«De acuerdo a cifras de la propia Iglesia católica mexicana, en los últimos 10 años han investigado a 426 sacerdotes por cometer algún tipo de delito sexual en contra de menores”.
La Iglesia católica pasa por una crisis de identidad y esto se ha recrudecido por el propio actuar de los sacerdotes y miembros de esa congregación, que están bajo sospecha y acusaciones de abusar de menores de edad dentro de sus recintos.
Con cientos de acusaciones y pocas consecuencias legales para los sospechosos, la jerarquía católica en México (y en todo el mundo) ha diseñado una red de protección para sus miembros, en donde pueden sobreponerse gracias a la complacencia de sus superiores y seguir abusando de menores en otras sedes religiosas.
Este tipo de escándalos han dañado profundamente la imagen de la Iglesia católica y ha minado la confianza de las nuevas generaciones en sus postulados, pero sobre todo en las personas que los aplican en nombre de un ser superior que al parecer, también les da el derecho de abusar sexualmente de sus seguidores.
De acuerdo a cifras de la propia Iglesia católica mexicana, en los últimos 10 años han investigado a 426 sacerdotes por cometer algún tipo de delito sexual en contra de menores, pero esto no ha significado que las víctimas hayan recibido alguna reparación del daño o que los sospechosos hayan ido a la cárcel.
Buscan la redención
Con este panorama, en donde los escándalos de abusos sexuales en contra de menores y seminaristas llegaron hasta el famoso padre Marcial Maciel (1920-2008), fundador de los Legionarios de Cristo, la jerarquía eclesiástica debió afrontar estos hechos y asumir parte de la culpa.
De manera sorprendente dada la gravedad de la situación, la Iglesia católica mexicana tiene una estrategia para enfrentar este problema, pero no se trata de erradicar a los abusadores de sus filas, sino de “educar” a su fieles a través un libro que pusieron a la venta y con cual intentan prevenir estos delitos.
La Arquidiócesis Primada de México publicó el «Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o personas vulnerables».
Este libro que tiene un costo de $100 pesos (unos 5 dólares) es una guía de 85 páginas en donde explican qué es el abuso sexual, la forma en que se puede proteger a las víctimas y las consecuencias legales para los agresores.
Según este protocolo, la jerarquía católica se compromete a que “todas las autoridades eclesiásticas están obligadas a informar de manera inmediata” sobre estos delitos a la policía o el ministerio público, así como ofrecer “acompañamiento espiritual, psicológico, asesoría legal y canónica” a las víctimas mientras se investiga su caso.Y aunque en este texto las autoridades eclesiásticas reconocen que hay una grave crisis por los delitos sexuales dentro de su Iglesia y que de manera errónea, han protegido a los abusadores en lugar de denunciarlos, parece que es solo una fachada para seguir protegiendo a los abusadores.
Una trampa muy peligrosa
Así lo considera Alberto Athié, un exsacerdote y ahora un activista que ha hecho visibles los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica en México.
Esto debido a que según Athié, este protocolo tiene una trampa legal, ya que no reconoce el abuso sexual como un delito sino como un “pecado”, con lo cual la Iglesia se convierte nuevamente en juez y parte a la hora de atender estos casos. Sumado a esto, prioriza la idea de que todo debe ser confidencial.
Dice Athié: “Este protocolo de alguna manera refiere a que cada obispo, obispado o titular de las diócesis, sea el responsable de los casos y es una especie de refrito de ese crimen sollicitationis de los años 60”.
Si Athié tiene razón y la Iglesia católica mexicana diseñó este protocolo con ese fin, se confirma la idea de que lo peor que ha hecho esta institución a lo largo de muchas décadas, es fingir que se adapta al mundo moderno pero en realidad, perpetua su visión de evitar evolucionar a la par de las sociedades modernas, mientras sus miembros siguen abusando de los menores en nombre de Dios.
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