Sumario: Treinta años separan las dos normas y dicen casi lo mismo. La diferencia es que la segunda cobra quince millones de euros.
En octubre de 1995 un grupo de ingenieros publicó un documento titulado «Pautas de netiqueta». No tenía fuerza vinculante ni sanción prevista. Pedía cosas como no escribir en mayúsculas, no desperdiciar el tiempo ajeno y recordar que del otro lado hay una persona. Era, en el sentido más literal de la palabra, una recomendación entre desconocidos.
El 2 de agosto de este año entró en aplicación un texto que dice algo parecido con otra autoridad. El artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea obliga a advertirle a alguien cuando está hablando con un sistema, a que el contenido generado por una máquina pueda identificarse como tal, a informar cuando hay reconocimiento de emociones o categorización biométrica, y a marcar los videos falsos y los textos sintéticos sobre asuntos de interés público. Quien no cumpla se expone a una multa de quince millones de euros o al 3 % de su facturación mundial.
Treinta años separan los dos documentos y dicen casi lo mismo. La diferencia es que el segundo cobra.
En Colombia ocurrió algo equivalente pocas semanas antes y con menos ruido todavía. El 16 de julio el Gobierno expidió el Decreto 0769, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales seguros para niños y adolescentes. Entre sus obligaciones hay una que pasó casi inadvertida: los colegios deben actualizar sus manuales de convivencia para incorporar acciones contra el ciberacoso y otras violencias digitales, con protocolos de activación y rutas de respuesta con la Fiscalía, el ICBF y la Policía. El decreto es prudente en lo que se abstiene de hacer, porque no habilita censura previa ni obliga a debilitar el cifrado de la mensajería privada. Su efecto de fondo, en todo caso, es inequívoco. La buena educación digital entró al reglamento escolar.
No estoy en contra de ninguna de las dos normas. Me parecen razonables y llegan tarde. Lo que quiero entender es por qué hicieron falta, porque el tránsito de la costumbre a la ley nunca sale gratis.
Toda comunidad se gobierna por capas. La más profunda es la costumbre, que nadie escribe y casi todos obedecen. Encima está la reputación, que castiga con vergüenza y funciona mientras uno tenga vecinos. Arriba, como último recurso, está la ley, que castiga con dinero o con cárcel. Las sociedades que funcionan resuelven casi todo en la primera capa y reservan la tercera para lo excepcional. Cuando la ley empieza a ocuparse de asuntos que antes resolvía la costumbre, la noticia no es que la ley se haya vuelto ambiciosa. Es que la costumbre se rompió.
Y se rompió sin que la gente se volviera peor. Lo que cedió fue la estructura que la sostenía. En enero del año pasado Meta cerró su programa de verificación con terceros y lo reemplazó por notas escritas por los propios usuarios. En marzo de este año, el Consejo Asesor de Contenido que la propia empresa creó y financia advirtió que esas notas no sustituyen la verificación, y señaló dónde el reemplazo resulta más peligroso: regímenes represivos, procesos electorales, crisis y conflictos armados. Es decir, buena parte del mundo y varias regiones de este país.
Al mismo tiempo, el usuario dejó de tener razones para sostener el pacto. El Digital News Report de este año, construido sobre cerca de cien mil entrevistas en cuarenta y ocho mercados, seis de ellos latinoamericanos, confirma que las redes sociales son ya la primera fuente de noticias del planeta y que la confianza sigue erosionándose. En un ambiente donde el algoritmo recompensa la indignación, pedir cortesía equivale a pedirle a alguien que renuncie a la única moneda que circula.
Cuando el que administraba la norma se retira y el que la practicaba pierde el incentivo, el Estado ocupa el espacio vacío. No por vocación de control, sino porque los vacíos se llenan solos.
El problema está en lo que la ley no alcanza. Una multa consigue que una empresa ponga un aviso al pie de un chatbot, y eso es mejor que nada. No consigue que a alguien le importe la persona que está del otro lado. Un protocolo obliga al colegio a activar una ruta cuando ya hay una víctima, lo cual es muchísimo mejor que la indiferencia anterior. No le enseña a una niña de trece años por qué no debe reenviar el video de su compañera. La ley trabaja con lo verificable y llega cuando el daño ya ocurrió. La formación del carácter trabaja antes, y con aquello que nadie puede auditar.
Conviene añadir un matiz que la mayoría de los titulares se saltó, porque de él depende que la norma sirva o se convierta en ruido. El artículo 50 no obliga a marcar todo lo que pasó por una herramienta de inteligencia artificial. Un gráfico asistido, una corrección de estilo o un informe revisado por un responsable no equivalen a una voz clonada ni a un video falso. Si se etiqueta todo, la etiqueta deja de señalar algo.
Las dos normas son un piso, y los pisos sirven. Un piso no es una casa. Que hoy sea obligatorio advertir que uno es una máquina resulta una buena noticia para la vida pública. Que haya hecho falta una multa de quince millones de euros para conseguirlo dice algo bastante menos halagador sobre nosotros, y ese algo no lo va a corregir ningún decreto.
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