38 días de bloqueos. Mínimo 10 muertos confirmados. Poco más de 40 pacientes en riesgo crítico por falta de oxígeno. Nueve neonatos sobreviviendo con lo que queda. Aun así, los organismos internacionales de derechos humanos insisten en pedir “diálogo” ante cerca de 100 puntos de bloqueo activos esta mañana, una cifra que continúa en aumento.
Detrás de esos números hay responsables. Justino Apaza recibió seis meses de detención preventiva por terrorismo. La Fiscalía emitió orden de aprehensión contra Claudio Choque, secretario general de la COB (Central Obrera Boliviana).
Pero los expedientes judiciales cuentan solo una parte de la historia. La otra transcurre en hospitales, carreteras y ambulancias.
Imagina esto:
Es de noche. Estás en una ambulancia que no puede avanzar. Tienes 12 años. Tu cuerpo falla. El conductor busca una ruta alternativa. No hay. Busca otra. Tampoco. Afuera, a metros, hay personas que saben perfectamente que estás ahí; que saben que, si no pasas, mueres… Y no te dejan pasar.
Esto ocurrió. No en una guerra ni en una dictadura. Ocurrió en Bolivia, en mayo de 2026. Nadie estuvo preso por eso, aunque los organismos internacionales emitieron un comunicado pidiendo “diálogo”.
Hoy, domingo 7 de junio, día 38, el número de muertos alcanza los 13. Los hospitales de La Paz tienen oxígeno para horas. Nueve recién nacidos permanecen en terapia intensiva y su supervivencia depende de un insumo que no llega porque piedras, camiones y cuerpos bloquean la ruta. Y la COB sigue diciendo que no hay nada que dialogar.
Los muertos tienen nombre. Los comunicados no.
Miriam tenía 12 años. Padecía un linfoma linfoblástico de células B y recibía quimioterapia en el Hospital del Niño de La Paz desde febrero de 2025. Sus padres intentaron cruzar por todos los caminos posibles el 18 de mayo. No lo lograron. Regresaron con ella a casa. Miriam tuvo fiebre. Luego, una hemorragia. Murió en su cama, en Tambo Quemado, en la frontera con Chile. Tenía 12 años. Tenía cáncer. Quedó sola frente a su enfermedad, con las rutas cerradas por los bloqueos.
Un niño de 12 años murió de shock séptico en la ambulancia que lo trasladaba desde Llallagua hacia Potosí. El vehículo tuvo que desviar hacia Oruro buscando paso libre. No llegó a tiempo. Falleció en una camilla, mirando el techo de una ambulancia que recorría rutas alternativas entre cerros sin salida.
Anna Enns, ciudadana de Belice, murió el 13 de mayo en Desaguadero por falta de atención médica oportuna. Ese mismo día, otra mujer falleció en Guanay porque los bloqueos impidieron trasladarla a un centro médico. Mismo día. Dos mujeres. Dos muertes. Cero detenidos.
Jhelly Villanueva Medina, 40 años, paciente renal, falleció el 14 de mayo pese a que la ambulancia intentó usar el antiguo “Camino de la Muerte” como ruta alternativa. Ni siquiera eso bastó.
Una joven de 20 años falleció convulsionando en El Alto mientras la ambulancia demoraba tres horas en abrirse paso.
Una mujer de 24 años con coriocarcinoma en estadio IV y sangrado tumoral persistente necesitaba radioterapia en La Paz. La ambulancia tomó rutas alternativas. Fue en vano. Tenía 24 años. Tenía cáncer. Alguien bloqueó la ruta igual.
Un maestro rural de Tapacarí (Cochabamba) tenía una enfermedad de base. Recorría a pie el camino hacia su trabajo. Se descompensó. No pudo acceder a atención médica a tiempo. Pereció en el camino.
Y después está el chofer. Viajó a Perú a buscar mercadería para sus tres hijos. Al volver, los bloqueos. Quedó varado durante 32 días. Empezó a enfermarse. Rogó que lo dejaran pasar. Rogó otra vez. Nadie lo dejó pasar. Murió deshidratado. El Ministerio de Defensa lo confirmó oficialmente: “soportó durante más de un mes las bajas temperaturas, la falta de alimentación adecuada, la deshidratación y las dificultades para acceder a medicamentos”. Su esposa, Zulema, voló a La Paz para reclamar el cuerpo.
“Rogó y suplicó a los bloqueadores que lo dejaran pasar.”
— Zulema Ramos, esposa del chofer muerto tras 32 días varado
Más: un joven murió de un disparo durante un operativo de desbloqueo. La cuenta no termina ahí: otras tres muertes siguen bajo investigación.
Son 13. Hoy. Día 38.
Nada de esto ha terminado
El 5 de junio, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 91 puntos activos de bloqueo en seis departamentos. La Gobernación de La Paz declaró emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días. Los hospitales suspendieron cirugías programadas. Atienden emergencias extremas.
El vocero presidencial José Luis Gálvez lo confirmó un día antes: “Hay 42 vidas en peligro porque no hay oxígeno, nueve de ellos son neonatos, tres son niños; el resto son pacientes críticos”. El médico Fernando Romero del SIRMES La Paz salió a pedir públicamente: “Por amor de Dios, abran las vías”.
Nueve recién nacidos. En terapia intensiva. Dependiendo del oxígeno que quedó del jueves.
En Pocona (Cochabamba) más de cien mil pollos murieron en sus granjas. Una flota que iba de Oruro a Cochabamba volcó al intentar evadir un bloqueo en Capinota. Al menos cinco mil transportistas siguen varados. Las pérdidas económicas superan los dos mil millones de dólares. Bolivia arrastra una inflación que cerró 2025 en torno al 20 % y reservas internacionales equivalentes a menos de un mes de importaciones. Sobre esa herida abierta, los bloqueos echaron sal.
La presión también llegó a los tribunales.
Ese mismo viernes en la madrugada, un juez dictó seis meses de detención preventiva contra Justino Apaza, dirigente de la FEJUVE La Paz, por terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. La Fiscalía emitió orden de aprehensión contra Claudio Choque, secretario general de la COB. Es la primera vez en este conflicto que el Estado nombra lo que es: terrorismo.
Cuando los muertos son “diálogo”
13 muertos. 42 pacientes en riesgo crítico. Nueve neonatos carentes de oxígeno. 38 días. La respuesta de los organismos internacionales de derechos humanos: “preocupación”.
La CIDH emitió un comunicado exteriorizando su “preocupación” por la escalada del conflicto; reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica” e instó al Estado y a los manifestantes a “priorizar el diálogo”. Asimismo reconoció que “los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves”, pero advirtió que el uso de la fuerza para desbloquear debía ser el “último recurso”.
La ONU, por su parte, exhortó a “priorizar el diálogo” como vía central para la desescalada y dejó constancia de su “preocupación” por el impacto en el acceso a la salud y la alimentación.
“Preocupación”, esa es la palabra que eligieron mientras un médico gritaba “¡Por amor de Dios, abran las vías!” y nueve recién nacidos respiran con lo que les queda. La “preocupación” no abre ninguna ruta, no le devuelve el aire a un neonato… no resucita a Miriam.
¿Qué hubiera dicho la CIDH si hubiera sido el Estado quien bloqueara las carreteras? Si hubiera sido la policía quien impidiera que Miriam llegara a quimioterapia. Si hubieran sido soldados quienes dejaran varado a un chofer hasta morir deshidratado. No hablarían de “diálogo”: hablarían de violaciones a los derechos humanos.
No habría “preocupación”. Habría condena, comunicados de urgencia, visitas de relatores especiales, presión internacional coordinada. Lo sabemos porque ya pasó: en 2019, cuando el Estado boliviano reprimió protestas con violencia, la CIDH reaccionó con velocidad y contundencia. Y así debía ser.
Mas hoy, siendo los bloqueadores —y no el Estado— quienes producen 13 muertos y nueve neonatos sin oxígeno, el mismo organismo necesita párrafos enteros de equilibrismo jurídico para no señalar con claridad a los responsables. Esa asimetría no es inocente; revela una jerarquía implícita de víctimas: hay muertes que merecen condena y muertes que merecen “preocupación”. Miriam no entró en la primera categoría; el chofer que rogó 32 días, tampoco.
El límite del diálogo
Existen un par de frases que salieron de la Asamblea de la COB el 1 de junio. Bolivia llevaba un mes de bloqueos y los hospitales estaban sin oxígeno:
“Ahora es tarde para el diálogo.”
— Dirigente de la COB, 1 de junio de 2026“No hay nada más que negociar.”
— Severo Marca, dirigente movilizado, 1 de junio de 2026
La Asamblea de la COB acordó formalmente no acudir a la mesa de diálogo. “La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo”, afirmó José Luis Álvarez. Unánimemente, sin disidentes. Miriam todavía estaba viva.
El Estado boliviano ya había cedido antes: levantó las órdenes de captura contra Mario Argollo y Vicente Salazar. Cumplió exactamente la condición que ellos habían puesto para dialogar. La respuesta fue: no vamos igual. Los bloqueos continúan; las muertes se acumulan.
Tras solicitar el presidente una “reconciliación” y anticipar una “solución en los próximos días”, la respuesta de los sectores movilizados fue un Cabildo en El Alto, donde ratificaron que el conflicto solo se resuelve con su renuncia. No es una demanda: es un ultimátum.
Lo que los organismos internacionales no quieren decir en voz alta es que la frase “uso de la fuerza como último recurso” resulta correcta en abstracto y criminal en concreto cuando ya hay 13 muertos y el diálogo fue descartado en asamblea plenaria. Esa frase, en boca de organismos con capacidad de presión sobre los gobiernos, paraliza al Estado: “si actúas, te condenamos”. El Estado opta por no actuar. Las muertes se acumulan; es un mecanismo perverso. La CIDH lo sabe; lo utiliza igual.
Llamarlo por su nombre
Si un grupo organizado, durante 38 días y de forma sistemática, impide deliberadamente que civiles accedan a atención médica, alimentos y oxígeno, sabiendo que eso produce muertes, con 13 cadáveres como evidencia y nueve neonatos luchando por sobrevivir, el Derecho Internacional tiene un nombre para eso.
No son palabras cómodas, no caben en un comunicado de “preocupación”. La Fiscalía boliviana ya eligió una esta semana: terrorismo. No lo hizo a la ligera.
En siete años de bloqueos (2019–2026), Bolivia acumula 54 muertos y más de mil heridos. Solo en mayo-junio de 2026: 13 muertos en 38 días. Eso no es una “crisis social”. No. Es un patrón de violencia contra la población civil que se repite, se justifica y se normaliza desde que los sectores afines a Evo Morales descubrieron que paralizar el país les confiere poder.
El costo de no actuar
Es indispensable garantizar el libre tránsito como derecho fundamental, no como concesión que se ruega. Defender corredores humanitarios con presencia física del Estado, no con declaraciones de buena voluntad. Continuar la judicialización de quienes impidieron el paso de ambulancias con resultado de muerte —13 veces—. Exigir que la CIDH y la ONU se pronuncien con la misma firmeza con que lo hacen cuando el agresor tiene uniforme y no bandera sindical. Y evaluar ante instancias internacionales si este patrón de violencia sistemática reúne los elementos de un crimen de lesa humanidad.
Después de los comunicados
Si mañana un gobierno latinoamericano ordenara cerrar todas las rutas de entrada a su capital, dejar sin oxígeno los hospitales y condenar a camioneros a morir varados, la CIDH estaría en ese país en 72 horas. Los relatores especiales emitirían condenas; la presión diplomática sería inmediata.
Cuando quienes producen esas condiciones son grupos con bandera de “lucha popular”, la misma situación recibe el tratamiento de siempre: “preocupación”, “diálogo”, “último recurso”.
Detrás de eso opera una jerarquía implícita, con consecuencias que hoy se miden en 13 muertos y nueve neonatos sin oxígeno en un hospital de La Paz.
Los padres de Miriam intentaron cruzar por todos los caminos posibles. No lo lograron. Regresaron a casa con ella. Y Miriam murió en su cama, con 12 años, con linfoma, en Tambo Quemado, mientras dirigentes de la COB aprobaban resoluciones para continuar los bloqueos en La Paz.
Zulema Ramos voló a La Paz para reclamar el cuerpo de su marido. En Cochabamba la esperaban sus tres hijos.
Nadie del grupo que los mató fue a ayudarlos. La CIDH tampoco estuvo allí.
En este momento, en algún hospital de La Paz, hay un recién nacido respirando con lo que queda del oxígeno de ayer. No sabe que hay casi 100 puntos de bloqueo afuera ni que la COB descartó el diálogo. Solo respira y espera que alguien, en otro lugar, decida que su vida vale más que una consigna política.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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