La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consolidó recientemente un universo de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, documentadas a partir de registros judiciales y fuentes oficiales que abarcan aproximadamente entre 1990 y 2010. La cifra no apareció de la nada ni es el resultado de una intuición política, es el resultado de años de contraste entre bases de datos de la Fiscalía, informes de organizaciones de derechos humanos, decisiones judiciales previas y versiones de comparecientes.
La JEP ha explicado que el número se ajusta conforme se cruzan fuentes y se identifican duplicidades o nuevos casos. En ese sentido, más que un dato estático, es un proceso de esclarecimiento que reconoce la complejidad de documentar lo ocurrido en un conflicto prolongado y fragmentario.
El debate público suele quedarse atrapado en la discusión sobre si el número es mayor o menor, como si el margen pudiera relativizar lo esencial. Incluso si la cifra fuera distinta, el fondo no cambiaría. Cada uno de esos registros corresponde a una vida interrumpida, a una familia que espera la verdad y a una institucionalidad que falló en su deber más básico, proteger a sus ciudadanos.
7.837 es un número que abruma y que, por su escala, corre el riesgo de volverse abstracto. Pero la abstracción es muy riesgosa en sociedades atravesadas por la violencia. Cuando los números reemplazan los rostros, cuando las estadísticas sustituyen las historias, se debilita la capacidad de ver al otro como alguien digno de ser llorado, recordado y defendido.
La Constitución colombiana consagra el derecho a la vida como inviolable. En ese marco, el número no es solo un registro, es también un acto. Nombrar es reconocer, es devolver la condición de sujetos a quienes fueron reducidos a cifras operativas.
La pregunta entonces no es solo cuántos fueron, sino qué tipo de sociedad se construye cuando ciertas vidas son prescindibles. Esa lógica no pertenece únicamente al pasado, deja huellas en la forma en que entendemos la seguridad, la justicia y el valor de cada persona hoy.
Precisamente, la sociedad civil debe asumir su responsabilidad frente a los marcos que decide tolerar o normalizar. Durante años, buena parte del país aceptó sin mayor cuestionamiento las narrativas de eficacia en medio de la guerra. El silencio, la indiferencia o una confianza ciega también configuran el terreno donde estas prácticas se vuelven posibles.
7.837 es una medida incómoda de lo que fuimos capaces de permitir, de ignorar o de no ver a tiempo. Reconocerlo implica asumir que la construcción de una cultura que proteja la vida no depende solo de las instituciones. Exige una decisión colectiva de volver a poner la dignidad humana en el centro, de entender que ninguna causa justifica la pérdida deliberada de una vida y de construir un país donde la memoria no sirva únicamente para recordar el horror, sino también para impedir que vuelva a repetirse.
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