“La falta de compromiso y seriedad con el acuerdo de paz por parte del gobierno nacional, ha creado un ambiente de inconformismo y recelo con quienes —fielmente— se han acobijado; y, los que no, han tomado el camino de la sublevación, (que son pocos)”
El presupuesto destinado para la implementación y verificación del acuerdo de paz tuvo considerables recortes, debido a la crisis económica nacional por el covid-19. El gobierno central ha focalizado otras prioridades dentro del marco de reactivación económica, pero, se le olvidó que hay víctimas del conflicto armado que están a la espera de la reparación integral.
Para hacer un bosquejo de la realidad del asunto, el (PGN) para este año, redujo en un 84% la inversión a los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial, es decir, de $627.000.000 millones de pesos, solo fueron asignados $99.000 millones; según cifras presentadas por el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación en la Comisión Primera de la Cámara. Esta simplificación representa un pequeño esbozo de la desfinanciación por la que atraviesa la implementación del acuerdo de paz, porque, en otros aspectos que acobija, el panorama está igual de crítico y hasta más… “La estabilización de la paz se está yendo cuesta abajo, y el gobierno nacional está dejando pasar esa oportunidad”.
En un primer plano, las precarias condiciones en las que se encuentran, es lo más indignante: les toca compartir entre varias familias la batería sanitaria, no gozan de acueducto y, los demás servicios públicos son inestables. Estas paupérrimas condiciones reflejan el infortunio de los afectados y la decadencia de un acuerdo de paz, que, si bien es cierto, nunca se ilustró como el fin del conflicto armado colombiano, pero sí como un aporte a las víctimas que padecieron la peor cara de esta extinta guerrilla.
No siendo suficiente, la escasa inseguridad que han recibido los exintegrantes de las F.A.R.C y líderes sociales en el país reflejan con gran reciedumbre el abandono estatal a estas comunidades que han decido darle una oportunidad a la paz. En cierta medida, esto se debe a la tardía ejecución de un plan en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, que sea eficaz y que tenga en cuenta una política diferencial. Líderes y lideresas han sido asesinados por oponerse con vehemencia a estas prácticas, ¡Y con total justificación!, está en juego su salud y la preservación del hábitat; tesis respaldada por peritos de las principales universidades del país, que se dedican a estudiar los efectos del uso del glifosato.
Morir por las justas causas se ha vuelto rutina en un Estado que desconoce las principales zonas recónditas golpeadas por el conflicto armado; defender la estabilidad, la paz y la seguridad se transfigura en un antagonismo cuando vemos por los medios de comunicación, noticias sobre masacres. La única certeza en la Colombia paradójica es — el vigoroso tinte macondiano — que ha adquirido con los años…
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