Las palabras importan. Y cuando quien aspira a la Presidencia de la República decide afirmar, en su propio plan de gobierno, que Antioquia es “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, no estamos ante un simple error retórico ni ante un párrafo mal redactado. Estamos frente a una acusación grave, ofensiva y profundamente injusta contra millones de colombianos.
Reducir a Antioquia a esa caricatura ideológica es, en esencia, un acto de desprecio hacia una región que ha sido uno de los principales motores económicos, industriales y empresariales del país. Es desconocer la historia de una sociedad que se ha levantado una y otra vez frente a las adversidades, que ha construido empresa, infraestructura y oportunidades donde muchas veces solo había abandono estatal.
Sí, Antioquia ha sufrido la violencia. La ha sufrido como pocas regiones en Colombia. Ha sido golpeada por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por la guerrilla y por todas las formas de barbarie que han marcado nuestra historia reciente. Pero convertir ese dolor en un estigma colectivo es un insulto a las víctimas y a la gente honesta que ha trabajado durante décadas para sacar adelante esta tierra.
Los antioqueños no somos responsables de los criminales que han actuado en nuestro territorio. Por el contrario, hemos sido sus víctimas. Pretender lo contrario es una simplificación peligrosa que solo alimenta la polarización política y el resentimiento regional.
Pero el problema no termina en las palabras. Muchos en Antioquia sentimos que, más allá del discurso, también se ha venido configurando una serie de decisiones que afectan directamente el desarrollo del departamento. Proyectos estratégicos han enfrentado retrasos, trabas o falta de respaldo desde el nivel central.
Las autopistas 4G, fundamentales para la competitividad de la región, han sufrido obstáculos. La segunda pista del aeropuerto José María Córdova sigue sin avanzar al ritmo que exige el crecimiento de Medellín y su área metropolitana. El tren de la 80, clave para la movilidad urbana, continúa esperando recursos y definiciones.
A esto se suman tensiones alrededor de proyectos emblemáticos como el puerto de Urabá, vital para la conexión del país con los mercados internacionales, o las controversias alrededor de Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín, instituciones que representan no solo un orgullo regional sino un patrimonio estratégico para Colombia.
El caso del túnel del Toyo, la obra vial más ambiciosa del país, también ha generado preocupación. Muchos temen que decisiones políticas terminen retrasando o entorpeciendo una infraestructura que podría transformar la conexión entre Antioquia y el mar Caribe.
Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿por qué ese tono de confrontación contra una región que ha aportado tanto al desarrollo nacional?
Antioquia no es perfecta. Ninguna sociedad lo es. Pero su historia no se puede resumir en una consigna ideológica ni en un juicio colectivo que ignora el esfuerzo de millones de trabajadores, empresarios, campesinos y emprendedores.
Esta es una tierra que ha levantado industria, universidades, innovación tecnológica, infraestructura y oportunidades para el país entero. Una región que ha aportado de manera decisiva al crecimiento económico nacional y al sostenimiento del Estado.
Por eso la indignación que hoy se siente en Antioquia no es gratuita. Es la reacción natural de una sociedad que no acepta ser tratada como sospechosa colectiva ni como enemigo político.
El debate democrático exige crítica, memoria y reflexión. Pero también exige rigor, respeto y responsabilidad.
Porque cuando se estigmatiza a una región entera, no se está haciendo política: se está sembrando división.
Y Antioquia, con todos sus defectos y virtudes, no merece ser tratada como el enemigo.
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