El Pajazo Nacional

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”

  (Juan, 8.32)

Esta mañana llegó a mi WhatsApp un mensaje que el Señor presidente colocó en la red social de X. No quiero exagerar, pero a pesar de su contenido, la lectura del mismo significó para mí un alentador soplo de libertad, un permiso para desahogarme. Por fin podía botar el taco que me atragantaba sin ser políticamente  incorrecto, escribir sin temores a que me regañasen los sacerdotes y sacerdotisas del nuevo “Culto del Cambio” que me reclaman por deslizar en algunas de mis columnas, una que otra crítica a este gobierno, benigna, por supuesto, pues también pertenezco a la iglesia del Cambio. Cambio, eso sí, libertario y ecuménico!.

Transcribo la primera parte del mensaje:

“Procuraduría, contraloría y defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa esta retrasado.  

Tienen razón. 

 Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas

Esta es una de las grandes hipocresías nacionales.

La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional.

Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República.”

Para quienes hayan leído mi última colaboración, les cuento que luego de publicada escribí una segunda que autocensuré temeroso de la cancelación política. Esto me sucede a menudo, tanto que a una de las primeras columnas referidas a este gobierno le mutilé el título original que decía: “Gobernar sin Hijueputas … que tenemos muchos malparidos”. Meses después, Olmedo y muchos otros, me están dando la razón. Tenemos muchos Malnacidos disponibles.

Bueno, ahí va el taco que me atragantaba. Luego de estudiar juiciosamente algunos materiales relacionados con el tema de víctimas, entre ellos el marco legal y algunos decretos reglamentarios,  y sobre todo, el “Noveno Informe de Seguimiento al Congreso de la República”, elaborado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la ley 1448 de 2021: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, llegué a la conclusión que en Colombia el tema de víctimas hacia parte de aquellos asuntos que tarde o temprano se revelarían como algo absolutamente demagógico, irresponsable e imposible de solucionar en el tiempo.

Demagógica porque la famosa, consecuente, progresista y justa Ley de Víctimas nunca consultó las realidades presupuestales para su implementación, con ser que a la fecha de su aprobación el Registro Único de Victimas había censado un poco más de dos millones. Demagógica, porque se propuso entregar indemnizaciones individuales y colectivas, enseres, mercados y tierras a tutiplén. Demagógica, por qué no consideró que las víctimas se podrían multiplicar a futuro, tal como ha sucedido con la saga de la segunda violencia llamada por todo el mundo “conflicto armado”.

En el Noveno Informe los integrantes de la Comisión de Seguimiento, esto es, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Víctimas, calcularon que la reparación de un poco más de 7 millones de víctimas a la fecha, ascendía a 301.4 billones de pesos, sin contar los recursos destinado a ese efecto por las entidades territoriales.

Para que nos hagamos una idea del compromiso monetario solo con las víctimas, el presupuesto total de Nación para el año 2024 es de 502.6 billones de pesos, repartidos en Servicio a la deuda 94.5 billones, funcionamiento 310.2 billones, e inversión 97.8 billones. Es de anotar que este monto presupuestal para el 2024 fue recortado en 20 billones. Dicho en otros términos, ni utilizando todos los recursos de inversión del presupuesto del 2024, podríamos indemnizar las víctimas reconocidas hoy en el Registro Nacional. ¡Así que si se trata de imprimir billetes para la reparación, pueden empezar ya y trabajar durante los próximos diez años!!.

Políticamente, el tratamiento a las víctimas y en general, la implementación del Acuerdo con las farc, se ha circunscrito a unos cuantos sermones de los mismos instigadores de la primera violencia, al premio Nobel del Presidente Santos, a su posible Secretaría General de la ONU y al premio mayor de los acuerdos: la burocracia y los presupuestos para la paz, apropiados y derrochados por la misma clase política que nos sumió en la violencia. A decir verdad, algunos sostienen que todo eso se hace con la complicidad de los gordos Comunes. Lo cierto es que los Acuerdos con las Farc son un compendio de promesas que no se van a poder cumplir nunca y que cuando Petrosky dijo que iba a la ONU a decir que el Estado colombiano no quería cumplirlos, lo que quería decir era que no podía hacerlo.

Y no puede cumplir con las víctimas porque no hay dinero suficiente para hacerlo, como no lo hay para realizar la lista infinita de promesas incluidas en unos acuerdos engañosos en los que se prometió el oro y el moro. Hay que hacer 72 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en los cuales poco o nada se ha avanzado, erradicar manualmente 240 mil hectáreas de coca, sostener 15 mil reincorporados y como si fuera poco, engordar a los haraganes que se colaron en la Circunscripción Territorial Especial de Paz-CITREP-Todo, para no hablar del costoso y paquidérmico Sistema de Verdad, Justicia y No Repetición hoy cuestionado hasta por sus mismos beneficiarios y de la compra de tres millones de hectáreas y la legalización de siete millones, que no incluyen, eso sí, las tierras despojadas a los campesinos en las zonas controladas por las farc.

Santos y sus secuaces, los Cristo, los Benedetti, los Prada, los Rivera y una procesión de correctos oenegeros y oenegés bogotanas, terminaron usufructuando la institucionalidad y los recursos para la paz. Los dineros destinados a las víctimas y a la paz, son ejecutados mediante el heredado y perverso sistema de los “Operadores”.  La figura del operador funciona sobre la base de un reparto politiquero del presupuesto a fundaciones y organizaciones controladas por los políticos del orden nacional o regional y una ejecución nula o a altísimos costos que no se auditan. Estos dineros nunca llegan a las comunidades, a las víctimas o a los entes territoriales con la excusa de que allí se los roban. Estos recursos se adjudican mediante licitaciones amañadas o mediante convenios interadministrativos, especialmente con un aparato conocido de autos llamado OEI: Organización de Estados Iberoamericanos. Con esos dineros se pagan las campañas de los políticos nacionales y regionales involucrados en cada negociado, y se compran los votos necesarios para llegar a la presidencia. ¡Resulta asombrosa la manera como nuestra corrupta y pantagruélica clase política se recicla y reinventa!

El acuerdo de paz y la creación de una institucionalidad para las víctimas y el cumplimiento de lo firmado, le ha servido a la vieja y corrupta clase política colombiana para reencaucharse, enriquecerse y mantener el control de un amplio sector del Estado. Les ha servido para presentarse como personas progres, dar charlas por el mundo y sobre todo, mantener su influencia en los nombramientos de contratistas y funcionarios en las instituciones creadas a la sombra de los acuerdos.

Bienvenida entonces la verdad: No hay plata para las víctimas y la implementación del desmesurado acuerdo de paz. ¡No hay cama pa´ tanta gente!

El Cambio también es transparentar la acción del Estado, denunciar los corruptos y decir la verdad. Sobre todo eso: ¡decir la Verdad!

Medellín, agosto 28 de 2024

*Abogado de la Universidad de Antioquia. Consultor independiente