“Existen frases que, debido a su fuerza simbólica, condensan el sentimiento de una etapa. “Cesó la horrible noche”, expresada en el himno nacional, transmite a muchos colombianos la sensación de haber finalizado un capítulo que consideran de gran impacto negativo para la historia reciente del país. Tras 1.461 días de gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, una parte importante de la ciudadanía considera que Colombia inicia un proceso de reconstrucción institucional, política y económica.”
El balance que deja el denominado progresismo de izquierda será objeto de análisis durante muchos años. Sin embargo, los hechos que se van conociendo están alimentando una percepción que se extiende con rapidez, según la cual, en realidad, habría existido una estructura marcada por graves problemas en el manejo de los recursos públicos, el debilitamiento de las instituciones y una relación ambigua con actores armados ilegales. Lo que hoy conoce el país podría ser apenas la punta del iceberg. Las investigaciones, auditorías, denuncias y procesos que comienzan a ser divulgados permiten prever que los próximos meses estarán marcados por revelaciones sobre decisiones administrativas, contratos, nombramientos y actuaciones gubernamentales que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. La institucionalidad tendrá la responsabilidad de actuar con independencia, transparencia y apego al debido proceso.
Es posible anticipar cuál será la narrativa política que acompañará dicho escenario. Cada investigación será presentada como una persecución política. Cualquier actuación por parte de los organismos de control será denunciada como una conspiración. Cada cuestionamiento será interpretado como un supuesto ataque contra quienes se autoproclamaron representantes exclusivos del pueblo. Esta no es una estrategia novedosa. Durante años, una parte considerable de la izquierda latinoamericana ha recurrido a la victimización como estrategia para evitar el debate sobre los hechos. Cuando se presentan las evidencias, el argumento deja de ser una explicación de las conductas y se convierte en una denuncia de una supuesta persecución. El objetivo principal es trasladar el enfoque de la discusión desde las responsabilidades hacia el ámbito de la confrontación política. Colombia debe estar preparada para ese desafío.
No sería extraño observar una nueva etapa de movilizaciones convocadas con fines políticos, llamados permanentes a la confrontación social, discursos sobre una supuesta resistencia democrática, intentos por reactivar estructuras de protesta radical y una narrativa basada en la lucha entre opresores y oprimidos. Se anticipa el retorno de aquellos que se caracterizan por su llamado a la “defensa del pueblo”, la retórica de la resistencia y los esfuerzos por mantener una polarización que durante cuatro años se convirtió en una herramienta permanente de gobierno. La utilización del conflicto social como estrategia política es una de las principales tácticas empleadas por aquellos que necesitan mantener la confrontación para preservar su relevancia electoral. En ausencia de un oponente claramente definido, de una narrativa de persecución y de un entorno de crisis constante, resulta considerablemente más complejo justificar las deficiencias en la gestión o mantener una base política cohesionada construida sobre la lógica del antagonismo. El país no puede permitirse regresar a esa dinámica.
Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones, fortalecer la independencia de la justicia, respetar la separación de poderes y permitir que las investigaciones avancen sin presiones políticas de ningún sector. En caso de haberse producido irregularidades, deberán determinarse las responsabilidades pertinentes. Cualquier acto de corrupción será sancionado de acuerdo con la legislación vigente. En caso de que funcionarios hayan incurrido en abuso de poder o incumplimiento de sus deberes, será la justicia la encargada de determinarlo. De lo contrario, se estaría perpetuando la impunidad. Independientemente de las discrepancias ideológicas, el auténtico debate no radica en la pertenencia a una u otra vertiente política. La democracia, en su esencia, requiere y se beneficia de la diversidad de corrientes de pensamiento. Cualquier uso del poder que conlleve la debilitación de las instituciones, la deliberada división de la sociedad, un gobierno basado en la confrontación permanente o la utilización del Estado como instrumento de intereses políticos particulares, es inaceptable.
Las democracias sólidas se fundamentan en el consenso y la colaboración, no en el resentimiento y la constante generación de divisiones. La consolidación de estos valores se logra a través del respeto por las normas establecidas, la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Como electores, los colombianos también deben realizar una reflexión profunda. La democracia conlleva derechos, pero también responsabilidades. La elección de gobernantes requiere una evaluación rigurosa de sus trayectorias, capacidades, equipos de trabajo, propuestas viables y resultados verificables. Las emociones, los discursos mesiánicos y las promesas irrealistas pueden ser factores determinantes en la victoria electoral, pero su capacidad para construir gobiernos exitosos es limitada.
La experiencia vivida durante estos cuatro años deja enseñanzas que no deberían pasarse por alto. El sufragio constituye, con toda probabilidad, la decisión de mayor relevancia que toma un ciudadano en una democracia. Cuando se delega el poder sin una evaluación exhaustiva de las consecuencias, el costo es asumido por toda la sociedad. El nuevo gobierno se enfrentará a desafíos de gran envergadura. La reconstrucción de la confianza de los inversores, la recuperación del crecimiento económico, el refuerzo de la seguridad, el restablecimiento de las relaciones de cooperación institucional, la mejora de la gestión pública y el saneamiento de un país profundamente polarizado no serán tareas sencillas. Las heridas políticas requerirán tiempo para sanar y la reconstrucción institucional demandará decisiones firmes, prudentes y sostenidas.
El éxito de esta nueva etapa dependerá no solo del Gobierno, sino también de la madurez democrática de la oposición. La fiscalización, el debate y la controversia son elementos inherentes al funcionamiento de la democracia. Cualquier intento de desestabilización permanente del Estado a través de la confrontación social o la anticipada deslegitimización de las instituciones constituye una estrategia sumamente distinta. Colombia inicia una nueva etapa. Esta transición no será sencilla y conllevará tensiones significativas. No obstante, se presenta como una oportunidad para restablecer principios que nunca debieron ser cuestionados, tales como el respeto por las instituciones, la responsabilidad en el ejercicio del poder y la preeminencia del interés general sobre cualquier proyecto personal o ideológico.
Este nuevo comienzo debe servir, sobre todo, para recordar que ningún gobierno está por encima de la ley y que la alternancia democrática solo tiene sentido cuando deja como legado instituciones más fuertes y una sociedad más unida. La garantía de que la historia no vuelva a repetirse radica en la no invisibilización de las malquerencias de la izquierda en el poder. Lo experimentado por Cuba, Venezuela y Nicaragua constituyó un llamado de atención que, afortunadamente, generó una reacción en Colombia. Será fundamental aprender de los errores pasados y comprender que nunca se debe conceder una nueva oportunidad electoral a aquellos que utilizaron las armas en nombre de una causa revolucionaria y causaron tanto daño a la población, que ahora, desde la política, dicen proteger.
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