Conviene empezar recordando una idea que a menudo olvidamos cuando hablamos de política: los gobiernos no existen para resolver problemas. Existen, sobre todo, para gestionarlos… y, si es posible, multiplicarlos lo justo para que su intervención siga siendo imprescindible. No es una crítica moral, sino una observación casi sociológica. El poder siempre ha funcionado así.
Si uno examina con calma la evolución del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que aparece no es simplemente un programa político discutible. Es una dinámica bastante más interesante: un proceso constante de ampliación del espacio en el que el Estado decide por el ciudadano. No suele hacerse de golpe. Nunca se hace de esa manera. Se hace paso a paso, con medidas revestidas de razonabilidad, incluso bienintencionadas.
El último ejemplo lo vemos con el debate en torno al control de las redes sociales. La justificación es impecable desde el punto de vista emocional: velar por los menores, frenar la desinformación, garantizar entornos digitales seguros. Es difícil oponerse a eso sin parecer un irresponsable. Pero cuando uno deja a un lado el envoltorio y mira el mecanismo real, lo que se revela es otra cosa: una mayor capacidad del poder político para vigilar qué se dice, quién lo dice y hasta dónde puede decirse.
Aquí entramos en un terreno clásico de la teoría política. El poder sabe perfectamente que controlar la información es infinitamente más efectivo que controlar directamente a las personas. Si uno define el marco en el que la gente piensa, el resto viene casi solo.
El problema no es técnico ni tecnológico: es conceptual. El actual modelo político se sustenta en una noción muy concreta del ciudadano: alguien que necesita supervisión. No se expresa de ese modo, por supuesto. Se presenta como protección, como acompañamiento, como responsabilidad institucional. Sin embargo, el resultado es el mismo. La libertad deja de ser un punto de partida y pasa a ser algo que el Estado dosifica.
El intervencionismo constituye una reacción en cadena. El Estado interviene para solucionar un problema. Esa intervención genera distorsiones nuevas. Y esas distorsiones allanan el camino para otra intervención. La espiral se retroalimenta y termina creando estructuras de poder que nadie planificó del todo y que acaban siendo gigantescas.
El sanchismo ha demostrado una habilidad notable para moverse dentro de esa lógica. Cada crisis se convierte en una oportunidad para introducir nuevas regulaciones, nuevos instrumentos de control o nuevas competencias administrativas. Y lo hace, además, articulado en un lenguaje que describe la expansión del poder como un pretendido avance social. Es una estrategia altamente funcional, pues reduce considerablemente la resistencia de la opinión pública.
Regímenes del tipo de Cuba o Venezuela no empezaron prohibiendo libertades de forma abierta. Comenzaron regulando, ordenando y amparándose en la protección, en nombre de causas nobles. El control del discurso público fue uno de los primeros pasos, porque limita un elemento fundamental: la posibilidad de organizar una alternativa política real.
España, evidentemente, no está en ese escenario. Aun así, tampoco está vacunada contra ciertas dinámicas que son bastante universales. Las democracias modernas no suelen caer de repente. Se transforman poco a poco. Mantienen elecciones, parlamentos y tribunales, pero van estrechando el margen real de decisión del individuo.
El gran riesgo del colectivismo no es su retórica, sino su lógica interna. Cuando el Estado asume que debe hacerse cargo del ciudadano incluso frente a sus propias decisiones, necesita intervenir cada vez más ámbitos de la vida cotidiana. Y lo hace con un factor muy peligroso: el consentimiento de una sociedad que empieza a confundir seguridad con libertad.
Pedro Sánchez se ha mostrado particularmente hábil en ese terreno. Ha entendido que el poder en el siglo XXI no necesita eliminar las estructuras democráticas. Basta con ocuparlas, reinterpretarlas y, sobre todo, ampliarlas hasta que el ciudadano apenas perciba dónde termina su autonomía y dónde empieza la tutela política.
Porque el auténtico triunfo del poder no llega cuando consigue imponer normas. No. Llega cuando logra algo más profundo: que los ciudadanos interioricen que necesitan esas normas para vivir. En ese momento, la domesticación ya no es un proyecto político: es una costumbre social. Y las costumbres, como sabemos, son siempre mucho más difíciles de revertir que las leyes.
La versión original de esta columna fue publicada en el portal Okdiario y posteriormente en El Insubordinado.
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