientras que los grupos armados ganaban terreno, poder y capacidad de influencia. La ausencia de un control institucional y de una presencia efectiva del Estado ha convertido el discurso de la paz en un mero eslogan, carente de una política sostenible.
Alrededor de este panorama, emergió una narrativa que generó una profunda división de opiniones. El Gobierno implementó discursos de reivindicación social, fundamentales en el contexto de una democracia moderna. Sin embargo, en ocasiones, estos discursos se presentaron desde una perspectiva de confrontación identitaria. Se ha empoderado políticamente a sectores históricamente excluidos (indígenas, comunidades afro y poblaciones vulnerables) lo cual es legítimo y necesario. Sin embargo, este proceso se ha llevado a cabo bajo una narrativa que con frecuencia ha convertido la diferencia en resentimiento y el reclamo histórico en antagonismo permanente. Es fundamental comprender que la inclusión no puede edificarse sobre el odio social ni sobre la premisa de que ciertos ciudadanos poseen un valor moral superior a otros.
Este ha sido uno de los desaciertos más significativos del progresismo colombiano, la conversión de las demandas sociales en trincheras políticas. En lugar de propiciar la cohesión nacional a través de soluciones, se agravaron las divisiones entre las clases sociales, la periferia y el centro, empresarios y trabajadores, prensa y gobierno, así como entre los sectores de la oposición y el oficialismo. Era necesario contar con un enemigo. Cualquier interpretación debe realizarse desde la perspectiva de la lucha constante.
La economía, por su parte, no fue ajena a la incertidumbre. La inversión ha experimentado una pérdida de confianza debido a mensajes contradictorios, amenazas regulatorias y discursos hostiles hacia los sectores productivos. Se ha gobernado en repetidas ocasiones desde una perspectiva ideológica, en lugar de basarse en la estabilidad institucional que requiere el funcionamiento óptimo de cualquier economía. Como resultado, se generó un entorno de incertidumbre que tuvo un impacto negativo en el empleo, el crecimiento económico y las expectativas de los consumidores.
Durante estos cuatro años, el aspecto más desgastante fue la sensación constante de estar siendo objeto de persecución. Es preciso indicar que no se ha llevado a cabo un proceso de reflexión y evaluación interna. Cabe señalar que, en ningún momento, se evidenció una actitud de reconocimiento explícito de los errores cometidos. Cualquier revés era atribuido a conspiraciones, sabotajes, poderes ocultos o enemigos de clase. La victimización se convirtió en una estrategia política cotidiana. Cuando un gobierno se empeña en adoptar una postura de victimización constante, incluso durante su mandato, evidencia una marcada deficiencia para asumir responsabilidades inherentes a su función.
Colombia no requería de un gobierno perfecto. Era indispensable contar con una solución que transmitiera seriedad y profesionalismo. Uno que posea la capacidad de gestionar el Estado sin transformar cada diferencia de opinión en un conflicto ideológico. Es crucial comprender que gobernar implica obtener resultados tangibles, no simplemente contar historias épicas en redes sociales. Es fundamental reconocer que el país no puede permitirse depender únicamente de discursos vacuos. La seguridad, el empleo, la estabilidad, la institucionalidad y la confianza son valores fundamentales que deben ser preservados y fomentados.
Cuatro años después, el progresismo de izquierda ha dejado una enseñanza significativa, alcanzar el poder no necesariamente implica poseer las habilidades necesarias para gobernar de manera efectiva. La indignación, expresada a través de un proyecto político, podría eventualmente conducir a resultados contraproducentes. Colombia debe evitar incurrir en el mismo error durante los próximos cuatro años. El país ha experimentado consecuencias significativas de un gobierno que se encuentra atrapado entre la confrontación ideológica y la incapacidad de gestionar efectivamente.
Los próximos comicios presidenciales no pueden determinarse mediante la emoción visceral, el resentimiento o la propaganda emocional propagada a través de las redes sociales. El desafío que se avecina no se trata de una confrontación entre izquierda y derecha, sino de preservar la estabilidad democrática, garantizar la seguridad, fortalecer la economía y asegurar el futuro institucional del país. Por ello, en la primera vuelta, los ciudadanos deberán ejercer su derecho al voto de manera informada, reflexiva y responsable. Debe tenerse en cuenta que las naciones no se destruyen de un día para otro. En cambio, experimentan un deterioro gradual cuando adoptan el fanatismo como sistema de gobierno.
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