Aunque la fecha límite definida por la Corte Constitucional era el 14 de mayo, el señor Gustavo Petro esperó hasta el día 19 para emitir una desaguisada retractación de sus declaraciones del 30 de agosto de 2024, cuando descalificó a las periodistas “del poder” (así lo dijo) como “muñecas de la mafia”. Su voz misógina y contraria a la Constitución deslució la posesión de la doctora Iris Marín como primera mujer defensora del pueblo.
¿Se retractó? Sí, haciendo notar que estaba obligado. ¿Resarció el daño contra todas las periodistas del país? No.
Como ciudadano, el señor Petro estaba obligado a cumplir plenamente las decisiones judiciales, en este caso la sentencia SU 432 de 2025, con la que la Corte resolvió una acción de tutela en la que El Veinte representó a las ofendidas consiguiendo el amparo a sus derechos a “una vida libre de violencias, a no ser discriminadas y a la libertad de expresión”.
El gobernante tiene la ventaja de la ineficacia de la Comisión de Acusaciones, su disciplinante. Esa impunidad garantizada le impone ser cumplidor de los mandatos constitucionales, en especial los asociados con garantizar los derechos humanos, y atender las órdenes judiciales con celeridad y transparencia. Como cualquier tirano, ha hecho de sus límites, reyes de burlas.
A Gustavo Petro le incomodan las normas ajenas a sus delirios, las cortes que las defienden, los periodistas que trabajan por la verdad y los ciudadanos que disienten de sus actuaciones; en realidad le estorba toda cortapisa. Autoritario y megalómano, destaca por su poder real y mediático, aumentado por cajas de resonancia reacias al disenso.
La quieta, y hasta aburrida, tarde del 21 de abril en Medellín fue sacudida por un trino que hubiera sido grito, si en vez de escribirlo Federico Andrés Gutiérrez lo hubiera videograbado, como usa. En él, ordenaba cancelar la presentación pública del libro El M 19, de la guerra a la política, el trabajo de grado de maestría del profesor Jaime Rafael Niego López.
Federico Andrés no se contentó con una orden en redes sociales (¿tiene validez jurídica?), también desplegó un operativo policial del tipo que quisieran las víctimas de explotación sexual en el Parque Lleras o de microtráfico en toda la ciudad; a este añadió un despliegue de bodegueros que lo acompañaron a descalificar el libro no leído, el autor apenas conocido y la editorial independiente.
Al ejercer esta censura, el hoy acalde de Medellín confirmó sus ínfulas de dueño, no simple temporal administrador, de esta ciudad forjada por generaciones de amadores, cuidadores, odiadores, destructores. Al hacerlo quiso herir, acto ineficaz, a la Biblioteca Pública Piloto. Ese escenario público que tanto queremos ha sido forjado por la ciudadanía, en especial por los lectores asiduos, algunos orgullosamente carnetizados cuando eso todavía se usaba, y por gestores de actividades culturales cada vez más frecuentes y apasionantes.
Negar la discusión pública sobre un libro cualquiera viola el Artículo 20 de nuestra Carta Política, que “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”. No las opiniones que gustan al poder, no las que lo disgustan, todas las ideas son protegidas por este mandato sobre el que descansa la democracia liberal, hoy tan amenazada.
El alcalde tampoco cumple con decisiones judiciales. En respuesta a tutela de la organización Fidedigna, el Juzgado 47 Penal de Medellín le ordenó emitir un comunicado público reafirmado el compromiso del Distrito de Medellín con el respeto a la libertad de expresión y la prohibición de la censura. Aún no hay acatamiento a esa orden.
La censura al evento se topó con una afortunada conversación sobre la libertad, la calidad de la BPP como gran escenario para la vida pública de esta ciudad y hasta sobre el exitoso proceso de paz del Estado colombiano con el M 19. También dio pie a que desde la derecha ideológica -que por fortuna existe y se puede expresar con libertad- denunciaran otro acto de censura perpetrado por una funcionaria, que de seguro tampoco será investigada o sancionada.
Cuando asumió la Dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, la señora María Gaitán archivó el libro Los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las Farc-EP y el Eln, 1964-2012, obra de cuatro investigadores liderados por el doctor en historia Rubén Darío Acevedo Carmona, exdirector de ese Centro. No hay explicación académica, sólo postura ideológica, en una censura que no hay impedido que la obra se conozca: hoy circula profusamente por el chat de las tías y correos de amigos, lo que no garantiza que cumpla su propósito de ser punto de partida para el necesario sobre las huellas de los crímenes de las guerrillas de extrema izquierda.
El ambiente de censura y la tolerancia de los adherentes con quienes la ejercen amenaza está ahí y crece mientras aminoran las voces que entienden el valor de la libertad de pensamiento, expresión y prensa como garantía para la vida en común y en democracia.
Abelardo de la Espriella candidato que ha recogido las voces de la derecha radical, la familia Gilinski y la revista Semana, tiene un larguísimo recorrido de persecución judicial a periodistas, sobre todo mujeres, que han investigado y denunciado sus malas prácticas profesionales. Ahora que recibe amplios espacios en medios de comunicación, como es debido, intensifica acoso y agresiones a las mujeres periodistas.
Laura Rodríguez es una periodista joven en un programa radial de esos en los que información y rigor periodístico se mezclan con malos chistes y dobles sentidos. Hasta allí llegó el señor de la Espriella buscando una entrevista que convirtió en un aterrador episodio de acoso sexual contra Laura, una agresión que ella intentó contener con inteligencia y que sus compañeros toleraron con desprecio por su colega. El escándalo por ese horror dejó una excusa aún peor: ¿es responsable una mujer agredida por sentirse mal ante el abuso? Si ese señor llega al Gobierno o al Congreso ¿va a agredir sexualmente a todas sus interlocutoras?
Casi en forma simultánea al acoso sexual se conocieron actos de censura y ofensa a otras mujeres periodistas.
Camila Zuluaga, directora del muy escuchado programa Mañanas Blu 10 a.m. Frente a otros colegas y la jefe de prensa del candidato monteriano recibió la notificación de que no tendría entrevistas con él. ¿Si es elegido, va a negarle a la ciudadanía el derecho a recibir información oportuna sobre su pensamiento y decisiones? La libertad de prensa la ejercen los periodistas, pero le pertenece a la ciudadanía que tiene derecho a conocer los hechos de interés público, en especial los actos de gobierno.
Ese mismo día, el señor en referencia había atropellado a la juiciosa periodista María Lucía Fernández, de quien le disgustó su pregunta sobre el pensamiento del señor De La Espriella sobre la ética. La andanada habló más de quien no soporta una interpelación y pretende humillar a su interlocutora que de la periodista que tiene una destacada trayectoria profesional en la televisión del país. El candidato dejó pendiente responderle al país, no a quien preguntó, sobre sus ideas sobre la relación de la ética con la justicia y con el gobierno.
El artículo 20 de la Constitución Nacional es una conquista muy joven de la democracia colombiana. La libertad de expresión y de imprenta (así se le llamaba en sus primeras versiones) fue consagrada en la Constitución de 1851, pero duró poco. En 1886, la Regeneración le puso límites que muchos usaron para perseguir a ideólogos disidentes, censurar libros y cerrar periódicos. El plebiscito de 1957 la restituyó, pero fue hasta 1991 que fue consagrada como libertad sin cortapisas.
Hoy, el populismo totalitario acecha una de las más grandes conquistas de la civilización política, la del derecho de cada uno a pensar con libertad, a expresarse sin cortapisas, defendiendo sus ideas en medios de comunicación y espacios públicos.
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