¿Puede una política diseñada para proteger a los sectores más vulnerables terminar debilitando la autonomía de los ciudadanos? En las últimas décadas, varios países de América Latina acentuaron la gravitación del Estado en la vida económica y social. En muchos casos, este proceso estuvo propiciado por gobiernos con orientaciones redistributivas o socialistas, que promovieron políticas de asistencia, subsidios y transferencias destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad. Estas políticas suelen justificarse por su impacto social inmediato; sin embargo, también han generado un debate que sigue abierto sobre sus efectos de largo plazo, especialmente en lo que respecta a la relación entre ciudadanía, autonomía individual y Estado.
En este punto, las ideas de Renny Ottolina ofrecen una perspectiva distinta para abordar el problema. Su crítica no se limitaba a la corrupción o al funcionamiento del Estado, sino a la forma en que ciertas dinámicas políticas podían debilitar la autonomía ciudadana al sustituir responsabilidades individuales por una intervención cada vez más determinante del poder público en la vida social.
El caso venezolano es, quizás, el más evidente dentro de esta discusión. Durante gran parte del siglo XX, la economía basada en la renta petrolera favoreció la consolidación de un Estado con alta capacidad de gasto y distribución, fundamentalmente bajo los gobiernos del período democrático del Pacto de Puntofijo, impulsado por los partidos Acción Democrática, COPEI y la URD después de la caída del régimen de Marco Pérez Jiménez. Esto facilitó la expansión de subsidios y políticas públicas de gran alcance, que influyeron directamente en la manera en que la población se relacionó con el Estado.
Paulatinamente, esta relación tendió a estructurarse más alrededor de la expectativa de beneficios que de la idea de participación o autonomía. La política empezó a percibirse, en muchos casos, más como un mecanismo de acceso a recursos que como un espacio de responsabilidad ciudadana.
En el período iniciado con Hugo Chávez en 1999 y continuado por el dictador Nicolás Maduro, estas tendencias se profundizaron. El aumento de la renta petrolera permitió ampliar subsidios, controlar precios y reforzar la intervención estatal en áreas básicas de la economía. La gasolina altamente subsidiada y los servicios públicos regulados se convirtieron en parte de un esquema en el que el bienestar cotidiano dependía en gran medida del Estado.
A esto se sumó un factor que terminó siendo clave: la combinación de una mala administración, altos niveles de corrupción y una fuerte volatilidad en los precios internacionales del petróleo. La dependencia casi total de la renta petrolera provocó que cualquier caída en los ingresos externos tuviera un impacto inmediato en todo el tejido económico. A la postre, esta combinación de decisiones internas y condiciones externas derivó en un desmoronamiento de la economía venezolana, con una caída sostenida de la producción, la pérdida de capacidad del Estado para financiar subsidios y un deterioro general de los servicios públicos. El proceso impactó directamente en una población que, tras años de convivencia con ese modelo, había normalizado la presencia del subsidio estatal en la vida cotidiana y que pasó a enfrentar de forma abrupta la desaparición de ese esquema de protección.
En Argentina, el desarrollo de programas de asistencia social se intensificó al compás de las sucesivas crisis económicas y alcanzó su mayor despliegue con los ciclos kirchneristas, antes de extenderse a administraciones subsiguientes. Las transferencias de ingresos y un vasto entramado de planes sociales se volvieron instrumentos centrales de la política social en un contexto de inflación, informalidad laboral y pobreza estructural.
A partir de esto, surgió una crítica recurrente en el debate público. Se plantea que la prolongación de los planes sociales, sin una integración efectiva al empleo formal, incentivaría la permanencia en esquemas de asistencia. En esa línea de razonamiento, algunos sectores afianzan su dependencia del ingreso estatal como principal medio de subsistencia, afectando la movilidad social y la incorporación plena al mercado laboral.
En Colombia, programas del tipo de Jóvenes en Paz, impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro, buscan reducir la violencia y la exclusión social a través de transferencias económicas condicionadas, acompañamiento institucional y acceso a formación educativa o laboral.
No obstante, estos programas también han sido objeto de fuertes cuestionamientos en corrientes opositoras a la izquierda colombiana. Uno de los ejes de la discusión gira en torno a la idea de que pueden configurarse incentivos económicos para evitar la participación de los jóvenes en actividades delictivas, lo que algunos interpretan en términos de una modalidad de asistencia orientada a encauzar los comportamientos e, incluso, de un “subsidio por no delinquir”. Desde esa perspectiva, el problema no es solamente la ayuda en sí: es el tipo de relación que se fragua entre el Estado y el individuo, donde la política pública interviene directamente en la regulación de comportamientos mediante transferencias.
Más allá de estos ejemplos, dinámicas similares pueden observarse en el resto de América Latina. La expansión de políticas asistenciales, combinada con redes clientelares históricas en distintos países, ha contribuido a consolidar un patrón de interacción entre ciudadanía y política. Gradualmente, esto ha incidido en la cultura electoral. En varios países de la región se ha vuelto frecuente la percepción de que las elecciones no se definen entre alternativas plenamente satisfactorias, sino entre opciones percibidas como “no tan peores”. En ese contexto, una fracción del electorado tiende a tomar decisiones menos guiadas por programas de largo plazo y más por promesas concretas de corto alcance, especialmente aquellas ancladas a beneficios inmediatos, transferencias o mejoras materiales.
El fenómeno no puede explicarse únicamente por las políticas sociales. Concurren, además, factores estructurales: inflación, debilidad institucional, informalidad laboral y pérdida de confianza en los partidos políticos. Dichos elementos contribuyen a un escenario donde la relación entre ciudadanía y política se vuelve más transaccional que programática. Todo ello muestra una tensión común en América Latina entre protección social y autonomía ciudadana. No se trata de señalar la existencia de políticas de asistencia: se trata de analizar sus efectos sobre la cultura cívica y el nexo que los ciudadanos establecen con el Estado.
A la luz de estas consideraciones, la advertencia de Ottolina se lee en un plano más amplio. Su preocupación no se limitaba a la eficiencia del Estado: era el riesgo de que la ciudadanía pierda contenido propio cuando su vínculo con la política se circunscribe a la recepción de beneficios.
Así, la crisis institucional no puede entenderse de manera exclusiva como un problema técnico o de gestión. Involucra por igual factores culturales que influyen en la constitución de la ciudadanía. Confinada la política a un esquema de distribución de beneficios y expectativas de corto plazo, la democracia puede preservar sus formas, pero perder parte de su esencia.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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