Empezaré siendo brutalmente honesta: no me interesa zanjar el debate ni convencer a nadie. La experiencia me ha enseñado que la mayoría de los debates sobre aborto, si no todos, son estériles. Se desarrollan a partir de bases epistemológicas antagónicas e incompatibles, y por eso no importa qué tan sólido sea un argumento, ninguna parte cede. Hace años dejé de discutir con personas antiaborto, no porque huya del debate, sino porque gastar energía en una discusión irresoluble no es un uso productivo de mi tiempo.
¿Por qué escribo esto, entonces, si no busco convencer? La respuesta me parece más interesante que el debate en sí. Lo hago porque, si cambiar una postura es imposible, lo que me queda es desnudar la estructura intelectual que me lleva a una conclusión: la única posición coherente con el liberalismo y sus distintas corrientes es ser pro-choice.
Acotaré aún más el alcance. Si un socialcristiano me dice que es antiaborto, me parece una posición honesta. Lo mismo si me lo dice un socialdemócrata, o incluso un marxista. Son ideologías cuyos sujetos políticos de lucha no pasan por la autonomía del individuo del modo en que el liberalismo clásico y el libertarismo sí lo hacen. Mi discusión se limita a quienes apelan al marco liberal o libertario para criminalizar el aborto. Subrayo la palabra “criminalizar” porque ahí sostengo que hay una incoherencia interna que debe exponerse.
Mi tesis central es esta: el aborto, analizado desde el prisma del individualismo, es un choque entre autonomía establecida y autonomía potencial. En toda lectura honesta del liberalismo, la primera tiene prioridad sobre la segunda.
Antes de desarrollarla, los invito a explorar los argumentos de la tesis contraria.
El primer argumento antiaborto en clave liberal viene del corazón de la tradición: los derechos lockeanos a la vida, la libertad y la propiedad. La formulación es directa: si la vida es un derecho inalienable, el aborto lo viola.
El problema no es que invoque a Locke: es que lo interpreta mal. Una comprensión coherente de Locke produce una tensión interna que el argumento antiaborto no resuelve. Locke reconoce el derecho a la autopropiedad: cada persona es dueña de sí misma y de su cuerpo antes que de cualquier otra cosa. Si el feto tiene derecho a la vida y la mujer tiene derecho a la autopropiedad, el conflicto entre ambos no se resuelve privilegiando uno solo de los dos términos. Hay que justificar por qué el primero pesa más que el segundo, y ningún lockeano serio lo ha logrado sin importar premisas externas a Locke.
A esto se suma un problema historicista. Locke concebía esos derechos para ciudadanos, y en su tiempo las mujeres no lo eran. Locke también justificaba la esclavitud. Una lectura literal e histórica de Locke conduce a conclusiones que ningún lockeano contemporáneo suscribiría públicamente. Si admitimos que la tradición lockeana evolucionó para conferir a las mujeres la condición de sujetos plenos de derecho, hacemos justo lo que el argumento antiaborto no quiere hacer: una lectura evolutiva y no historicista. Y ese enfoque, aplicado con coherencia, exige tomar en serio la autopropiedad del cuerpo femenino, no solo el derecho abstracto a la vida.
Hay, además, un punto teológico que no podemos evitar. En Locke, el derecho a la vida deriva en última instancia de un mandato divino: somos propiedad de Dios y no podemos disponer de la vida que nos prestó. Eso tenía sentido en su época. Una lectura liberal moderna y honesta no puede apoyarse en esa premisa sin asumir su carácter teológico. Y ahí está uno de los grandes problemas del debate: muchos argumentos antiaborto que pretenden ser puramente liberales tienen, en su raíz, premisas religiosas. Pueden responder a preferencias individuales legítimas, mas no a la doctrina liberal per se.
El segundo argumento es probablemente el más fuerte, y deberíamos examinarlo con rigor: si aceptamos el derecho inalienable a la vida, y si la embriología establece que la vida humana comienza en la concepción, entonces todo conjunto de células producto de la fecundación es vida humana y, por extensión, sujeto de derecho. No habría diferencia ontológica entre proteger a un recién nacido y proteger a un cigoto.
Es un argumento sólido en su lógica interna, y no voy a fingir que no lo es. Muestra, sin embargo, tres problemas que ningún liberal honesto puede pasar por alto.
Primero, la premisa de que toda forma de vida es sujeto de derecho no se sostiene al someterla a escrutinio. Los mosquitos están vivos, los matamos a diario, y ningún liberal propone criminalizar a los exterminadores. La bacteria intestinal está viva. El derecho no se otorga por estar vivo en sentido biológico, sino por algún criterio ulterior que el argumento embriológico necesita pero no provee: conciencia, sintiencia, racionalidad, viabilidad o persona moral. Decir “la vida comienza en la concepción” da respuesta a una pregunta biológica, no a la pregunta política sobre quién es sujeto de derecho.
Segundo, incluso aceptando que el feto sea sujeto de derecho, el propio derecho liberal reconoce excepciones al derecho a la vida: la legítima defensa o la situación en que dos vidas no pueden coexistir y corresponde elegir. El argumento antiaborto que invoca el derecho a la vida como absoluto recurre a una versión más rigurosa que la que el derecho liberal contempla en cualquier otro contexto.
Tercero, y este es el punto que importa: aun concediendo que el feto tiene plenos derechos, ¿abarcan esos derechos la facultad de vivir dentro del cuerpo de otra persona y a costa de sus funciones corporales? Wendy McElroy, discípula de Rothbard, plantea exactamente esto: aunque el feto poseyera derechos individuales, nunca podrían conferirle el derecho a vivir dentro y a costa del cuerpo de la mujer, porque eso equivaldría a afirmar que un ser humano puede ser dueño de las funciones corporales de otro. Ninguna interpretación liberal del derecho a la vida ha postulado jamás que ese derecho incluya el uso forzoso del cuerpo ajeno en calidad de soporte vital. Ningún liberal aceptaría que el Estado obligue a una persona a donar un riñón aunque eso salvara una vida. Tampoco aceptaría que el Estado obligue a alguien a permanecer conectado a otra persona por nueve meses para mantenerla viva. Precisamente eso es lo que el argumento embriológico exige cuando se aplica a la mujer embarazada.
El argumento embriológico, llevado a su máxima expresión, no defiende el derecho a la vida del feto: reivindica el derecho del feto a apropiarse del cuerpo de otra persona. Ambas premisas se contradicen, y el liberalismo solo puede respaldar una.
El tercer argumento se ubica en otro registro, y lo desarmaré en dos movimientos, porque mezcla dos cosas distintas que se presentan juntas.
El primero es este: si la responsabilidad individual es parte fundamental de la ética liberal, entonces quien tuvo relaciones sexuales debe hacerse cargo de las consecuencias, entre ellas el embarazo no deseado. El argumento admite cierta flexibilidad: muchos proponentes contemplan causales tales como violación, inviabilidad fetal o riesgo de vida de la madre, porque ahí no habría falla de responsabilidad atribuible a la mujer. En apariencia es razonable. La pregunta es qué se entiende por responsabilidad.
¿Qué pasa cuando un hombre se saca el condón sin consentimiento durante el coito? ¿Qué pasa si el condón se rompe? ¿Qué pasa si la pastilla anticonceptiva falla? ¿Qué pasa si las condiciones materiales de la potencial madre no permiten asegurar una vida humana en formación? ¿No es también responsable abortar en esos casos? Un proponente puede replicar que para eso está la “pastilla del día después”, pero hay farmacias que se niegan a dispensarla, regiones donde no llega, situaciones donde la mujer no se entera del embarazo hasta semanas después. La responsabilidad real, entendida con seriedad, presupone la capacidad de corregir errores. Reducirla a “aceptar las consecuencias sin posibilidad de corrección” constituye un castigo retroactivo que no tiene nada de ética.
Asumir que la única forma legítima de responsabilizarse es a través de una “maternidad” entendida como penitencia es, irónicamente, irresponsable. Convierte un acto que requiere recursos materiales, emocionales y vitales enormes en una sanción moral por haber tenido sexo. Y eso nos lleva al segundo movimiento, el más incómodo: la asimetría.
El hombre, biológicamente, puede embarazar a muchas más mujeres en un período corto del que un embarazo concreto compromete a una mujer. El “aborto” masculino (desentenderse del embarazo, no aparecer, no pagar, no involucrarse) tiene un costo social comparativamente bajo. Grupos como los MRA reivindican explícitamente el derecho del hombre a desentenderse de un embarazo no buscado, mientras que se oponen al derecho de la mujer a hacer lo mismo desde su propio cuerpo. Si el principio rector fuera en efecto la responsabilidad, el castigo social y legal recaería con más fuerza sobre quien tiene más capacidad reproductiva externa, no sobre quien carga el costo corporal directo. La verdadera inversión del castigo revela que no estamos discutiendo responsabilidad: discutimos el control del cuerpo femenino con vocabulario liberal.
Volvamos al punto central. Los tres argumentos antiaborto de base liberal (el lockeano, el embriológico y el de la responsabilidad) comparten una raíz: priorizan la autonomía potencial del feto por encima de la autonomía establecida de la mujer. Y eso, en cualquier marco liberal coherente, es injustificable.
El liberalismo se articula en torno a la noción de autopropiedad. La persona es dueña de sí misma antes que de cualquier otra cosa; de hecho, en la tradición lockeana el derecho de propiedad sobre el mundo exterior se deriva del derecho de propiedad respecto del propio cuerpo y su trabajo. Quitar la autopropiedad como cimiento no solo invalida la posición pro-choice: invalida toda la arquitectura liberal en materia de propiedad.
Tomemos de nuevo a Wendy McElroy. Su defensa del aborto no descansa en consideraciones utilitarias, ni en argumentos relativos a la calidad de vida, ni en pedidos de financiamiento estatal. Se asienta en el principio tradicional del individualismo: el cuerpo de la mujer es de la mujer, y nadie (ni el Estado, ni el padre biológico, ni la sociedad, ni un sujeto de derecho potencial) tiene derecho a ocupar ese territorio sin consentimiento. McElroy rastrea esta tradición hasta el siglo XIX, en figuras del calibre de Angela Heywood, que ya entonces defendía el aborto desde la autopropiedad del cuerpo femenino. No es una postura novedosa ni concesiva: tiene un linaje intelectual previo.
Murray Rothbard, que tampoco puede ser acusado de progresista, llegó a una conclusión análoga desde una arquitectura distinta. En La ética de la libertad sostuvo que el feto, en términos libertarios, debe entenderse como un invasor: un ocupante no consentido del cuerpo de la madre. Su tesis es que el derecho absoluto de la madre a disponer de su propio cuerpo implica el derecho a expulsar a cualquier ocupante no deseado, incluso si ese ocupante es un feto. Sectores conservadores del propio campo libertario lo criticaron con dureza, y existe debate interno sobre los alcances de su posición. El punto que me interesa es otro: el argumento pro-choice no es ajeno a la tradición libertaria, es una de sus expresiones lógicas más rigurosamente desarrolladas, y la formuló uno de los pensadores libertarios más influyentes del siglo XX. Quien afirma que el liberalismo coherente debe ser antiaborto está obligado a explicar por qué se equivocaron Rothbard, McElroy y la tradición individualista decimonónica, y por qué su versión del liberalismo es más fiel al principio de autopropiedad que las de ellos.
Hay un corolario adicional que rara vez se discute. Si el aborto es, en última instancia, un asunto entre privados (la mujer que decide y el profesional médico que provee el servicio), entonces criminalizarlo es también criminalizar un intercambio voluntario entre partes consintientes: el Estado interviniendo en un mercado de servicios médicos para prohibir la transacción.
Esto ubica al liberal antiaborto en una posición extraña. Por un lado defiende el libre mercado y rechaza la intervención estatal en transacciones voluntarias. Por el otro exige que el Estado use su monopolio de la violencia para impedir un tipo específico de procedimiento médico convenido entre adultos. La incoherencia es estructural. No se puede defender simultáneamente la no intervención estatal en el comercio y la injerencia del Estado en el quirófano.
La tensión se agudiza al considerar que las clínicas de salud reproductiva, en un marco genuinamente liberal, serían empresas privadas operando en un mercado abierto, sometidas a las mismas expectativas sanitarias que cualquier otra prestación médica y nada más. La criminalización del aborto no solo reprime a las mujeres: asimismo, asfixia a un sector económico que podría ser legítimo y empuja la práctica hacia la clandestinidad, con sus correspondientes costos sanitarios y económicos. Un liberal consecuente con la promoción del libre mercado debería, por consistencia, defender la legalidad del aborto del mismo modo que la de los demás servicios médicos privados.
Llego al final y al punto que quiero dejar planteado con todas sus letras.
Cuando un liberal o un libertario defiende la criminalización del aborto, defiende (al margen de cómo lo formule) que el aparato coercitivo del Estado expropie el útero de la mujer para destinarlo a la preservación de un sujeto de derecho potencial. Defiende que el cuerpo de una persona se convierta, contra su voluntad, en infraestructura biológica al servicio de un proyecto que la trasciende. Defiende, en términos estrictamente liberales, una violación del principio de autopropiedad más grave que cualquier impuesto, que cualquier expropiación territorial, que cualquier intervención estatal en el mercado.
Eso es comunismo de cuerpos. Y lo es en sentido literal, no metafórico. Tal posición sostiene que el cuerpo individual no le pertenece soberanamente al individuo que lo habita, sino que está afectado por un interés colectivo con prioridad sobre la voluntad de su propietaria: vida, sociedad, futuro, nación. Despojado de su vocabulario humanitario, el argumento es estructuralmente idéntico al que el comunismo histórico hizo sobre la propiedad privada de los medios de producción. Solo que el medio de producción, aquí, es el cuerpo de la mujer.
Quien abraza esa posición desde el liberalismo me impulsa a creer dos cosas a la vez: que el Estado no debe expropiar fábricas porque eso viola la propiedad privada, y que el Estado sí debe expropiar úteros porque eso protege la vida. La masturbación intelectual que permite conciliar ambas premisas no es liberalismo: es otra cosa revestida de vocabulario liberal para encubrir un principio radicalmente opuesto a este.
Una cuestión es tener reparos morales personales frente al aborto, y es del todo legítimo; cada persona puede tener su propia evaluación ética sobre qué haría en una determinada situación. Muy distinto es exigir que el monopolio de la violencia estatal castigue a las mujeres por priorizar su autonomía corporal. Lo primero es una consideración moral privada. Lo segundo es el estatismo aplicado al cuerpo femenino, que resulta incompatible con toda versión coherente del liberalismo, del libertarismo o de filosofía política alguna que tome en serio la idea de que la persona es dueña de sí misma antes que de cualquier otra cosa.
No vine a convencer a nadie: vine a exponer la arquitectura. Quien quiera seguir defendiendo la criminalización del aborto desde una óptica liberal está en su derecho, pero debe saber que, para hacerlo, necesita abandonar el principio de autopropiedad que sostiene todo el edificio. Y sin ese principio ya no habla de liberalismo: habla de otra cosa, y más vale nombrarla con honestidad.
Este relato fue publicado originalmente en El Insubordinado.
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