El informe de gestión 2025 del diputado Juancho Muñoz confirma una línea de trabajo que se ha vuelto cada vez más escasa en la política regional: la combinación de presencia territorial, control institucional y coherencia temática. Desde la Asamblea Departamental de Antioquia, su balance recoge comisiones, debates de control político, acompañamiento comunitario e iniciativas normativas y pedagógicas, con un eje transversal claro: la defensa de la vida, la paz y los derechos humanos.
Muñoz presenta su gestión como una “curul del pueblo”, y el documento —más allá del lenguaje de rendición de cuentas— deja ver una apuesta de representación que no se limita al recinto. El hilo conductor es una práctica política que busca sostenerse en tres frentes: ambiente y agua, derechos ciudadanos, y educación pública, sumando un cuarto componente que fortalece los anteriores: veeduría y acción jurídica contra decisiones que considera regresivas.
Uno de los capítulos más robustos del informe es el de “Nuestras luchas por el agua y la vida”. Allí, el diputado ubica hitos como su presencia en Támesis (5 de febrero), en la audiencia pública sobre la Resolución 377 de 2024 y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). El relato no se queda en la consigna: insiste en la dimensión pedagógica del debate y en la necesidad de disputar la narrativa del “desarrollo” cuando se usa para justificar el extractivismo.
En esa misma línea aparece Jericó, donde el informe destaca acompañamiento comunitario, visibilidad a resistencias locales y respaldo institucional a quienes enfrentan conflictos socioambientales. El episodio de los once campesinos judicializados se presenta como un ejemplo de veeduría con resultados: la gestión registra acciones públicas, constancias en la Asamblea y acompañamiento en un proceso que puso en tensión el derecho a la protesta y el uso del aparato judicial.
Bello y el norte del Valle de Aburrá: derechos ciudadanos en la agenda departamental
El informe también muestra a un diputado que no abandona su territorio político. En Bello, Muñoz reseña su debate por el no al traslado del peaje Pajarito, señalando cuestionamientos sobre transparencia y metodología de estudios, además del impacto económico en sectores como turismo y agricultura.
Otra línea de seguimiento persistente es la Plaza de Mercado de Bello, caso que el informe presenta como una herida abierta: desalojo de comerciantes, demoras, prórrogas y costos, con una tesis de fondo que no esquiva: la obra convertida en “monumento a la burocracia y el clientelismo”. Más allá de la denuncia, el valor político de este punto está en la constancia: insistir durante años en un tema local —sin dejarlo morir en el ciclo noticioso— es una forma concreta de defensa de derechos laborales y economía popular.
El informe incluye además el acompañamiento y la denuncia en la emergencia de Granizal, combinando articulación institucional, campaña solidaria y reclamo de medidas efectivas frente al riesgo. El mensaje es claro: cuando hay tragedia, se requiere Estado; cuando el Estado falla, se requiere control ciudadano y liderazgo público que active veedurías.
Educación pública: gestión con alianzas, símbolos y presión política
En materia educativa, el balance resalta una estrategia doble: formación ciudadana y defensa presupuestal. La alianza con la ESAP para un curso gratuito y certificado en gestión pública territorial apunta a algo relevante: convertir la rendición de cuentas en capacidad instalada para la ciudadanía (Secop, planeación territorial, cultura de paz e implementación del Acuerdo Final).
A esto se suman gestos con alto valor simbólico e institucional, como la condecoración al INER de la Universidad de Antioquia, y, sobre todo, el seguimiento continuo a la crisis de la UdeA desde la Comisión Accidental. El informe plantea una lectura estructural: no solo administración, sino modelo de financiación y regionalización, con la necesidad de corresponsabilidad entre niveles de gobierno.
También destaca un punto políticamente significativo: la defensa de la estampilla del Politécnico Jaime Isaza Cadavid frente a un proyecto que buscaba recortes. El informe lo presenta como un logro comunitario donde el control político se conecta con movilización estudiantil y correcciones al articulado.
Veeduría y democracia: la gestión que incomoda
En el apartado de “Lucha contra la corrupción y defensa de la democracia”, el informe subraya una Asamblea activa en debates de ordenanza, pero con una tesis: el criterio de voto y postura debe priorizar la voz comunitaria. Allí se ubican acciones jurídicas concretas, como la demanda contra la “tasa de seguridad” (Ordenanza 50 de 2024) y la vigilancia sobre decisiones administrativas como la liquidación de la Escuela Contra la Drogadicción, así como su oposición a la figura del Área Metropolitana en el Oriente.
Lo más elogiable del informe 2025 de Juancho Muñoz es su consistencia: cada capítulo repite un método —territorio, debate, pedagogía, control— y una ética política: ser firme con las ideas sin abandonar a la gente. En un clima donde la política suele medirlo todo en impacto inmediato, este balance muestra una gestión que apuesta por algo más difícil: construir procesos, sostener causas y dejar constancia institucional.
Conoce su publicación de Informe de gestión aquí: https://www.instagram.com/p/DSVjaa7iRAt/?igsh=MWpoaW5sdDZvaXRycw==
Si el reto para 2026 será traducir esa coherencia en mayor articulación y resultados de política pública, el punto de partida ya está trazado: un diputado que, al menos en su informe, no se limitó a ocupar una curul; la trabajó.
Comentar