Albert Corredor sacrifica a las concejales del CD para liberarse de la “Ley de doble militancia”

La pregunta que queda por formular es, ¿escucharán las directivas las voces radicales (que hoy restan más de lo que suman) que piden su expulsión u optarán estas por una sanción que no les permita su oscuro propósito?


El pasado miércoles 10 de noviembre en la sesión plenaria del Concejo de Medellín, durante la elección de la mesa directiva para el año 2022 se vivieron las más viles traiciones, unas bajo la mirada de todos los espectadores y otra pasó desapercibida, pero atenta con permitirle la continuidad a Quintero en cuerpo ajeno.

Tal como filtró el Alcalde en su cuenta de Twitter, y resultado de presuntos seguimientos ilegales a los Concejales de Oposición, algunos concejales del partido Centro Democrático se reunieron con Daniel Duque, Daniel Carvalho y Luis Bernardo Vélez, con el fin de conformar una coalición mayoritaria para proteger a Medellín de los malos manejos y oscuros propósitos de Quintero. En dicha reunión se buscaba elegir una mesa directiva que permitiera y velará por todas las garantías a la oposición, así pues, con el fin de lograr estas mayorías se acordó que los 8 concejales del Centro Democrático y los otros ya mencionados apoyarían la aspiración a dicha dignidad de Simón Molina.

Sin embargo, se rumora que con posterioridad a dicha reunión se celebró otra, liderada por el concejal quinterista del Centro Democrático Albert Corredor Bustamante, que contó con la participación de las concejales del partido: Lina García Gañan, María Paulina Aguinaga Lezcano y Nataly Vélez, la cual tenía como propósito evitar que se lograran las mayorías por parte de la oposición y permitirle a Quintero seguir controlando el Concejo, dicha alianza debía consistir en menguar la alianza de oposición sin un respaldo directo a Quintero.

Tal como reporto el periódico El Colombiano en su versión del 11 de noviembre, la votación quedó así:

* Fuente de El Colombiano.

Lo que puede verse del resultado que se expone evidencia que el candidato de Quintero a la presidencia, el Concejal Lucas Cañas, no fue electo con mayoría absoluta, al obtener nueve (9) votos de 21, mientras que el concejal Simón Molina obtuvo (7). Una elección que se pudo ganar para la oposición si se hubiere contado con el respaldo de las Concejales del Centro Democrático.

Aunque se ha rumorado que dicha maniobra, valida políticamente, pero que muestra un actuar cuestionable -no por ser o no una decisión de bancada, pues aún se debate si hubo o no mayoría en la toma de decisión, sino por violar una instrucción de las directivas del partido y de su presidente fundador el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, quienes de forma expresa manifestaron que el candidato del partido era Simón Molina-, se tramó para conservar participación en puestos y contratos que se dice que aquellos tienen en la administración de Quintero y que con esta “jugada”, se dice, aumentaron de forma considerable, la realidad podría ser aún más oscura, pues el Concejal quinterista del Centro Democrático, Albert Corredor Bustamante, estaría buscando conservar su curul y poder aspirar a la Alcaldía de Medellín por otro partido y/o movimiento sin tener que renunciar a la misma.

Lo anterior dado que por dicha Ley un corporado que pretenda aspirar a un cargo de elección popular por un partido diferente debe renunciar a: 1. Su curul y 2. El partido, un año antes de la inscripción como candidato a dicho cargo. Para el caso concreto de las elecciones de octubre de 2023, este plazo se daría en julio de 2022. Siendo la opción que estaría buscando el quinterista Albert Corredor es ser expulsado del CD y así convertirse en un concejal sin partido, con la posibilidad de ser concejal hasta diciembre 31 de 2023 y a su vez ser candidato a la Alcaldía o Concejo por un partido diferente.

Para lograr el oscuro propósito de suceder a Quintero en la Alcaldía y bloquear el ingreso de un nuevo concejal del Centro Democrático, logrando por parte de las directivas del partido su expulsión, estaría dispuesto sacrificar a las 3 concejales del partido.

La pregunta que queda por formular es, ¿escucharán las directivas las voces radicales (que hoy restan más de lo que suman) que piden su expulsión u optarán estas por una sanción que no les permita su oscuro propósito?

El suscrito considera que no debe darse su expulsión, en caso de que se considere por las directivas, antes de Julio de 2022 y optar por un castigo con los mismos efectos, pero que los obligue a considerar su renuncia si los fines que pretenden son antagónicos al partido.

Camilo Salazar Restrepo

Abogado, Especialista en Derecho Administrativo, Magister en Gobierno (e.f) y docente universitario.

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