Los pronósticos climáticos indican una probabilidad cercana al 90% de que en los próximos meses se presente un fenómeno de El Niño. No se trata de una certeza, pero sí de una advertencia suficientemente seria para que el país empiece a prepararse. La experiencia demuestra que las crisis energéticas no se resuelven cuando aparecen, sino mucho antes.
Afortunadamente, Colombia no se encuentra hoy en una situación comparable a la que condujo al racionamiento de 1992. El sistema eléctrico es más robusto, dispone de una importante capacidad térmica de respaldo y cuenta con mecanismos regulatorios que han demostrado su utilidad en episodios anteriores de sequía. Sin embargo, también es cierto que los márgenes de seguridad son menores de lo que muchos suponen. Los retrasos en proyectos de generación y transmisión, la incertidumbre regulatoria y las dificultades financieras de algunos agentes del sector – por cuenta de los incumplimientos del gobierno en pagos de subsidios, opción tarifaria, etc. – hacen que el sistema sea más vulnerable frente a eventos climáticos extremos.
La discusión pública se ha concentrado, como de costumbre, en el lado de la oferta. Se habla de acelerar proyectos, asegurar el suministro de gas, reforzar la capacidad térmica e incorporar nuevas fuentes renovables. Todo ello es importante. Pero casi nadie menciona el recurso más abundante, más rápido y más barato de todos: reducir temporalmente la demanda.
La idea puede parecer contraintuitiva. Estamos acostumbrados a pensar que los problemas eléctricos se solucionan construyendo nuevas plantas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, un megavatio que no se consume tiene exactamente el mismo valor que un megavatio adicional de generación. En muchos casos, incluso más.
La demanda anual de electricidad del país supera hoy los 85.000 GWh. Una reducción temporal del 5% durante seis meses permitiría ahorrar entre 2.000 y 2.500 GWh de energía. Se trata de una cantidad considerable, equivalente a la producción continua de una gran central térmica durante buena parte del período crítico. Y lo mejor es que podría obtenerse en cuestión de semanas, sin licencias ambientales, consultas previas, pleitos judiciales ni multimillonarias inversiones.
La pregunta es elemental: si el sistema remunera a quienes producen energía cuando ésta escasea, ¿por qué no remunerar también a quienes dejan de consumirla?
La propuesta consiste en crear un mercado de reducción de demanda. Cada usuario tendría una línea base calculada a partir de su historial de consumo. Cuando el sistema entre en una situación preventiva, los usuarios que reduzcan su consumo recibirían una compensación económica explícita en su factura. No se trataría de una campaña de ahorro patriótico ni de un subsidio disfrazado. Sería una transacción de mercado. El sistema compra una reducción de consumo porque esa reducción tiene un valor económico real.
Los grandes consumidores podrían participar mediante subastas competitivas. Industrias, universidades, centros comerciales y edificios empresariales ofrecerían cuánta demanda pueden retirar y a qué precio. El operador del sistema seleccionaría las ofertas más económicas, exactamente como hoy selecciona la generación más eficiente.
La experiencia internacional es concluyente. California recurrió a mecanismos similares durante la crisis de 2000-2001. Brasil hizo lo propio en 2001-2002 con resultados notables. En numerosos mercados desarrollados la llamada respuesta de la demanda constituye hoy una pieza fundamental de la confiabilidad del sistema.
Además, esta alternativa tiene una ventaja adicional particularmente relevante en las circunstancias actuales del país: cuesta menos. Resulta mucho más económico pagar por el ahorro voluntario de energía que financiar medidas de emergencia, subsidiar combustibles costosos o afrontar las enormes pérdidas económicas derivadas de un eventual racionamiento.
Lo sorprendente es que, pese a todas las discusiones sobre transición energética, sostenibilidad y eficiencia, seguimos concibiendo al consumidor como un actor pasivo. El mercado eléctrico colombiano fue diseñado bajo el supuesto de que únicamente los generadores podían contribuir a la confiabilidad del sistema. Treinta años después, la tecnología permite que millones de usuarios participen activamente y sean recompensados por hacerlo.
Si el país quiere prepararse para un eventual Niño fuerte, debe empezar ahora. Las grandes obras toman años. Los incentivos económicos pueden implementarse en cuestión de semanas.
Al final, el recurso energético más barato, más limpio y más rápido de incorporar no es una nueva hidroeléctrica, una granja solar o una planta térmica. Es el megavatio que no necesitamos consumir.
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