“Existe un fenómeno recurrente en cualquier institución de educación superior. Se trata del estudiante que, durante un período prolongado, no aprovecha adecuadamente su tiempo, deja pasar las fechas de entrega establecidas, ignora las advertencias del profesor y posterga la realización de sus responsabilidades. Sin embargo, al percatarse de que el plazo se está agotando y de que la calificación está a punto de ser definida, se ve inmerso en una carrera frenética para completar en unos pocos días lo que no quiso o no pudo realizar durante todo el semestre.”
La imagen del estudiante indisciplinado parece describir con precisión el comportamiento que hoy exhibe el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego y buena parte del progresismo de izquierda en Colombia. Tras un mandato de cuatro años, el Gobierno parece haber tomado conciencia de la necesidad de agilizar la toma de decisiones, asegurar los recursos y establecer políticas que tengan un impacto en la próxima administración. Ciertamente, resulta cuando menos llamativo el afán con el que se está ejecutando el presupuesto nacional. Asimismo, sorprende la celeridad con la que se están produciendo nuevos nombramientos en entidades públicas y representaciones diplomáticas, mientras se impulsan programas de largo plazo que comprometen recursos fiscales y limitan la capacidad de maniobra del gobierno que asumirá el poder. Más que una gestión responsable de cierre, la impresión es la de un gobierno que busca atar sus decisiones antes de abandonar la Casa de Nariño.
El panorama se completa con la presentación de una nueva reforma tributaria que incrementa la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas, al tiempo que se presentan iniciativas destinadas a blindar el denominado salario mínimo vital y preservar, mediante mecanismos jurídicos o administrativos, las pocas reformas estructurales que lograron superar el trámite legislativo durante el cuatrienio. Por supuesto, cualquier administración gubernamental tiene la facultad de presentar proyectos hasta el último día de su mandato. El debate no se centra en la legalidad de dichas actuaciones, sino en su pertinencia política y en su congruencia con la gestión desarrollada durante los últimos cuatro años. Si determinadas reformas se consideran indispensables para el país, ¿por qué muchas de ellas se implementan únicamente al final del mandato? ¿Por qué surge la urgencia precisamente cuando la administración está llegando a su fin?
A esta aceleración administrativa se suma una estrategia política que empieza a ser evidente. El discurso oficial parece estar experimentando un cambio de enfoque, pasando de la defensa de la gestión a la construcción de una narrativa de victimización. Se aborda el concepto de desobediencia civil pacífica, se insta a la población a mantenerse movilizada de manera permanente y se enfatiza la percepción de que cualquier revisión, modificación o derogación de decisiones gubernamentales se percibe como un ataque contra los sectores populares y contra los principios mismos de la democracia. La lógica detrás de esta estrategia es sencilla, pero de consecuencias potencialmente graves; transformar una derrota política en una supuesta persecución ideológica. De esta manera, cualquier decisión del nuevo gobierno podrá ser presentada como una agresión contra el “pueblo”, aunque corresponda al ejercicio legítimo de las competencias otorgadas por las urnas.
Dentro de esa misma narrativa, resulta simbólico el retorno de varios objetos que, durante estos años, se han convertido en referentes políticos. La espada de Bolívar ha sido restituida a la Quinta de Bolívar; la sotana del sacerdote Camilo Torres ha sido conducida al Museo Nacional; y el sombrero de Carlos Pizarro ha sido entregado nuevamente a su familia. Independientemente de la carga emocional que algunos puedan atribuirles, estos bienes recuperan el contexto histórico e institucional que les corresponde, el olvido.
La función preservar la memoria y facilitar su estudio crítico, no puede convertir en objetos de culto político desde el poder, unos instrumentos que son materialización de la violencia que ha azotado a Colombia durante su historia. Una democracia madura no requiere monumentos oficiales para sostener una ideología. Asimismo, no se considera necesario que el Estado otorgue un reconocimiento permanente a figuras cuya trayectoria sigue siendo objeto de un profundo debate histórico. La memoria es un bien común a todos los ciudadanos de Colombia, no pertenece a ninguna entidad gubernamental en particular.
Es posible que el aspecto más problemático no radique en la celeridad de las decisiones adoptadas en los últimos días, sino en el mensaje que transmiten. Estas medidas parecen reflejar la conciencia de que muchas de las transformaciones prometidas nunca se materializaron, que una parte significativa de la agenda inicial quedó inconclusa y que ahora se está intentando asegurar, mediante decretos, nombramientos, compromisos presupuestarios y reformas de última hora, aquello que no se logró consolidar mediante consensos políticos durante el ejercicio ordinario del poder. Gobernar implica planificar desde el primer día, construir mayorías, administrar con responsabilidad y responder por los resultados obtenidos. No se trata de adoptar una actitud impulsiva y precipitada cuando el tiempo se agota. La historia ha demostrado ser poco indulgente con aquellos que identifican la necesidad de cambio cuando ya no es posible ajustar el curso.
Los colombianos han elegido un nuevo gobierno. Esta decisión merece el mismo respeto que exigieron quienes hace cuatro años defendían la voluntad popular. La alternancia es un principio esencial en el funcionamiento de toda democracia. Cualquier intento de condicionar el margen de acción de la administración entrante desde la recta final o de promover escenarios de confrontación permanente antes incluso de que inicie su mandato, difícilmente contribuirá a la estabilidad institucional que el país necesita. Gustavo Francisco Petro Urrego, al igual que el estudiante mediocre que solo abre los libros la noche anterior al examen final, ha comprendido demasiado tarde que el tiempo también califica. Una vez culminada la evaluación, resulta insuficiente limitarse a correr, puesto que los resultados hablan por sí solos.
La historia será, en última instancia, la que emita el veredicto final sobre el actual gobierno. Si el balance confirma las tendencias percibidas por amplios sectores del país, los anales de la política colombiana registrarán que el progresismo de izquierda ha estado a cargo de uno de los gobiernos más cuestionados de la historia reciente. Esta administración prometió transformar a Colombia, pero entrega un país con fracturas institucionales profundas, un elevado deterioro de las finanzas públicas, incertidumbre económica y enormes deudas sociales que difícilmente podrán corregirse en el corto plazo.
Todo parece indicar que Gustavo Francisco Petro Urrego mantendrá una presencia continua en el ámbito político, más allá de su mandato actual. Se prevé que asuma el liderazgo de la oposición y convierta esa tribuna en la plataforma desde la cual intentará reconstruir un relato basado en la mitomanía y la confrontación permanente. Fiel al estilo discursivo que ha caracterizado su trayectoria, buscará presentarse nuevamente como la voz de los excluidos y los oprimidos, atribuyendo a terceros las consecuencias de un proyecto político que tuvo cuatro años para demostrar su capacidad de gobernar.
La paradoja es evidente. Aquél que detentó el poder mediante el uso de todas las herramientas institucionales volverá a expresarse como si nunca hubiera ejercido el gobierno. Aquellos que tuvieron la oportunidad histórica de transformar al país probablemente insistirán en explicar sus resultados desde la narrativa de la persecución, la conspiración y la victimización. No obstante, la democracia posee una cualidad inexpugnable, que ninguna artimaña retórica puede menoscabar; esto es, la memoria de los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que los discursos pueden ser modificados o adaptados, mientras que los hechos, las decisiones y sus consecuencias permanecen inalterables. Es sobre ellas, y no sobre los relatos, que la historia escribirá el verdadero legado de este gobierno.
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