“El ballet Jurídico no debe estar al servicio del tango político”
Harold Miguel Medina Galindo.
En el tejido político las promesas electorales, que alguna vez resonaron como un eco de esperanza para millones de ciudadanos, han sido mancilladas por la despiadada sed de poder y la amnesia política que pervade la actual pintoresca escena nacional. En un país marcado por décadas de conflicto, desigualdades arraigadas y corrupción sistémica, las promesas de cambio político y “estabilidad Democrática” han sido la moneda de cambio en el escenario electoral solo para ser olvidadas y desechadas una vez que se alcanzó el preciado asiento de autoridad, es por ello que aquí ha nacido la sombra de la tiranía como una amenaza latente sobre el horizonte político Colombiano.
No es un secreto que las aguas políticas han Estado turbias para el nuevo gobierno. Lo que parecía una apuesta segura al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro con las mayorías conseguidas en el órgano legislativo, hoy parece estar más en tela de juicio, siendo tal panorama el que ha llevado al Jefe de Estado colombiano a revivir un fantasma de su pasado que le ha puesto en jaque, no solo desde 1991 cuando hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, sino en tiempos recientes cuando algunas de sus declaraciones han generado sensaciones -o un poco más que simples manifestaciones de deseo- por una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Su más reciente pronunciamiento al respecto fue en un acto público rendido en la ciudad de Cali, por medio del cual indicó que: “Si un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”. En ese sentido y dando crédito al pensamiento de Harold Miguel Medina Galindo: cabe preguntarse si, la Constitución es tan inaplicable jurídicamente por falta de voluntad política, considerando su carácter normativo, su fuerza vinculante, e incluso la misma figura de Bloque de Constitucionalidad que tanto ha resaltado la Corte Constitucional ¿Cómo es posible que siga generando, al menos en el principal mandatorio, esa sensación de mera bitácora hacia un Estado que queremos tener pero que no llega nunca? además ¿Será que estamos volviendo al contexto de las “Cartas de Batalla” que describía Hernando Valencia Villa, en el que las constituciones hacían gala de los intereses políticos particulares y no los intereses reales del pueblo?
En palabras de Harold Miguel Medina Galindo: Resulta difícil pensar en la Constitución de 1991 como un simple deber ser de Estado que carece de dientes para lograr su cometido, si bien es cierto que aún falta avance normativo y político para su plenitud, ésta también ha sido hito regional y mundial por el desarrollo y aplicabilidad de herramientas como la acción de tutela, la acción pública de inconstitucionalidad e incluso, la misma Corte Constitucional, quien se desenvuelve como su guardiana para mantener su vigor y cumplimiento. El desarrollo pretoriano ha servido para entender a las constituciones como cuerpos vivos que se nutren de los cambios sociales y por tanto no pierden su vigencia, tal es el caso de las Constituciones de Reino Unido, con un origen eminentemente consuetudinario o la estadounidense con más de 240 años de historia y apenas 27 enmiendas. Pues la Corte Constitucional bien se ha encargado de emular, hasta cierto punto, ese sistema pretoriano donde el juez es la voz, y a veces la conciencia de la norma, adaptándola a las nuevas realidades sociales.
No obstante, la afirmación del presidente Petro parece tener una motivación personal -quizá el presidente, ahogado en la desesperación, teje una cortina de humo con los medios, tratando en vano de ocultar la tempestad desatada por la publicación del video de la captura de su hijo- y política más que jurídica y es ahí donde cobra sentido la máxima de Harold Medina respecto del tema: se deja de tener una servidumbre de la norma en pro del ballet jurídico que, por su elegancia y delicadez se pone en pro de los intereses populares, para llegar a una servidumbre ante el Tango político que con su seducción y encanto puede llegar a generar la instrumentalización de las normas para convertirlas en verdaderas Cartas de Batalla al servicio de una ideología política que no necesariamente responde a las necesidades que el pueblo clama, algo que en ocasiones parece ser gritos insonoros para el actual gobierno.
En conclusión, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la democracia en el país. Más allá de su aparente intención de reforma y “renovación institucional”, se percibe como una potencial amenaza autoritaria que podría debilitar aún más los pilares democráticos y favorecer intereses particulares sobre el bien común. Ante este escenario, es imperativo que la sociedad colombiana permanezca vigilante, cuestione activamente los motivos y las implicaciones de esta propuesta y defienda firmemente los principios democráticos fundamentales que han costado décadas de lucha y sacrificio. La historia ha demostrado que la consolidación de un sistema autoritario socava los derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que es vital que se privilegie el diálogo democrático y se evite cualquier deriva hacia el autoritarismo. La verdadera fortaleza de Colombia radica en su diversidad, en su capacidad para el debate abierto y en su compromiso con la justicia y la equidad. Por tanto, frente a la disyuntiva entre una Asamblea Nacional Constituyente y el riesgo de una amenaza autoritaria, la elección es clara: defender la democracia como garantía de un futuro próspero y justo para todos los colombianos.
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