El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió facultades extraordinarias para ampliar el objeto social de EPM. En el acuerdo que le presentó (ya lo retiró hasta agosto) al Concejo de la ciudad dice: “en ningún caso las facultades (…) podrán ser interpretadas o extendidas a decisiones relacionadas con enajenación de activos de la empresa, privatizaciones, fusiones, escisiones u operaciones diferente a la modificación del objeto social”. Sin embargo, la ampliación del objeto social sí es privatización.
Desde hace años, EPM intenta convertirse un holding financiero, una multilatina, como Interconexión Eléctrica, ISA. Además de las inversiones nacionales en agua y energía, invierte en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile y en cosas tan disimiles de su objeto social, los Servicios Públicos Domiciliarios, SPD, como inmobiliarias, reaseguradoras y crédito por medio de la tarjeta Somos. Mantiene su característica principal en los SPD pero ofrece otros productos, ilegal a la luz de la Ley 142.
Las inversiones en el extranjero son las que dispararon la deuda de EPM a tres veces su Ebitda, mientras las utilidades foráneas son apenas el 11%. En el caso de Agua de Antofagasta, el negocio es una inversión innecesaria, no tiene posibilidades de recuperarse y requiere financiamiento extra y muy caro. (https://bit.ly/2ClxYMh)
Cada peso que piden prestado, son obligaciones financieras con la banca multilateral, se conocen como compromisos contractuales. Y en caso de incumplirlo o “events of default”, EPM deberá pagar, inmediatamente, 13 billones de pesos. Solo podrá cambiar su objeto social, dice la exposición de motivos del proyecto de acuerdo: “excepto en los casos en los que el acreedor financiero lo apruebe (…) por escrito a los Tenedores de Bonos, el Emisor y Fiduciario[i].” Es más no pueden cambiar ni la naturaleza del negocio ni la forma en que lo han conducido. En planta blanca, los reales dueños de la empresa son los acreedores internacionales.
Si la banca internacional impondrá negocios, movimientos y como se deben manejar las inversiones, ¿cuál es el papel de la Junta Directiva, de los usuarios o de los medellinenses, supuestos dueños de la empresa?
El Gobierno corporativo, ingreso de “independientes” a la Junta Directiva de EPM, fue una imposición del Banco Interamericano de Desarrollo. Estaba Javier Genaro Gutierrez Pemberthy, ex ISA y Ecopetrol, en dónde promovió la venta de acciones de empresas públicas. Lo que sucedería en EPM era apenas obvio.
La ampliación el objeto social es un cheque en blanco para el Alcalde. No existe ningún estudio técnico y los únicos argumentos son los del Secretario de Planeación, Jorge Mejía: “desde la última revisión del objeto social se han presentado dos revoluciones industriales y tecnológicas, por lo que esta compañía podría perder valor por estar desactualizada (https://bit.ly/2DvqfM9)” Curioso. La última revisión del objeto social y estatutos de EPM se hizo en 1998. Y desde entonces a la fecha, no ha ocurrido ninguna revolución. Estamos ad portas de una, que es muy diferente.
Muchas de las áreas que propone Quintero para ampliar los negocios de EPM ya existen:
· Banca: EPM tiene la tarjeta de crédito Somos, para compras de electrodomésticos o artículos para el hogar.
· Seguros: EPM inversiones creó maxseguros para reasegurar las pólizas de la empresa.
· Negocios inmobiliarios: EPM tiene a Proinmobiliarios, cuyo objetivo es: es maximizar el valor de los inmuebles no usados en la operación del Grupo EPM.
Es una propuesta peligrosa, convertir a EPM en un pulpo imparable con inversiones dudosas, innecesarias y amparadas en el presupuesto de la filial principal, endeudada en 20 billones de pesos, y construida con esfuerzo por los medellinenses durante los últimos 50 años. La defenderemos de su privatización. No seremos inferiores al reto.
[i] Proyecto de Acuerdo presentado a la Concejo de Medellín
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