“La historia no se congela en un documento, por solemne que sea, y los pueblos tienen el derecho —y el deber— de corregir el rumbo cuando la realidad demuestra que el camino elegido no conduce al puerto prometido.”
En las vísperas de las elecciones presidenciales de 2026, Colombia vuelve a enfrentarse a ese antiguo dilema latinoamericano que tantas veces ha descrito la literatura de nuestro continente: la tentación de encadenarse a un pacto del pasado, cargado de buenas intenciones y retórica redentora, mientras la realidad —terca, sangrienta, innegable— sigue reclamando su derecho a ser vista sin velos ideológicos.
El Acuerdo de La Habana de 2016, celebrado antaño con el entusiasmo de las grandes ilusiones revolucionarias, ha envejecido mal. Sus páginas, densas de burocracia generosa y promesas de paraíso territorial, no han conjurado la violencia que continúa tiñendo de luto las veredas y los ríos. Donde se proclamó la «paz total», han proliferado disidencias mutantes, economías ilícitas voraces y un vacío de autoridad que ningún documento firmado en la Cuba comunista ha logrado llenar. Los asesinatos persisten, no como simples vestigios de un conflicto pretérito, sino como testimonio vivo de que la paz de papel rara vez derrota a la ley del más fuerte.
La verdadera madurez de una nación no radica en repetir, como un mantra litúrgico, la obligación de «implementar integralmente» un texto venerado. Radica en el coraje intelectual de reconocer sus límites y en la voluntad política de superarlos. La Reforma Rural Integral, por ejemplo, ha pasado del discurso grandilocuente a una realidad modesta y a menudo frustrante: hectáreas gestionadas con lentitud burocrática, proyectos que avanzan con paso de caracol y una desconfianza profunda entre quienes anhelan productividad, propiedad clara y legalidad, frente a quienes prefieren perpetuar la nostalgia campesina y la redistribución ideológica.
Pero es en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde el Acuerdo revela su rostro más inquietante. Concebida como instrumento de reconciliación, se ha convertido en un mecanismo de impunidad selectiva, un tribunal que distingue entre victimarios según su antigua militancia ideológica. Mientras las víctimas del secuestro, del reclutamiento forzoso, de las bombas en pueblos y de los miles de desaparecidos esperan una verdad completa y una justicia que no sea mera escenografía restaurativa, la JEP ofrece sanciones blandas, trabajos ambientales simbólicos y un perdón que huele más a lavado de culpas que a reparación genuina. Ha despilfarrado recursos colosales para garantizar, en la práctica, que los grandes responsables de crímenes atroces conserven derechos políticos y un manto de legitimidad que la justicia ordinaria jamás les habría concedido. Esa no es reconciliación; es una burla institucionalizada a la dignidad de las víctimas y a la igualdad ante la Ley, principio sin el cual ninguna democracia merece tal nombre.
En este paisaje, la figura de Iván Cepeda emerge como un peligro concreto y no menor para Colombia. Candidato del Pacto Histórico, defensor incansable del Acuerdo y promotor de su profundización, representa la continuidad de una visión que prioriza el diálogo ritual con los armados y la implementación dogmática del texto habanero por encima de la seguridad cotidiana de los ciudadanos. Su trayectoria, marcada por una fe inquebrantable en las bondades de ese pacto y en mecanismos como la JEP, amenaza con prolongar la misma lógica que ha dejado territorios enteros a merced del narcotráfico y la extorsión. Entregarle el destino del país a quien ve en la fidelidad al Acuerdo la única senda posible equivaldría a apostarle, una vez más, a la utopía en detrimento de la realidad. Colombia no puede permitirse ese riesgo.
Frente a ello, resulta refrescante y esperanzador que otras candidaturas se nieguen a hablar el lenguaje ritual del Acuerdo. Prefieren invocar conceptos más terrenales y urgentes como el orden, la firmeza, la presencia efectiva del Estado, el desmantelamiento implacable de las redes criminales, la justicia sin privilegios transicionales y un desarrollo rural que premie la iniciativa privada y la legalidad, no solo la retórica redistributiva. No se trata de un retroceso a la barbarie, como algunos profetizan con dramatismo previsible. Se trata de una corrección de rumbo indispensable, es decir, sustituir la ilusión de la «paz total» por la exigencia de una SEGURIDAD TOTAL, aquella que permita a los colombianos dormir sin miedo y a los campos producir sin el tributo de la extorsión.
Colombia no sufre orfandad de paz. Sufre, más bien, el exceso de una paz concebida como dogma ideológico y no como resultado cotidiano y mensurable. La verdadera deuda del país es con sus millones de habitantes cansados de vivir entre el temor y la burocracia, entre la violencia residual y los informes internacionales que celebran avances en papel mientras la sangre sigue corriendo en las regiones.
Los candidatos que se atreven a cuestionar el peso excesivo del Acuerdo de 2016 no traicionan la paz. Ejercen, precisamente, la libertad de pensamiento y de propuesta que toda democracia genuina debe defender. Están afirmando que la historia no se congela en un documento, por solemne que sea, y que los pueblos tienen el derecho —y el deber— de corregir el rumbo cuando la realidad demuestra que el camino elegido no conduce al puerto prometido.
En 2026, Colombia tiene ante sí la oportunidad de elegir entre la repetición mecánica de un acuerdo que no ha terminado de cuajar y la construcción valiente de una convivencia fundada en la autoridad legítima del Estado, la ley igual para todos y el progreso material tangible. Esa elección no es abandono. Es, al contrario, el gesto más responsable y esperanzador que puede hacer una nación que, a pesar de sus heridas, se obstina en creer en su propio futuro.
Comentar